Proceso
Defectos y limitaciones de la Comisión Nacional Anticorrupción
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparencia Internacional México obtuvo una calificación de 3.4 sobre 10; ocupó el lugar 105 entre 176 países (100 entre 183 en 2011), es decir que seguimos reprobados y descendiendo en la posición que ocupamos en el mundo. Por su parte en la lista de naciones evaluadas en América bajamos del lugar 20 al 23. Como podemos observar, la percepción de corrupción en el país aumenta año con año.
Conocemos también que de cada 100 denuncias presentadas en México, sólo entre una y dos terminan en sanción, en tanto que en Japón de cada 100 denuncias que se presentan, 98 concluyen en castigo.
México se ha convertido en un país sin sanción, en una sociedad que no castiga a los infractores de la ley; se ha constituido en una sociedad impune que alcanza altos grados de cinismo. En su tiempo San Agustín afirmaba: “Sin la justicia, los reinos son sociedades de bandoleros”.
Ante el cáncer de la corrupción que corroe hasta lo más profundo las entrañas del país, es urgente tomar medidas. El gobierno entrante preparó un proyecto (iniciativa) para crear la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).
Se han conocido muchas críticas de partidos políticos, legisladores, analistas, investigadores, organizaciones empresariales y académicas y de la sociedad sobre esta iniciativa. Destacan las siguientes:
1. Surgirá con grandes limitaciones, afirma el Consejo Coordinador Empresarial, debido a que:
a) Sólo podrá sancionar a servidores públicos que cometan faltas administrativas.
b) No ejercerá acciones penales, pues cuando detecte actos presuntamente ilícitos constitutivos de delito dará vista al Ministerio Público.
c) El presidente de la República designará a sus cinco miembros, los cuales podrán ser objetados por el Senado si cuenta con las dos terceras partes de los votos, en cuyo caso el mandatario podrá designar a otros.
d) Si existiera un nuevo rechazo del Senado, entonces el presidente decidirá en definitiva el nombramiento de los comisionados.
e) Y no se resuelve el problema de la corrupción si persiste la impunidad, para lo que se requiere que haya sanciones, castigos ejemplares para los servidores públicos que cometan actos indebidos e infrinjan las leyes.
2. La bancada del PRD en el Senado señala por su parte:
a) Si de verdad se quiere entrar al tema de la corrupción, la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto público, la iniciativa del nuevo gobierno no se puede quedar en una institución que lo que busca es “taparle el ojo al macho” (sic).
b) La creación de la CNA sólo puede sancionar a funcionarios que incurran en faltas administrativas.
c) No podrá ejercer acción penal, ya que cuando detecte actos presumiblemente constitutivos de delito tendrá que dar vista al Ministerio Público y coadyuvar en la investigación.
d) En su lugar presentó una iniciativa de creación de una Agencia Nacional de Combate a la Corrupción con las siguientes características:
* Estará integrada por siete fiscales generales aprobados por el Senado por mayoría calificada.
* Contará con un Consejo Consultivo Ciudadano para el seguimiento y evaluación de sus funciones.
* Gozará de autonomía de investigación y persecución de los delitos en la materia, tanto federales como locales. Estos últimos por vía de atracción.
* Podrá ejercer acción penal contra servidores públicos que cometan actos de corrupción; solicitar órdenes de aprehensión; integrar la investigación, búsqueda y presentación de pruebas; solicitar al juez la información necesaria aunque esté protegida, y sancionar a los culpables.
* Y solicitar el auxilio de la fuerza pública y la coadyuvancia del Ministerio Público, así como de los órganos de fiscalización e instituciones de transparencia.
3. Salvador Vega Casillas, exsecretario de la Función Pública y actual senador del PAN, opina lo siguiente:
Con la creación de la CNA se pueden afectar seriamente la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, materias en las que se ha avanzado con la actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Puede suceder que en lugar de avanzar en el combate a la corrupción provoquemos que la fiscalización tenga regresiones importantes y se haga laxa, pues en lugar de atacar la impunidad como la principal causa generadora de corrupción por la falta de castigo a los culpables, ahora los contralores internos o auditores internos, así como los auditores externos, están siendo designados por los propios titulares de dependencias y entidades públicas, lo que hará muy débil la fiscalización en su contenido y consecuencias.
4. Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos expresa la siguiente opinión:
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