Gilberto Balam Pereira
Miles dicen ¡no! a otro gobierno del tricolor
Participantes en la Marcha Nacional contra la Imposición de Enrique Peña Nieto demandaron ayer que el Tribunal Electoral invalide los comicios del pasado primero de julio, debido a que el PRI y su candidato “incurrieron en graves irregularidades”. La movilización estudiantil y ciudadana del DF inició al mediodía en las inmediaciones de la casa presidencial y continuó en el Ángel de la Independencia, en ruta hacia la Plaza de la Constitución.
Se unieron a los integrantes de #YoSoy132, estudiantes rechazados y sindicalistas.
Por tercer fin de semana consecutivo la ciudadanía hizo suyas las calles del DF.
De Los Pinos al Zócalo un río humano desbordó Reforma y otras avenidas.
También se produjeron manifestaciones en 30 ciudades del país y algunas de Europa. Se reportó la detención de 24 jóvenes en Oaxaca y 7 en León.
En la marcha multitudinaria de ayer en Mérida, uno de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Prof. Roger Aguilar, informó que “el juicio de nulidad tiene su base en que se violó el artículo 41 de la Constitución del país, donde se establece que las elecciones deben ser equitativas, libres, secretas, preceptos que no se cumplieron por la compra de votos descarada que llevó a cabo el PRI.
Se rebasó los topes de campaña y se compró miles de votos en las zonas más pobres del país mediante las tarjetas MONEX y las de Soriana; por ello pedimos a la gente que se sume con su firma a esta petición de nulidad”, expresó el profesor.
Indignación y dudas. Desconfianza de la población sobre la resolución de los magistrados del TEPJF. Una solicitud de opinión se hizo a 3 mil personas, cuyos buzones electrónicos se tomaron al azar entre los miembros de El Foro México. Contestaron 2 mil 241: el 85% de los opinadores aseguró que NO SE INVALIDARÁ LAS ELECCIONES.
He aquí algunas opiniones de los entrevistados:
“AMLO insiste en que su movimiento de resistencia es pacífico, pero muchísimos mexicanos apuestan lo contrario y que núcleos de población rebasarán el incólume carácter de pasividad de su movimiento. “Habrá cabronazos a granel”, insiste mucha gente. “Estemos preparados para los aumentos de los precios e impuestos de alimentos y medicinas. Esa va a ser la reforma económica peñanietista, seguir depredando a los votantes. Cuando esto suceda, como siempre, van a empezar a quejarse. Pero este es nuestro México que el pueblo no se decide a cambiar. Somos masoquistas y padecemos el síndrome de Estocolmo” (admiración y amor del cautivo por el secuestrador dominador).
“El IFE y el TEPJF nos cuestan mucho dinero y han demostrado su total ineficacia. Es necesario que desaparezcan y se forme un consejo electoral ciudadano en su lugar”.
“Todo el aparato de ‘justicia’ de este país está conformado –excepciones habrá– por corruptos. No soñemos. El golpe de Estado ya está dado y seremos gobernados por la junta de la ignorancia y la telecracia”.
“En una verdadera democracia lo más justo sería invalidar la elección. La imposición de la imagen de EPN por Televisa desde 2005, los miles de millones que metieron a la campaña, la compra de votos abusando del hambre, la pobreza y la ignorancia de la gente; esas serían razones suficientes para invalidarla; pero las autoridades que van a calificar las elecciones (ya lo hizo el IFE) fueron impuestas por los gobiernos del PAN y el PRI. ¿Qué podemos esperar?”.
“El tribunal electoral no invalidará la elección, sencillamente porque es un instrumento del uno por ciento (oligarquía) que tiene esclavizado al país.
“IFE y TEPJF son la misma gata, nada más que revolcada, pero eso sí, ganan como verdaderos sultanes de Oriente. Ojalá que se les pudra hasta la conciencia, si es que tienen”.
“El TEPJF validará el triunfo del PRI; de eso no cabe la menor duda. Pero algunos ya nos estamos organizando para la protesta, basta ver el pacto de movilización nacional contra Peña Nieto, surgido el pasado fin de semana en Atenco, del cual AMLO se ha demarcado. De todos modos lo culparán de lo que suceda”.
La anulación, posible, dice el investigador John Ackerman en su más reciente libro “Autenticidad y Nulidad”, (UNAM, 2012). Y en el texto demuestra que fueron los partidos políticos, en 2007, los que reformaron la Constitución para proteger sus intereses contra los dictámenes del TEPJF sobre los procesos electorales basados en la “causal abstracta de nulidad”. A pesar de ello, este Tribunal desarrolló una nueva “causal de invalidez por violaciones de principios constitucionales”. Así, en el período de 2000 a 2005 los magistrados electorales anularon los comicios que no se apegaban a los principios constitucionales, aun cuando no se hubiera violado alguna causal de nulidad específica según las leyes secundarias. Este criterio plasmó una histórica tesis de jurisprudencia sobre la “causal abstracta de nulidad” Y da como ejemplo de la anulación de elecciones en Morelia en fecha reciente.
Este principio jurisprudencial impide abdicar de su responsabilidad de tutelar los principios constitucionales tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo.
Por tal razón, es absurdo afirmar que un juez constitucional “solamente puede hacer valer la Constitución cuando una ley secundaria expresamente se lo permita”. El TEPJF siempre tiene la responsabilidad de garantizar que los comicios se ajusten, no solamente a la legalidad sino también a la propia Constitución.
Esta facultad de revisión e interpretación constitucional, ahora opino yo, no puede depender del capricho de jueces ni de legisladores.
Lo que pasa, insisto, es que los partidos políticos y los candidatos normalmente hacen todo lo posible por cubrir cualquier rastro de la ilegalidad en la que continuamente incurren.
El autor, Ackerman, no entra en conflicto con los Magistrados, por lo contrario, les receta una amplia serie de recomendaciones para que cumplan a cabalidad su tarea. Por ejemplo, les dice que no pueden quedarse como espectadores pasivos, sino que “deben hacer un esfuerzo por armar el rompecabezas”.
Por mi parte, opino también, que la población tiene duda de que estos millonetas magistrados interpreten en forma justa y ética las leyes electorales, porque sus elevadísimos sueldos y sus compromisos de transas con la oligarquía y los medios, los tienen comprometidos a inclinarse a favor de Peña Nieto.
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