Julio Pimentel Ramírez
Mientras crecen exponencialmente los indicios, denuncias y pruebas sobre las “irregularidades” del proceso electoral: inequidad, uso de recursos públicos y de origen ilícito para comprar votos, coacción del voto utilizando como medio de presión programas sociales; acuerdos millonarios con televisoras, encuestadores y otros medios de comunicación para sembrar la percepción de irreversible ventaja de un candidato; la cúpula del poder muestra su nerviosismo y desprecio a la ciudadanía y sin importarle el Estado de derecho que dice defender viola sistemáticamente los preceptos legales establecidos y desprecia la demanda de limpieza electoral de millones de mexicanos.
Jaime Cárdenas, asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador, expuso con detalles la triangulación de importantes sumas de dinero de tres empresas (que según datos obtenidos se constituyen de manera irregular, con obreros y empleados como socios fundadores) y una persona física a otras dos empresas “fantasmas” a través de Banca Monex, en operaciones clásicas de “lavado” de dinero.
Recuérdese que este dinero fue entregado, por las empresas “fantasmas”, durante los meses de campaña a operadores electorales del PRI a través de tarjetas. Esto lo acreditó el IFE ante denuncia interpuesta inicialmente por el PAN. Monex aduce que no mantiene operaciones financieras con partidos políticos pero es difícil suponer que no supiera que triangulaba recursos de dudosa procedencia hacia ese instituto político.
Por demás está subrayar la forma en que los tentáculos del crimen organizado, narcotráfico incluido, han contaminado la economía nacional. Según el reconocido investigador Edgardo Buscaglia el 79 por ciento de las ramas económicas del PIB están involucrados en operaciones de lavado de dinero.
Una botón de muestra, sólo uno, es el caso de HSBC, escándalo que estalló en Washington –no podía ser de otra manera, el gobierno de Estados Unidos “administra” a quién y cuándo denunciar y presionar- y en el que México juega un destacado papel. Durante varios años de este siglo cárteles mexicanos lavaron miles de millones de dólares a través de este banco británico-chino sin que nadie, hasta este momento, tomara medidas serias al respecto. Por lo pronto cancelan 20 mil cuentas bancarias en dólares de mexicanos en Islas Caimán, renuncia alto ejecutivo de HSBC y se anuncian en su contra sanciones… administrativas.
En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió el voluminoso expediente del recurso de invalidez electoral interpuesto por el Movimiento Progresista, que incluye por supuesto los documento de defensa del PRI-PVEM, y nombra una comisión integrada por tres magistrados que elaborarán un proyecto de resolución sobre la elección presidencial, que será votado por el pleno del máximo órgano electoral a más tardar el 6 de septiembre.
Mientras esta fase del proceso electoral se lleva a cabo y cuando aún no se establece legalmente que Enrique Peña Nieto es el presidente constitucionalmente electo, el priísta se reúne con Felipe Calderón y, más allá del escueto boletín de prensa oficial, el mensaje es que más allá de críticas del ilegítimo de Los Pinos y de su partido sobre la “billetiza” utilizada por el tricolor para comprar votos, la alianza entre la dirección de ambos partidos está sellada y que harán todo lo que esté a su alcance para consumar la nueva imposición.
El TEPJF se comporta, hasta el momento, como en el 2006. Su presidente, Alejandro Luna Ramos, después de adelantar su posición en contra de la demanda de invalidez se niega a la petición del Movimiento Progresista de que no participe en la votación del pleno. Además asegura que él no cede a las presiones de los ciudadanos descontentos y movilizados, aunque no dice si acepta sugerencias de otros poderes o simplemente comparte intereses.
Ministros del tribunal expresan que ellos no investigarán, que solamente revisarán y evaluarán documentos que le aporten el IFE, la FEPADE y las partes interesadas. Así el TEPJF evade su responsabilidad pues como tribunal debería investigar directamente, según explica Jaime Cárdenas Gracia, y no solamente revisar las pruebas de cargo y descargo que reciba. Además la lógica indica que la Fepade, que depende de la PGR y por ende del Ejecutivo federal, no llevará a cabo una indagación objetiva y profunda de las graves denuncias presentadas, que conforman delitos electorales.
La enorme cantidad de dinero utilizado para la campaña electoral del PRI-PVEM -a la que habría que sumar los recursos invertidos por EPN en su convenio con Televisa desde el 2005-, que supera los 4 mil millones de pesos de por sí significa una distorsión completa de la endeble democracia mexicana, en la que se trafica sin escrúpulo alguno con la miseria y la ignorancia: el principio constitucional de elecciones libres y auténticas es violado sistemáticamente.
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