Asesinando activistas opositores al plan

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Desfiladero

Se perderán vidas inocentes pero valdrá la pena: Calderón

Jaime Avilés

Ya era de noche cuando Pedro Leyva recibió en su casa a uno de sus primos, que por casualidad pasó a saludarlo. Don Pedro era comandante de la policía comunitaria de Xayakala, un pueblo náhuatl, apenas recién formado en 2009, dentro del territorio de Ostula, sobre la costa de Michoacán, muy cerca de Colima y a 10 kilómetros de la playa El Tamarindillo, que pertenece a Vicente Fox, Martha Sahagún y los Bribiesca.

Para agasajar a su pariente, que además era su amigo, don Pedro sacó una botella y se pusieron a platicar. Cuando los tragos le dieron el valor suficiente, el primo pidió ver un rifle que tenía su anfitrión. Este fue a buscarlo y se lo mostró. Quizá le sugirió que lo empuñara para que se diera cuenta de su ligereza. O tal vez el primo usó otro pretexto. Lo cierto es que, no bien lo tuvo en sus manos, cortó cartucho y disparó a quemarropa. Al oír el balazo y los ruidos que hizo mientras caía el cuerpo herido de muerte, la esposa de don Pedro se levantó de la cama y fue a ver. El asesino le dijo: Perdóname prima, pero me advirtieron, o lo matas tú o matamos a tus cuatro hijos. Ponte en mi lugar. ¿Tú qué hubieras hecho?. Y tiró para el monte.

Esto ocurrió en la primera hora del 8 de octubre de este año. Don Pedro tenía, entre otros pendientes, una cita con Javier Sicilia y los exponentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para acudir al diálogo con Felipe Calderón el 14 de octubre. En esa reunión iba también a participar don Nepomuceno Moreno Muñoz, quien luego de denunciar el secuestro de su hijo en Ciudad Obregón, Sonora, en julio de 2010, fue asesinado el lunes de esta semana en el centro de Hermosillo, por gatilleros que le dispararon desde un vehículo en marcha.
 
Don Nepomuceno murió como doña Marisela Escobedo, a quien los cómplices del asesino de su hija la mataron a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua, cuando exigía justicia, sólo algunos meses antes de la carnicería que elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal provocaron en un retén a la entrada de Jalapa, Veracruz, en el paraje El Lencero. Hace un mes, en un programa de Televisa, la hija de una de las víctimas denunció que su padre y varios hombres más, todos ellos trabajadores honrados, fueron ametrallados desde un helicóptero de la corporación que encabeza Genaro García Luna.

En enero de 2007, en un mensaje televisado y transmitido en cadena nacional, Felipe Calderón dijo que su muy personal guerra contra el narcotráfico –que resultó un mero pretexto para militarizar el país, destruir el Estado nacional y entregar el petróleo, el gas y la energía eléctrica a los magnates de Estados Unidos y España que lo incrustaron en Los Pinos, pero también para fortalecer como nunca a los cárteles–, nos iba a salir muy cara. Esta lucha, prometió, costará vidas humanas inocentes, pero vale la pena seguir adelante. Alrededor de 60 mil muertos después, el pueblo de México pregunta: ¿valió la pena?

Pero volvamos al caso de don Pedro Leyva, porque revela que los horrores que años atrás nos documentaron en reportajes, películas y libros la desintegración de Yugoslavia, ahora ya están presentes en Michoacán, donde los habitantes más antiguos de esas tierras –las comunidades mexicas que recibieron cédulas reales en tiempos del primer virreinato (valga la aclaración porque ya estamos en el segundo)– son un estorbo para los cárteles que se diputan la zona –La Familia, Los caballeros templarios, el del Chapo y Los Zetas–, pero también para los inversionistas nacionales y extranjeros –entre éstos, sobre todo, la trasnacional Mettal Steel, de la India, y la italo-argentina Terniun, que andan en pos de los ricos yacimientos de hierro y de oro que hay en esas montañas–, y por supuesto para la feliz pareja ex presidencial que, junto con los hermanos Bribiesca, y consorcios hoteleros españoles pretenden desarrollar un emporio turístico desde El Tamarindillo hasta las playas de Pómaro, Coíre, Ostula y Coahuayana.

El conflicto que provocó la muerte de Pedro Leyva se originó en 1967, cuando una resolución expedida por Gustavo Díaz Ordaz creó erróneamente la comunidad de Ostula sobre una extensión de 28 mil hectáreas, ignorando que la superficie que ésta abarcaba, de acuerdo con sus títulos primordiales, era de 43 mil. Como GDO no daba paso sin huarache, en las 15 mil hectáreas que quedaron fuera de la resolución, su gobierno estableció el ejido La Placita e instaló una población de origen criollo que, faltaba más, se apoderó de las mejores tierras: las que dan al mar, a los bancos de pargos y langostas, y a los fabulosos crepúsculos del Pacífico.

Los indígenas interpusieron todos los recursos legales, habidos y por haber, sin éxito alguno, hasta que una nueva generación, mejor preparada escolar y políticamente, se empezó a organizar a mediados de esta década y en 2008 constituyó una comisión para recuperar La Placita. El primer líder del movimiento, el profesor Diego Ramírez, fue asesinado ese año por los usurpadores de la playa. Ante esto, la gente de Ostula formó una policía comunitaria, inspirada en el ejemplo de la que protege a los pueblos de la Montaña de Guerrero. El motivo que la orilló a tomar tal decisión fue el constante asedio de los cárteles, que actúan en esa franja de 100 kilómetros de longitud, abarrotada de montañas que bajan desde la sierra y llena de lugares ideales para la entrada y salida de sustancias ilícitas.

Pero la policía comunitaria también surgió en respuesta a las amenazas de los colonos de La Placita, mismos que en 2009 debieron huir, cuando los comuneros hicieron valer su superioridad numérica y recuperaron sus tierras y sus playas, y fundaron el pueblo de Xayakala con 200 familias. A partir de ese momento se ha desatado una ola de violencia cuyo saldo actual es de 26 muertos –dos de ellos eran adolescentes, que fueron quemados vivos– y cuatro desaparecidos. Y lo más grave del caso es que el río de sangre puede volver a correr este martes, cuando representantes del gobierno celebren una consulta entre los comuneros, para que digan si aceptarán dinero a cambio de sus tierras, o permanecerán en resistencia.

Detrás de los promotores de la consulta están los Fox, los Bribiesca y los hoteleros del reino de su graciosa majestad don Juan Carlos, así como las empresas mineras, que planean construir un ferroducto, es decir, un tubo para bajar el hierro que se extrae en la sierra de Jalisco hasta Xayakala, donde quieren instalar un puerto de gran calado, para exportar metal a China, situada como quien dice allá enfrente nomás, al otro lado del Pacífico.

Cuando desesperados por la violencia de los cárteles, y de todos los adinerados con intereses en la región, los dirigentes de Ostula fueron a Morelia, a ver al gobernador Leonel Godoy, éste se disculpó, avergonzado y compungido. En la costa no puedo hacer nada, estoy completamente rebasado, les dijo. Así que entonces, por último, solicitaron ayuda a la Marina y después al Ejército. Nada cambió, pero el riesgo de que este martes estalle una nueva cadena de asesinatos persiste, y las autoridades tienen la obligación legal de evitarla. Cosa que no hicieron ayer en Ciudad Juárez, donde Norma Andrade, activista del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recibió cinco impactos de bala. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¿Cuándo llegará la respuesta de La Haya? Para ratificar su denuncia, los 23 mil que la firmaron convocan el próximo sábado a una reunión masiva a las puertas de la PGR. Y usted, ahora que ya se fue Humberto Moreira con una cola de 34 mil millones de pesos, ¿en serio piensa votar por Enrique Peña Nieto?

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