Brotes de insurgencia civil
Integrantes del magisterio disidente destrozaron y quemaron las oficinas de la Contraloría de la Secretaría de Educación estatal y la sede del Congreso local que encabeza el diputado local perredista vinculado con el narco, Bernardo Ortega Jiménez, para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.
En poco menos de dos horas, los manifestantes exhibieron el vacío de autoridad que prevalece en la entidad, donde el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez ha privilegiado asistir a informes de mandatarios estatales y bodas de políticos en lugar de operar para desactivar este conflicto que sintetiza el nivel de ingobernabilidad y violencia en Guerrero.
La sorpresiva acción ocurre a un día de que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) desataron su furia contra la sede estatal del PRI y se enfrentaron con policías estatales en respuesta a los señalamientos que hizo Luis Adrián Ramírez Ortiz, secretario de Organización del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, quien expresó su repudio contra las protestas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y clamó por “el regreso de Gustavo Díaz Ordaz”, expresidente priista responsable de la represión de estudiantes en Tlatelolco en 1968.
Cerca del mediodía, un numeroso contingente de cetegistas partió en marcha desde el zócalo capitalino, donde mantienen un plantón y tomado el edificio del ayuntamiento, y una hora después arribaron a las oficinas de la Contraloría de la SEG, donde irrumpieron de forma violenta, destrozaron el mobiliario, encendieron fuego y se retiraron del lugar.
Enseguida, los inconformes, en su mayoría encapuchados y portando palos, tubos y bombas molotov, se trasladaron a la sede del Congreso, donde estuvieron a punto de retener al diputado local perredista y miembro del grupo del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, Tomás Hernández Palma, quien embistió a los docentes con su camioneta Honda color arena y así puedo escapar a toda velocidad.
En ese momento, empleados del Poder Legislativo desalojaron despavoridos el inmueble, no obstante, se registraron conatos de violencia donde los encapuchados agredieron a mujeres y trabajadores de los medios de comunicación.
También un grupo de policías estatales con equipo antimotín, que se mantenían resguardando el lugar desde hace dos semanas, decidió huir del Congreso para evitar una confrontación con los manifestantes.
Enseguida, los cetegistas arremetieron contra vidrios, muebles, equipo de oficina y quemaron la sala de pleno y al menos cinco autos que estaban en el estacionamiento.
Luego se retiraron del lugar en medio de consignas en contra de los políticos ligados a la delincuencia que son señalados como responsables de la barbarie y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la grave crisis de inseguridad y violencia que prevalece en varias regiones de la entidad.
El mensaje fue directo para diputados locales que autoridades federales han vinculado con el narco, como el presidente del Congreso local, Bernardo Ortega, hermano de los líderes del grupo delictivo denominado Los Ardillos, quienes tienen el control del municipio de Quechultenango y actualmente mantienen una disputa con la pandilla de Los Rojos por el control de otras zonas de la región Centro de la entidad.
El diputado Ortega Jiménez forma parte de la corriente Nueva Izquierda (NI), hegemónica en el PRD nacional y el mismo grupo que protegió políticamente al defenestrado exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, que dirige a nivel estatal el diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez.
Trabajadores del Congreso sofocaron parte del incendio con garrafones de agua potable, debido a que las bombas que abastecen las mangueras contra incendios y los extintores del inmueble simplemente no servían.
Horas después, el área de comunicación social del Poder Legislativo emitió un comunicado donde informó que al menos cinco vehículos de empleados fueron incendiados, así como la biblioteca, el salón de plenos y oficinas administrativas.
También refiere que los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno pidieron a los manifestantes a que se abstengan de incurrir en actos violentos que perjudican a terceros y urgieron a la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades estatales y federales con las víctimas de la brutalidad de políticos vinculados con la delincuencia.
En tanto, el gobernador interino Rogelio Ortega nuevamente estuvo ausente en el contexto de las protestas y decidió monitorear la reacción violenta del magisterio disidente desde la residencia oficial Casa Guerrero, en compañía de algunos legisladores locales.
El área de prensa del gobierno estatal difundió por la noche una foto donde se observa sonrientes a Ortega Martínez y diputados de la Comisión de Gobierno: En la gráfica se destaca que estuvieron analizando la crisis generada por la masacre y desaparición de normalistas hace poco más de un mes en Iguala.
Así, mientras el grueso de la población paralizó sus actividades para observar la transmisión del partido de la selección de México contra Holanda y se entusiasmaba con el triunfo tricolor, en las calles el magisterio disidente incendió la sede de uno de los poderes de la entidad que fue señalado como “narco-políticos”.
Por la mañana un grupo de estudiantes de varias escuelas rurales y de la Normal de Ayotzinapa, la mayoría encapuchados, tomó nuevamente la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol.
Llegaron a bordo de cinco autobuses y se apostaron en ambos sentidos de la caseta de cobro para dar tránsito libre a los automovilistas y solicitarles su cooperación voluntaria para su movimiento.
De forma paralela normalistas y policías comunitarios bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, a la altura de Ayotzinapa.
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