Por Esto
Traición consumada
Julio Pimentel Ramírez
Mientras de manera explicable la opinión pública centra su atención en la manera en la que los humildes familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos por el Estado en deleznables delitos de lesa humanidad, reaccionan con dignidad a la reunión sostenida con el presidente Enrique Peña Nieto subrayando que “la confianza no se pide sino que se gana con hechos”, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consumó la anunciada traición a la Patria al negar la consulta popular sobre la reforma energética, lo que cierra desde el punto de vista de la “legalidad” impuesta por la cúpula dominante del neoliberalismo el asalto a los recursos y bienes de la Nación.
Con justeza, Andrés Manuel López Obrador expresó que los ministros de la SCJN violaron la Constitución y le negaron al pueblo de México su derecho a decidir, a ser consultado, por ahora, sobre el manejo soberano de los recursos energéticos.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente e inconstitucionales las consultas populares propuestas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre la reforma energética, por considerar que ambas están relacionadas con los ingresos y gastos del Estado mexicano, lo cual está vedado expresamente por la Constitución (en realidad por la ley sobre consulta popular aprobada con el voto mayoritario de la alianza del PRI y del PAN).
Con el voto en contra de José Ramón Cossío, el pleno desechó, por separado, ambas propuestas y avaló los proyectos elaborados por Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, respectivamente.
Después de debatir el caso de Morena, los ministros avalaron, prácticamente sin discusión la negativa a la consulta planteada por el PRD, por considerar que ambos casos son similares y que la prohibición expresa en la Constitución es prácticamente la misma.
En sus intervenciones, los ministros de la mayoría sostuvieron que si bien es importante preservar los derechos políticos y humanos, a los que hacen referencia los partidos solicitantes para que se realice la consulta ciudadana, el propio Congreso de la Unión es el que estableció los límites y restricciones para que este ejercicio ciudadano sea posible.
En este punto cabe recordar que las reformas estructurales, entre ellas la energética, impulsadas por el Ejecutivo federal fueron posibles gracias a la alianza del PRIAN y partidos menores como el PVEM y el PANAL pero también a que el Pacto por México, signado por el PRD, generó las condiciones políticas adecuadas para facilitar la imposición de esos “sueños” neoliberales pendientes.
Es más, Olga Sánchez Cordero agregó que los partidos demandantes no hicieron uso de otros mecanismos de control constitucional “que pudieron haber sido ejercidos” para impugnar las restricciones establecidas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, tales como las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias que regulan la consulta popular.
Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar, junto con Sánchez Cordero, fueron los que pusieron más énfasis en señalar que la prohibición expresa para que las consultas populares sean validas sólo en casos que no impliquen ingresos y egresos, y que a la corte le correspondió exclusivamente “acatar y ponderar” la procedencia de las mismas.
Insistieron en que la reforma energética tiene como eje fundamental mejorar los ingresos del Estado, por lo que no cabe duda de que el tema no puede ser motivo de la consulta que pretendían Morena y el PRD.
Cabe hacer un paréntesis y anotar que en los últimos veinte años, los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y lo que va del actual, se captaron recursos de Pemex por 542 mil millones de dólares, enorme suma “dilapidada” pues el país creció a un magro promedio de dos por ciento.
Ahora bien, el ministro presidente Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Arturo Saldívar, Alberto Gelasio Pérez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar votaron en contra de la realización de las consultas populares promovidas por Morena y PRD, en una sesión que no duró más de hora y media.
Sus nombres, al lado de la mayoría de la actual clase política, deberán ser recordados cuando en un futuro, con la llegada de los voraces monopolios petroleros, no solamente serán depredados los recursos naturales de la nación, con su añadido de daño ecológico, sino que los ingresos recabados por el Estado serán menores a los que ahora “exprime” a Pemex. No olvidemos que las transnacionales solamente invierten si se les garantizan altas tasas de ganancias, una de cuyas vías es la exención o limitado pago de impuestos.
Infructuosamente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros de la SCJN “no ser cómplices” del Ejecutivo al impedir la realización de la consulta ciudadana en materia energética “con la argucia de que tiene que ver con los ingresos del gobierno, insinuando que se afectarían las finanzas públicas y el desarrollo del país”.
Ante este “golpe de Estado” consumado por las élites del poder, se hace indispensable continuar la movilización social consciente para que en un futuro no lejano, además de alcanzar verdad y justicia plena en el caso de delitos de lesa humanidad (la masacre del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, los mil 200 desaparecidos durante la llamada “guerra sucia”, las miles de ejecuciones y desapariciones forzadas de los últimos años, entre ellas la de los 43 normalistas de Ayotzinapa, etc.) se puedan revertir las reformas antipopulares impuestas durante los últimos decenios, entre ellas la laboral, educativa y energética.
No hay comentarios:
Publicar un comentario