Alcaldes ejecutados
Ricardo Monreal Avila
Fortino Cortés Sandoval, presidente municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, y el tesorero de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, Gilberto Pérez Escobedo, fueron secuestrados por un grupo armado en plena asamblea de esta agrupación, el pasado 27 de julio; posteriormente fueron ejecutados y sus cuerpos arrojados en la carretera Tepetongo-Huejúcar, en el estado de Jalisco, acompañados de un “narcomensaje”.
Fortino Cortés se convirtió en el alcalde número 24 en ser ejecutado por el crimen organizado en los últimos cinco años, y en el cuarto edil en lo que va del año. Por su parte, Gilberto Pérez Escobedo es parte ya de la genocida cifra que rebasa las 50 mil ejecuciones extrajudiciales de civiles en un país que oficialmente no está en guerra, pero tiene el récord del mayor número de homicidios violentos cometidos por grupos paramilitares. Superando incluso a los estados fallidos de Somalia, Afganistán y el África Subsahariana.
México no es solamente el único país del mundo que sostiene en este momento una guerra por las drogas, ni el único país del planeta donde se registran más muertes civiles en las calles sin haber de por medio una declaratoria oficial de guerra.
Tiene en su haber otro ominoso primer lugar: es el país donde se han ejecutado más autoridades electas en un quinquenio. Del 2007 al 2011, 24 alcaldes en funciones han sido ejecutados. Por filiación política, 15 son del PRI, 4 del PRD, 3 del PAN, uno del PVEM, uno independiente.
Por entidades federativas: 4 de Oaxaca, 4 de Durango, 3 de Michoacán, 3 de Chihuahua, 2 de Nuevo León, 2 en Guerrero, uno en Tamaulipas, uno en San Luis Potosí, uno en Morelos, uno en Coahuila, uno en el Estado de México y uno en Zacatecas. La mitad de estos crímenes se cometieron en el 2010, en pleno Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
De los 24 casos, sólo dos han sido resueltos. En el resto, las autoridades judiciales competentes reportan que las averiguaciones han sido integradas, que las investigaciones se encuentran “muy avanzadas” y que “sólo falta capturar a los responsables”. Una auténtica “cantinfleada” judicial.
Es esta impunidad o falta de justicia, el mayor estímulo para que se sigan cometiendo ataques arteros contra las autoridades y los ciudadanos mismos.
Esta impunidad tiene diversos orígenes, pero uno de ellos es la visión obtusa con la que los juzgadores prejuzgan a las víctimas. “Seguramente estaba metido”, “algo debía”, “andaba en malos pasos”. El prejuicio sustituye al juicio, la narcomanta a la averiguación previa y el narcomensaje a la indagación judicial.
Esta actitud perniciosa de la procuración de justicia se traduce en una doble ejecución de las víctimas. La primera es la ejecución física de las personas; la segunda es el estigma, la defenestración y la sospecha con que las autoridades cubren a las víctimas, con tal de deshacerse del caso y darlo por concluido. Si alguna persona “la debe”, “está metido” o “andaba en malos pasos”, la instancia encargada de enjuiciarla son los tribunales del Estado, no el bando contrario o un grupo o persona particular.
Esta forma de actuar no es procuración de justicia, sino todo lo contrario, denegación de justicia, y es un delito que comete el Estado, no los particulares, ya que es la única instancia facultada para garantizar y proveer seguridad y justicia a las personas, sus bienes y a sus actividades.
Si bajo cualquier circunstancia es importante combatir la impunidad e impartir justicia a las víctimas y a sus familiares, más lo es en el caso de las autoridades ciudadanas. No sólo se ataca a las personas, sino a las instituciones que representan. “Si esto hacen con un alcalde, ¿qué puede esperar la gente de a pie?”, se preguntan de manera legítima los ciudadanos.
La impunidad es expansiva, progresiva y letal. Hoy las víctimas son 24 alcaldes y un candidato a gobernador. Si nos quedamos cruzados de brazos, mañana podrían ser diputados, senadores o gobernadores. Y pasado mañana candidatos presidenciales o presidentes en funciones. De ese tamaño es el desafío y nuestra responsabilidad como legisladores para evitarlo.
La impunidad se alimenta de la indolencia de las autoridades. Pero ambas terminan devorando también a éstas. Retomo la advertencia que hiciera el Pastor luterano alemán, Martin Niemöller (popularizada a su vez por el dramaturgo Bertolt Brecht), acerca de los nazis. “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no denuncié, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.
En este contexto, es importante que ciudadanos y legisladores exijamos a la autoridad el esclarecimiento de estas ejecuciones y el castigo a los responsables. Por lo pronto, con relación a los 24 alcaldes del país asesinados en los últimos años, es importante exigir resultados a las autoridades competentes. Por ejemplo, desde el Congreso de la Unión, solicitar a la Procuraduría General de la República un informe actualizado de la situación que guarda la investigación de los casos no resueltos de autoridades municipales asesinadas en los últimos cinco años; a cargo directamente de ella o en coadyuvancia con las autoridades locales.
En el caso de los cuatro alcaldes ejecutados en el presente año, en los estados de Coahuila, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, solicitar a la PGR la atracción de las investigaciones correspondientes, con base en sus atribuciones para indagar y combatir al crimen organizado.
Por último, para el caso de entidades federativas donde las carreteras se han convertido en tierra de nadie —como Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Zacatecas—, solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal atienda la solicitud de los presidentes municipales de incrementar la presencia de efectivos de la Policía Federal Preventiva en los tramos de carreteras federales por donde circulan a diferentes horas del día grupos de hombres armados, que lo mismo asaltan autotransportes de carga, secuestran pasajeros o montan falsos retenes de inspección.
Hay que exigir resultados a las autoridades, antes de que las próximas víctimas seamos usted y yo.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
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