Proceso:
La urdimbre mafiosa que engendró el PAN
27 de agosto de 2011
Podría decirse que el ataque terrorista al Casino Royale de Monterrey estaba más que anunciado. Voces de la oposición advirtieron que los casinos eran un peligro: junto a ellos, señalaron, se desarrollan estructuras tipo mafioso que explotan la trata de blancas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Una legisladora perredista pidió a la PGR que investigara algunas casas de apuestas regiomontanas, pero la ignoraron. Y Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, afirma que el gobierno federal es responsable de la proliferación de los casinos por “quitar el dique a la prohibición del juego”, con lo que puso en peligro “la seguridad del país”.
El gobierno emanado del PAN legalizó el juego, dejó de supervisar en los estados la operación de los casinos, provocó un crecimiento desbocado de las casas de apuestas –de 122 a 550 en una década– y “se coludió con poderosas organizaciones”, con lo que puso en peligro “la seguridad” del país. Una muestra de ello fue el ataque terrorista perpetrado contra el Casino Royale de Monterrey el jueves 25, con saldo de 52 muertos.
Hace menos de dos meses, en su edición 1810, Proceso dio cuenta de cómo imperan en los casinos de Monterrey la anarquía, los abusos y ciertas actividades ligadas al narcotráfico, como el lavado de dinero. Además, operan centros de apuestas ilegales –que según algunas organizaciones empresariales son poco más del doble de los legales–, las cuales dejan de pagar al Estado por concepto de impuestos al menos 2 mil millones de pesos anuales.
Concesionarios que pidieron el anonimato afirmaron a este semanario: “Vemos con gran preocupación que los establecimientos que operan de manera ilegal son caldo de cultivo para la participación del crimen organizado; existen datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pantallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”.
Igualmente mencionaban la corrupción gubernamental: “Es evidente que detrás de cada uno de los 185 casinos ilegales detectados existe la participación, por acción o por omisión, de funcionarios públicos desleales. Existe la fuerte presunción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado” (Proceso 1810).
El 17 de septiembre de 2004 el entonces presidente Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel y respaldado por el titular de Hacienda del sexenio foxista, Francisco Gil Díaz.
La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de octubre de 2004 por considerar que el reglamento violaba La Ley Federal de Juegos y Sorteos; finalmente los magistrados fallaron a favor del Ejecutivo.
De 1973 a 2000 –bajo gobiernos priistas– el país tenía 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. Al fallar la Corte en pro del gobierno federal en 2005, Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193, se indica en el reporte de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para revisar la entrega de los nuevos permisos y que presidió el legislador federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, a la fecha hay 26 concesionarios autorizados que han instalado en todo el país 550 casas de apuestas, aunque tienen permiso para abrir 840. La asociación no precisa si los que están en funciones son legales o ilegales.
De acuerdo con el estudio de uno de los permisionarios más poderosos –por su número de centros y sus redes políticas y quien pidió el anonimato por temor a represalias– en 2010 había 311 casinos en el país, de los cuales sólo 126 eran legales.
Sin dique, la inseguridad
Uno de los políticos que durante 12 años verificó que no se instalaran juegos de apuestas en el país, primero como director de Gobierno y luego como secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, acusa al gobierno federal panista de “quitar el dique a la prohibición del juego”, generar “la explosión” de casas de juego y poner en peligro “la seguridad del país”.
Recuerda que desde el presidente Lázaro Cárdenas el Estado mexicano consideró la instalación de los casinos un inconveniente para la salud social “porque traen la posibilidad de muchas cosas, como prostitución, trata de blancas, etcétera.
“La explosión y las consecuencias empiezan al abrir en 2005 un reglamento. El gobierno panista rompe, quita el dique que se puso en Gobernación. ¿Y por qué el tema está en Gobernación y no en Turismo? Porque es un tema delicado, por todo lo que implica: narcotráfico, trata de blancas, lavado de dinero, y pone en peligro la seguridad nacional”, sostiene.
–¿Los casinos ponen en peligro la seguridad del país?
–Todo lo que sea promover actividades riesgosas pone en peligro la seguridad. Por eso tienes una política que te dice: “Esto no conviene para la seguridad del país”.
El exgobernador de Puebla sostiene que el gobierno panista legalizó el juego a través de un reglamento que está por encima de la Ley de Juegos y Sorteos. “Fox siempre buscó pasar por encima de las leyes con la creación de reglamentos –como lo hizo con el de energía eléctrica, para permitir la entrada de trasnacionales a la producción de energía y someterse a intereses económicos–.
La actitud de Fox siempre fue ligera en materia legal, como lo es también la de Calderón.
“Se empieza a resquebrajar la línea de defensa de ‘no al juego’ al salto panista de buscar la legalización del juego a través de un reglamento; es un cambio ético, político y económico. Es un cambio, ¡es el gobierno panista!”, acusa.
El exsecretario de Gobernación considera que ante el ataque al Casino Royale, no se puede considerar que el gobierno federal cayó en omisión, y los acusa de “colusión”.
“¡En estos hechos hay colusión, no hay omisión! Porque la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es estar gobernando todo… y todo es todo. Es el instrumento de control del país, el control para la gobernabilidad. La gobernabilidad está en Gobernación, es el pivote. Por eso está ahí el dique de cerrar el paso a los casinos.”
Y amplía: “Si existe un mecanismo para que los presidentes municipales participen en el aval de los casinos, pues Gobernación tiene que intervenir; si los jueces federales están dando amparos, pues tiene que intervenir. Gobernación tiene la obligación de hacerlo permanentemente y no puede considerar por autonomía estatal o municipal que un juez o un presidente municipal dejen pasar la instalación de casinos que no tienen permiso. Eso es falso, la autonomía tiene límites”.
Advertencia ignorada
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