Proceso:
El torpedo 2012
El escándalo penal que envuelve a Héctor Villarreal Hernández y a Jaime René Jiménez Flores, colaboradores de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, tiene ribetes políticos que alcanzan al actual dirigente nacional del PRI. Y aun cuando ya no ocupan cargos públicos, las indagatorias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que hoy sigue la PGR revelan que ambos falsificaron documentación para obtener varios préstamos para el gobierno de ese estado. Por lo menos una de esas peticiones data del 6 de julio de 2010, cuando Moreira aún era gobernador. El torpedo de Los Pinos –una denuncia presentada el 1 de julio pasado, cuyo contenido en detalle se ofrece aquí– tiene el sello 2012.
Un trámite de rutina en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a principios de año, condujo a una trama para avalar con documentación federal falsa un crédito de mil millones de pesos contratado por el gobernador con licencia de Coahuila, Humberto Moreira, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un caso de implicaciones políticas que ya indaga penalmente la Procuraduría General de la República (PGR).
Con licencia de gobernador a partir del 4 de enero de este año, Moreira ya no ostentaba ese cargo cuando, en febrero, se falsificó la documentación, pero sí lo tenía el 16 de diciembre, fecha en que se contrató el crédito con el Banco del Bajío, parte de los 32 mil millones que dejó en su gestión y que lo tienen en medio del escándalo.
De hecho, según información del sector bancario, hay por lo menos otros dos créditos con irregularidades que perfilan, también, denuncias penales ante la PGR: Corresponden a Bancomer y Santander, que prestaron al gobierno de Coahuila 2 mil millones de pesos cada uno y, en el caso del segundo, Moreira estaba al frente del gobierno cuando se cometió el delito.
Proceso obtuvo copia de la denuncia de hechos presentada por la SHCP a la PGR, el vienes 1 de julio –dos días antes de las elecciones en Coahuila–, que involucra en conductas presuntamente delictivas a Héctor Javier Villarreal Hernández, el principal operador financiero de Moreira en el gobierno de Coahuila, y a Jaime René Jiménez Flores, funcionario de la SHCP identificado como priista.
Se trata de la falsificación del “Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios” que deben hacer éstos ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y que se descubrió cuando, el 15 de febrero, la Tesorería de Coahuila pidió a la Tesorería de la Federación depositar 23 millones de pesos mensuales de participaciones federales, equivalente a 3.80% de éstas, para pagar el crédito contratado por Moreira.
Pero el 11 de marzo, día en que se le envió un oficio al titular de la Tesorería de Coahuila para solicitarle el número del registro que otorga la SHCP para los créditos, requisito para transferir los recursos de las participaciones federales, sólo hubo silencio, “sin que a la fecha en que se hicieron del conocimiento los hechos a la Procuraduría Fiscal de la Federación, el gobierno del estado de Coahuila haya dado respuesta”.
Según la denuncia que investiga la PGR, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, los documentos apócrifos indican que el gobierno de Coahuila ostentó registros que en realidad corresponden al gobierno estatal de Zacatecas y al municipal de Jiutepec, Morelos.
Esta adulteración de documentos oficiales de la SHCP es semejante a la falsificación de decretos del Congreso de Coahuila para contraer también deuda pública para el gobierno de Moreira, según fue denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN) el 28 de junio, que se investiga en el ámbito local.
De acuerdo con las pruebas presentadas por funcionarios del gobierno panista, presuntamente se falsificaron dos decretos del Diario Oficial de Coahuila para justificar la autorización del Congreso para la contratación de deuda, pero los originales se referían al relevo en una regiduría y a la designación del contralor interno del instituto electoral.
En el caso de la falsificación de documentos de la SHCP, la trama se fue develando con mayor claridad luego de que el Banco del Bajío proporcionó los datos del crédito contratado por Moreira, quien el jueves 25 se pronunció por una investigación, luego de que el titular de la SHCP, Ernesto Cordero, reveló ese día la denuncia.
Aunque Moreira aseguró, en la entrevista con la locutora Adela Micha, que él ya no era gobernador cuando ocurrieron los hechos que se investigan, él es el responsable de contratar el crédito mediante el decreto que emitió el 6 de julio de 2010 y se publicó en el Diario Oficial de Coahuila el 12 de ese mes y año.
El contubernio
A finales de marzo, Rafael Romo Aguiñaga, quien dijo ser director jurídico de Negocios de la Dirección de Riesgos del Banco del Bajío, S.A., solicitó vía telefónica a Raúl Sergio González Treviño, director general adjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, información sobre la petición del gobierno de Coahuila para el depósito del dinero y que se frustró por el silencio de las propias autoridades estatales.
Los funcionarios de esa dependencia hurgaron en los archivos, pero no encontraron ningún expediente sobre el caso, por lo que González Treviño pidió al directivo datos más específicos. El 4 de abril le envió, vía correo electrónico, un documento escaneado que fue clave.
Era un escrito sin número fechado el 14 de marzo de 2011 y firmado por Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y con supuesto sello de recibido el 16 de marzo de 2011 de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, mediante el cual el gobierno estatal instruía a la SHCP a “dar trámite a efecto de que a partir de esta fecha la Tesorería de la Federación entregue los montos que corresponden al 3.80% de los ingresos derivados de las participaciones…”.
Con esos datos, una vez más se procedió a buscar en los archivos de la SHCP, “y no se detectó evidencia documental del ingreso del oficio mencionado”, tal como quedó asentado en el acta anexada a la denuncia que investiga la PGR.
Dos días después, el 6 de abril, a solicitud de González Treviño, Romo Aguiñaga remitió copia del contrato del crédito otorgado a Coahuila, en el que aparece el supuesto registro de la deuda ante la SHCP, junto a una firma presuntamente del director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, y entonces emergió la falsedad:
Al analizar el oficio número 351-A-PFV -4096 por el cual supuestamente se registró la deuda fechado el 14 de febrero de 2011, con número de registro 044/2011, aparentemente firmado por el director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, se hacen las siguientes precisiones, a fin de evidenciar la irregularidad detectada:
a.- En la copia del oficio del supuesto registro del gobierno de Coahuila, proporcionada por el Banco del Bajío, (se) señala que le corresponde el número 044/2011, sin embargo, en los registros de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas ese número de registro corresponde al estado de Zacatecas.
b.- En la copia del supuesto oficio del registro del gobierno de Coahuila, proporcionado por el Banco del Bajío, tiene como número de oficio 351-A-PFV-4-096. Al respecto, la numeración de los oficios firmados por el funcionario público Jaime René Jiménez Flores sigue la siguiente numeración 351-A-PFV-2, es decir, en lugar del número 4 se utiliza 2 en el penúltimo código; asimismo, el oficio que se tiene registrado como 096/351-A-PFV-2-096, que aparentemente correspondería a un registro del gobierno de Coahuila, en realidad pertenece a una cancelación de garantía de crédito del gobierno de Jiutepec, Morelos.
c.- En la copia del supuesto oficio de registro del gobierno de Coahuila no obra la leyenda “2011, Año del turismo en México”, vigente para los documentos oficiales del gobierno federal.
d.- El servidor público que supuestamente suscribe el citado documento, el C. Jaime René Jiménez Flores, afirma haberse encontrado de incapacidad médica en la fecha de la suscripción, además señala que dicho expediente no existe en los archivos de la dirección a su cargo.
Yo no fui
sigue leyendo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario