¡¡Exijamos lo Imposible!!Asociaciones público privadas
Arnaldo Córdova
Entre 1917 y 1960 se fue estableciendo, mediante diferentes reformas al artículo 27 de la Carta Magna, un sistema cada vez más acabado de división del trabajo entre los sectores público y privado (incluido para ese solo efecto el social) de la economía, por el cual ciertos rubros quedaron reservados a la nación (petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos, electricidad, incluida la energía nuclear, y otras que las leyes iban a señalar) y el resto se dejó a la iniciativa privada (y a la acción de los entes colectivos titulares de la propiedad social). La razón de reservar esos rubros a la nación fue su utilización por parte del Estado para beneficio general y el evitar que los recursos materia de esas explotaciones fueran presa de la depredación privada.
El esquema constitucional funcionó. Con muchas imperfecciones y abundancia de pillajes, latrocinios y corruptelas, pero funcionó hasta los años setenta del siglo pasado. Siempre hubo la percepción en ese mismo esquema constitucional de desarrollo económico que si se dejaba asociar a entidades privadas a las empresas paraestatales encargadas de la explotación de los recursos nacionales, el resultado no podría ser otro que la depredación de tales recursos y la quiebra del mismo esquema constitucional. Que el Estado, como representante de la nación y a través de sus entidades paraestatales, se encargara exclusivamente de la gestión de aquellos recursos tenía un objetivo conservacionista y protector del patrimonio nacional. Asociarse con privados para ese propósito era negar los mismos fines que quedaban inscritos en la Constitución.
En la época de Alemán (1946-1952) hubo un intento, por fortuna fallido, de instaurar esa dañina asociación, mediante la creación de lo que se llamó contratos de riesgo, que permitían a los privados participar en las explotaciones petroleras. Las fuerzas progresistas pararon el golpe y no volvieron a darse intentos por dejar entrometerse a los privados en las explotaciones nacionales. Eso marchó hasta la época de López Portillo, cuando, aprovechando el auge petrolero se permitió que las entidades privadas realizaran trabajos para Pemex bajo la mascarada de simples servicios. Y las puertas siguieron abriéndose en adelante.
Desde De la Madrid los presidentes han intentado de mil maneras asociar a los privados, cada vez más prósperos y potentes, a las empresas nacionales, alegando siempre la falta de capital y, en no pocas ocasiones, la carencia de tecnología adecuada. Hasta los tiempos de Salinas había numerosas empresas que el Estado administraba y cuya función no era la de explotar los recursos naturales. Todas esas empresas fueron vendidas a los privados. Pero siempre se tuvo en la mira el objetivo de asociar a los monopolios privados para que hicieran su agosto. De cualquier forma lo que en los años cincuenta se llamó “contratismo” proliferó de muchísimos modos y siempre fue un modo de entregar el aprovechamiento de los recursos naturales a los privados.
En todo ese trayecto, nunca se pensó hasta ahora, que la empresa privada pudiera asociarse al Estado en todo lo que tiene que ver con el gasto en obra pública, vale decir, la infraestructura que es base del funcionamiento de la administración pública federal y su servicio a la sociedad, incluidos carreteras, escuelas, hospitales, cárceles ni, mucho menos, se pensó en asociar a los privados en la obra de infraestructura en electricidad. Fue Calderón quien envió una iniciativa de ley al Senado sobre Asociaciones Público Privadas el 4 de noviembre del 2009 en la que propone todo eso. El viejo contratismo asociado a las paraestatales ahora se vuelve contratismo para toda la administración pública federal. El argumento es siempre el mismo: amasar una mayor cantidad de recursos, porque el Estado carece de ellos. El argumento es falaz a más no poder.
sigue la nota:
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/31/index.php?section=opinion&article=017a2pol
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