Javier Lozasno engañó a mineros

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Conceden amparo a mineros de Cananea; retoman control de la mina
Arturo Rodríguez García

CANANEA, Son., 12 de agosto (apro).- Cientos de trabajadores integrantes de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (STMMSRM), retomaron hoy el control de las instalaciones de Mexicana de Cananea, ocupadas desde el 6 de junio por la Policía Federal (PF).

Luego de que el juez noveno de Distrito, con sede en Agua Prieta, Sonora, resolviera una suspensión provisional favorable a los trabajadores, la noche del pasado miércoles 11, los mineros encabezados por el presidente del Comité de Huelga, Jesús Verdugo, ingresaron al filón alrededor del mediodía de hoy.

Aunque en las instalaciones continúan asentados algunos policías federales, el ingreso de los trabajadores huelguistas se dio sin contratiempos.

La huelga en Mexicana de Cananea, compañía propiedad de Grupo México, que encabeza Germán Larrea, inició el 30 de julio de 2007; en ese lapso, se han dictado diferentes resoluciones de la autoridad laboral para declararla inexistente, pero el movimiento ha persistido a base de amparos.

El pasado 9 de febrero, un juez federal confirmó una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que dio por terminadas las relaciones sindicato empresa, debido a que, justificó, los daños causados a la mina hacían imposible su operación.

Sobre el particular, la revista Proceso publicó en febrero pasado que, precisamente los daños alegados por Grupo México, eran los mismos que los trabajadores habían descrito como deficiencias estructurales para irse a la huelga y que, entre otros aspectos, se sustentó en la inseguridad de las instalaciones.

La agencia Apro publicó el pasado 10 de junio, un reportaje en que dio a conocer que la incursión de las fuerzas federales y estatales al viejo fundo minero fue con el pretexto ministerial --y no judicial--, de realizar una cuantificación de daños, y no por una orden de desalojo dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En el plano declarativo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que siempre refirieron un supuesto desalojo, anunciaron obras de mejora en la ciudad y un programa de infraestructura.

No obstante, en el plano legal, Apro documentó que la orden no era de desalojo, sino la pretendida diligencia de cuantificación de daños, que finalmente se confirmó anoche con la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Noveno de Distrito de Agua Prieta.

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