Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Matan policías a dos estudiantes
Responsabilizan a Angel Aguirre
CNDH e IGDH condenan crímenes
Obama admite culpa en narcotráfico
Peña Nieto no tiene “ideales”: AMLO
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.- Mahatma Gandhi
La represión y asesinato de dos estudiantes, así como lesiones a por lo menos otras dos docenas de alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y la detención de 24 más., fue la respuesta criminal del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a las demandas de reestructuración de la plantilla administrativa de esa institución. El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos pidió castigo por estos crímenes ejecutados por policías federales y estatales durante un bloque en la Autopista del Sol, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio por la muerte de los dos estudiantes.
La exigencia del grupo de estudiantes que bloquearon a partir de las 11:30 horas la Autopista del Sol, a la altura del Hotel Parador del Marqués, donde confluye con la carretera federal México-Acapulco, era simplemente que Aguirre Rivero los recibiera en audiencia, pero por quienes fueron recibidos fue por policías ministeriales a balazos y gases lacrimógenos, quienes llegaron al lugar media hora después. El ataque inició cuando jóvenes normalistas se encontraban ordeñando una de las bombas de gasolina para abastecer los autobuses en los que se trasladan cuando los uniformados —entre los que se encontraba un individuo vestido de civil, con playera a rayas verdes y blancas, el cual portaba un arma larga que disparó contra los jóvenes— agredieron a los jóvenes a balazos.
De acuerdo con testigos, tras iniciado el ataque, los jóvenes lanzaron bombas molotov contra la gasolinera, lo que provocó que ésta se incendiara, y emprendieron la huída, durante la cual fueron alcanzados Jorge Alexis Herrera Pino, vecino del municipio de Atoyac de Álvarez, así como Gabriel Echeverría de Jesús, del municipio de Pixtla, y cuyos cuerpos quedaron tendidos en la carretera. Los policías dispararon contra los manifestantes con armas de asalto AK-47, conocidas como “cuernos de chivo”. Además se reportan alrededor de dos docenas de heridos, entre ellos un jefe militar de apellido Arreola, quien fue alcanzado por una piedra arrojada por los estudiantes.
En la Autopista del Sol también se encontraron granadas sin activar tiradas en el piso, según los reportes periodísticos. El tráfico se interrumpió durante algunas horas en ambos sentidos de las dos vías, el cual se restableció después de las 14:30 horas. Personal de Protección Civil y Bomberos que acudieron al lugar lograron controlar el incendio en la gasolinera.
El gobierno estatal, a cargo de Ángel Aguirre Rivero, negó que el enfrentamiento haya sido una respuesta de represión de la administración local contra el movimiento que realizaban los estudiantes desde varios días atrás. A través de un boletín de prensa, indicó que “como gobierno democrático nuestra vocación no es la represión, sino el respeto de los derechos de todos”. Según el gobierno estatal, “no existían las condiciones para que los estudiantes salieran a las calles a movilizarse”.
Horas más tarde, el procurador general de Justicia del Estado, Alberto López Rosas, aseguró que los cuerpos de los dos estudiantes presentaban impactos de armas de fuego AK-47, calibre que, dijo, no corresponde al permitido que manejen las corporaciones policíacas de los estados y municipios. El funcionario aseguró que entre los 24 detenidos se encuentra uno de nombre Gerardo “N”, de 19 años, originario de Acapulco, a quien se le aseguró un arma de alto poder y diversas municiones. López Rojas dejo ver la posibilidad de que en este enfrentamiento se hayan involucrado grupos civiles ajenos al gobierno del Estado y a los normalistas, “con la intención de generar inestabilidad” en el estado.
En tanto, la Secretaría de Gobernación federal dijo, a través de un comunicado, que estará en coordinación con el gobierno guerrerense para que se deslinden responsabilidades y se lleve a la justicia al responsable de los homicidios.
Por el violento desalojo del bloqueo en la Autopista del Sol y la agresión a balazos contra los normalistas, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos pidió castigo. Manuel Olivares, coordinador de ese instituto, responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien desde hace varios días se había negado a recibir en audiencia a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y exigió que se le investigue. A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio por la muerte de los dos estudiantes. Personal de la CNDH se puso en contacto con familiares de las víctimas con el fin de ofrecerles “atención victimológica”.
La oficina de Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, reportó que estarán “atentos a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivos deben quedar impunes” .
DROGAS Y MIGRANTES
Dos temas fundamentales, en la relación de México con Estados Unidos, fueron abordados hoy por la administración de Barack Obama. El primero se refiere a la responsabilidad del pueblo estadounidense y su creciente demanda de drogas en la producción y tráfico de estupefacientes desde países de América Latina, donde los efectos que está dejando la llamada “guerra” internacional contra los cárteles de la droga en la región son cada vez más agudos.
Tan sólo en México, durante el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, realizado el fin de semana en Querétaro, el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, destacó que en total se han cometido 67 mil 700 asesinatos en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico que emprendió la administración de Felipe Calderón. Cabe destacar que en ese congreso, los participantes firmaron un manifiesto de 14 puntos, entre los cuales se encuentra uno en el que se suman a la denuncia de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Felipe Calderón por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para demandar el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país, porque violan las garantías elementales de los ciudadanos.
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