Impunidad presidencial
Miguel Badillo
“Peor que un crimen, es la estupidez política”
Fouché
Históricamente los presidentes mexicanos han abusado del poder y
traficado con la influencia e impunidad que les da la banda
presidencial. El presidente de la República sólo puede ser juzgado en
México por traición a la patria, delito difícil de tipificar, aunque en
los últimos años algunos mandatarios se han esforzado en acabar con el
país y entregarlo a los intereses de Estados Unidos.
Para ejemplificar esa impunidad presidencial y los abusos desde el
poder, hay muchos casos que pueden comentarse. Cito hoy algunos de los
últimos cuatro presidentes, dos del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y dos del Partido Acción Nacional (PAN).
En el gobierno del priísta Carlos Salinas de Gortari,
investigaciones periodísticas así lo publicaron: el exmandatario se
aprovechó del poder y dispuso de miles de millones de pesos a través de
una partida secreta de dinero público. Con ésta enriqueció a familiares y
amigos, a quienes les transfirió a cuentas bancarias privadas fondos
del erario.
Obviamente, durante la gestión de Salinas (1988-1994) ningún órgano
de control del gobierno se atrevió a investigar y mucho menos a
procesarlo por dicho desvío de recursos públicos. Fue hasta el gobierno
de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando se abrió un expediente penal en
la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exmandatario
por el delito de peculado, al desviar fondos públicos a cuentas
bancarias personales de parientes, subalternos, socios y amigos.
Ni siquiera con un gobierno distinto al de Salinas (con quien
Zedillo rompió cuando asumió la Presidencia), el Ministerio Público
federal logró que un juez lo declarara culpable, pese a las pruebas de
estados financieros y cuentas bancarias presentadas por la Unidad
Especializada contra el Lavado de Dinero de la PGR, y ese grave delito
quedó impune. Cómo no recordar también las andanzas de su hermano Raúl
Salinas y todas las fechorías que hizo bajo el manto presidencial, que
le permitió enriquecerse brutalmente con negocios desde el poder.
El segundo caso es el del priísta Zedillo, quien usó el poder
presidencial (1994-2000) para que su familia –hermanos principalmente–
obtuvieran condonaciones fiscales, evadieran al fisco y tuvieran un
trato privilegiado sobre el resto de millones de mexicanos. También,
hicieron negocios con la venia del poder de Los Pinos. Documentos
publicados en esta columna confirman la impunidad de esa familia para
evadir la acción de la justicia.
Ante la corrupción priísta e impunidad presidencial, vino el cambio
de partido político en el poder y el PAN, por conducto de Vicente Fox,
ganó las elecciones presidenciales (2000-2006). Entonces conocimos la
otra cara de la oposición de derecha: abuso, tráfico de influencias, negocios sucios, corrupción y más impunidad. Más de lo mismo que el PRI nos recetó durante muchos sexenios, sólo que con mayor inteligencia y audacia.
Los panistas y toda la población padecieron a la “familia
presidencial” foxista. Lo más visible fue los escándalos de su familia
política, como los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Fox, hacían
negocios con empresas privadas petroleras para que Petróleos Mexicanos
(Pemex) les otorgara millonarios contratos públicos a cambio de jugosas
comisiones. Eso lo declaró a este espacio el propio Manuel Bribiesca, y
así se publicó en su momento.
Nuevamente corrupción e impunidad se imponían a los intereses de la nación. Nadie pudo impedir esos negocios sucios,
ni aún con la creación de comisiones especiales conformadas en el
Congreso de la Unión, como tampoco su órgano interno de control, la
Auditoría Superior de la Federación. El poder presidencial se impuso a
los otros poderes y la familia Fox quedó a salvo de la justicia.
El cuarto caso corresponde al panista Felipe Calderón y cómo
protegió y avaló los negocios que su amigo Juan Camilo Mouriño hizo con
Pemex al amparo del poder público.
Con el propósito de hacer algo en contra de esa impunidad
presidencial, en los últimos días se desató una discusión sobre la
imposibilidad de juzgar en México al presidente de la República, y las
razones que llevaron a miles de mexicanos a firmar una denuncia en su
contra y presentarla ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el
delito de lesa humanidad. El antecedente son los 60 mil mexicanos
asesinados y desaparecidos por motivos de la “guerra” promovida por el
gobierno para “combatir” al crimen organizado, en donde miles de niños,
mujeres, ancianos, hombres, defensores de derechos humanos y periodistas
inocentes han perdido la vida.
Aunque sabemos que difícilmente ese órgano de justicia
internacional procederá contra el presidente, la acusación quedará ante
el mundo como una protesta de impotencia de muchos ciudadanos que ven en
México una ausencia de justicia, abuso de autoridad y una impunidad que
cada día aumenta.
Seguramente Calderón no llegará a juicio ante dicha Corte, aún
después de que haya concluido su mandato. Sin embargo, hay otros juicios
que el mandatario no podrá eludir y que, al igual o peor que sus
antecesores, deberá enfrentar.
Se trata del juicio público y el de la historia. En el primero
parte de la sociedad ya lo ha juzgado y lo encuentra culpable de
autoritarismo, impunidad, abuso de poder y los crímenes de miles de
compatriotas que perdieron la vida en una lucha que ellos nada tenían
que ver. Para conocer el fallo del segundo juicio habrá que esperar,
pues sin duda que la historia le tiene un lugar reservado y una
sentencia que enfrentará por más lejos que se refugie o por más oculto
que se encuentre.
*Periodista
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