¡¡Exijamos lo Imposible!!
“¡Justicia!”, exigen normalistas Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Lujambio rechaza sus demandas
AA pretende deslinde de muertes
Calderón recurre al patrioterismo
“No más sangre”: reclama Conago
Avala Congreso un “atraco al país”
Alerta JSZ sobre Ley de Seguridad
”La Patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie”.- José Martí
Mientras el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, intenta evitar su caída tras el asesinato de dos estudiantes normalistas en la Autopista del Sol y Felipe Calderón recurre al patrioterismo para justificar una vez más su fallida “guerra al narco”, además de permitir a colaboradores cercanos pretender obtener fuero federal al buscar candidaturas del PAN al Senado, el Congreso de la Unión avaló la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas para acelerar la privatización de obras y servicios públicos del Gobierno Federal, norma con la cual, según denunciaron legisladores de oposición, “se legaliza y oficializa la corrupción” y se concreta “un atraco al país”.
Con la exigencia de que sea esclarecido el homicidio de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino (quien fue sepultado en el cementerio de la comunidad de la “Y Griega”, en Atoyac de Álvarez) y Gabriel Echeverría de Jesús, y de que se deslinden responsabilidades en torno a la acusación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de que los jóvenes iban armados el día de la agresión policíaca, sus compañeros tomaron el miércoles las instalaciones de por lo menos tres estaciones de radio en Chilpancingo (Grupo Capital Máxima, ABC Radio y Radiorama). Asimismo, apoyados por estudiantes de normales rurales de otras entidades, continuaron sus acciones de protesta, entre las que incluyeron el secuestro de por lo menos ocho autobuses.
Advirtieron que las movilizaciones seguirán de manera permanente, hasta lograr que se haga justicia en torno a los estudiantes caídos, además que se dé solución a su pliego petitorio, en el que destaca la permanencia de la licenciatura en Educación Primaria, el ingreso de jóvenes con promedio de siete, así como mejores condiciones de las instalaciones de la Escuela Normal. Casi de forma inmediata recibieron la respuesta negativa de las autoridades federales, quienes exhibieron una vez más la cerrazón de la administración calderonista. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, en un intento por defender la gestión de Felipe Calderón, aprovechó el foro de la inauguración del Consejo Nacional de Autoridades Educativas para rechazar los métodos utilizados por los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para protestar. Tras lamentar la muerte de los dos estudiantes, dijo que los normalistas no pueden bloquear carreteras y elevar su nivel de demandas después de que éstas ya fueron atendidas por el gobierno de Guerrero. Lujambio advirtió que no se va a permitir que se reduzca el mínimo de calificación para quienes aspiran a ingresar a esos planteles ni otorgar de forma automática plazas a los egresados.
También en la Ciudad de México, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardain, exigió no dejar impune el asesinato de esos dos estudiantes y sostuvo que el caso no se resolverá con la destitución de dos o tres funcionarios. Durante una entrevista en la Cámara de Diputados, exigió una investigación a fondo y que se cumpla la ley, “porque el gran problema de nuestro país es la impunidad”. El escritor y activista sostuvo que la violencia contra los jóvenes no abona a la paz, porque “ante la respuesta violenta a cualquier cosa, el único que pierde es el país”. Consideró que los hechos registrados el lunes pasado, en la Autopista del Sol México-Acapulco, reflejan la falta de coordinación e inoperancia entre los aparatos policíacos de seguridad y subrayó que “en la práctica, no hay resultados de la capacitación o coordinación que se está procurando entre los distintos cuerpos de seguridad en nuestro país”.
Sicilia Zardain, quien fue seleccionado por la revista “Time” como una de sus personas del año, donde la figura de “el manifestante” es el tema central, advirtió en el Palacio de San Lázaro que cualquier diputado que levante la mano para pedir que se discuta este jueves la Ley de Seguridad Nacional, o que la apruebe, “será señalado, desde nuestra posición, como un criminal”. En el foro “Participación y Seguridad Ciudadana”, el activista pidió a los legisladores aprobar cuanto antes una ley de víctimas y garantizar su cumplimiento, “dadas las condiciones de emergencia nacional”. El poeta volvió a exigir la creación de una “Comisión de la Verdad” que investigue qué delitos corresponden a los criminales y cuáles al Estado porque sin ella no se llegará a la paz ni a la reconciliación en México.
AGUIRRE INSISTE EN DESLINDARSE
El gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero salió ante las cámaras de televisión para asegurar que él no ordenó disparar a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que protestaron a las afueras de Chilpancingo, aunque admitió que durante la balacera hubo la “participación” de armas de elementos de la Policía Investigadora Ministerial y la Policía Preventiva del Estado. En una conferencia de prensa, reconoció que elementos de las corporaciones policíacas estatales desacataron las órdenes y los protocolos, al acudir armados a una manifestación social, a pesar de tener la orden expresa de su gobierno de no llegar a estos eventos con armas.
Dijo que las investigaciones respecto a la participación de autoridades estatales para dispersar el bloqueo de los estudiantes comienza a partir de quien haya ordenado la presencia de policías ministeriales, deslindándose de esa orden. El mandatario guerrerense dejó entrever que pudiera haber autores intelectuales de estos hechos y subrayó que “si hubo francotiradores, que se les someta a las autoridades”. No obstante, evitó precisar la fuente de lo que él llama ataques a su administración y que, dijo, tienen como propósito golpear a su gobierno.
En tanto se mantiene la disputa con las autoridades federales sobre si fueron elementos de la Policía Federal, la Estatal o la Ministerial, los responsables de la agresión con arma de fuego que cobró la vida de dos jóvenes, el gobernador dijo que serán las investigaciones las que los determinen. La investigación para esclarecer las causas por las que dos estudiantes de esa institución educativa perdieron la vida fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, conforme a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, que atrajo la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011, para la indagación de los hechos del pasado 12 de diciembre.
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