Fin de sexenio
Carmen Aristegui
La complejidad de la problemática
nacional ha generado fenómenos contradictorios y a cual más
interesantes. El primero, procedente de la clase política, que intenta
adelgazar el discurso, endulzarlo y, por momentos, infantilizarlo.
Andrés
Manuel López Obrador, rodeado ahora de algunos empresarios que antes lo
detestaban y combatían, ha comprado la idea de que debe cambiar su
discurso para poder competir en la contienda presidencial. Los negativos
de su imagen lo han llevado a simplificar y a trasmutar un discurso de
confrontación y crítica ácida a un tono conciliador, casi pastoral y,
por momentos, cursi, como la propuesta de construir una “República del
Amor”. Seguramente el cambio le traerá réditos electorales, pero
reducirá el espectro del ejercicio crítico, tan necesario en el debate
nacional.
Las campañas electorales, ya se sabe, buscan posicionar
candidatos con frases cortas, efectistas, que toquen alguna fibra
sensible del electorado, pero no por ello debemos aceptarlas como
sustituto de los debates. “No voten por el guapo”, dice Ernesto Cordero,
como si fuera casi una elaboración ideológica, en clara alusión al
candidato único tricolor.
Peña Nieto, por su parte, carga con un compendio de frases hechas y lugares comunes que suenan a viejo PRI.
En
el extremo de la reducción discursiva está el Gobierno federal. Ha
lanzado una campaña de comunicación basada, no en una rendición de
cuentas, en una exposición de motivos o, por lo menos, en una frase bien
hecha, sino en la manifestación más básica que se les ocurrió: un
silbidito.
Un silbidito con el que se pretende dejar en la mente
una imagen suave, amable y contagiosa. “Tu buena vibra se contagia”,
dice el eslogan oficial.
Tranquilos todos. Aquí no pasa nada. Calma y sílbense una tonada. El lenguaje oficial reducido, hoy, a su mínima expresión.
A
contrapelo de estos intentos de la comunicación social, se da otro
fenómeno que corre a cargo de la sociedad: el paso adelante. Veintitrés
mil firmas suscribieron, al momento de ser presentado en La Haya, el
documento redactado por el joven abogado Netzaí Sandoval, cuyo propósito
es llamar la atención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis
Moreno Ocampo, para que analice la actual situación en México.
No
es estrictamente una demanda, sino la solicitud de que esta Corte
analice –con 470 casos expuestos como referencias– los crímenes que han
sido cometidos en nuestro país, que han quedado impunes y en los que han
participado tanto autoridades como criminales. Los saldos espeluznantes
están a la vista: los 50 mil muertos en lo que va del sexenio, miles de
desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros, etcétera.
Independientemente
de las valoraciones jurídicas que se puedan tener sobre el contenido
del documento y la viabilidad de que ha Corte Penal lo analice y lo
traduzca en eventuales causas penales, a esas miles de personas les
asiste, por supuesto, el derecho a recurrir ante cuanto tribunal
nacional o internacional les parezca para promover acciones que permitan
que la barbarie, que hemos vivido en estos años, sea procesada por las
instancias de justicia existentes.
La respuesta presidencial fue
intolerante, torpe y preocupante. Amenazar con acciones legales a
quienes acuden a tribunales para intentar procesar sus demandas es, por
decir lo menos, un despropósito. El juicio al gobierno de Felipe
Calderón será inevitable. No necesariamente se dará en tribunales, pero
algunos ya exploran esa vía. Además del documento en La Haya, ha
empezado a circular el libro de Julio Scherer Ibarra, “El Dolor de los
Inocentes” (Grijalbo.)
Ahí se lee: “... las autoridades han
hablado en innumerables ocasiones de ‘daños colaterales’, pero nunca han
afrontado la pregunta más urgente: ¿quién debe responder por las
muertes de esos inocentes?”.
Scherer: “aborda los fundamentos
jurídicos y políticos del Estado como garante de la seguridad y el orden
para establecer hasta dónde han fallado las directivas del combate al
narcotráfico. Al optar por un enfrentamiento bélico, más allá de las
atribuciones reales que la Constitución le brinda al Ejecutivo... y en
deprimento de otras posibles soluciones como la suspensión de garantías
en ciertas partes del territorio nacional, la violencia se exacerbó y
terminó con las vidas de miles de inocentes. ¿Habrá manera de llamar a
cuentas a aquellos que han engendrado tanto dolor?”.
La pregunta está abierta. Con la tensión del juego electoral y en el marco de un fin de sexenio que ya comenzó.
Revoluciones México · RMX
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