¡¡Exijamos lo Imposible!!
La UNAM y la seguridad
Julián Andrade
Pocos académicos tienen tanta experiencia en el ámbito de la seguridad y los derechos humanos como Jorge Carpizo.
Como fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le tocó enfrentar lo que eran violaciones sistemáticas a las garantías individuales.
La CNDH surgió, en gran medida, para contrarrestar y terminar con el abuso policial cotidiano en contra de los ciudadanos.
Como titular de la Procuraduría General de la República tuvo que sortear una cultura de impunidad y corrupción que resistían los esfuerzos de cambio.
Ya como secretario, en Gobernación, Carpizo contó con la información necesaria para conocer cuáles son los verdaderos riesgos a la Seguridad Nacional y cuántos de ellos se pueden conjurar con una política democrática.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro, también conoce de estos temas y desde hace mucho, con un particular interés en el tema de la juventud, que se ha vuelto de vital importancia y en un objetivo estratégico de cualquier política que pretenda ser exitosa en el tema de la seguridad con justicia y democracia.
Por ello, entre otras cosas, se debe ponderar el documento “Elementos para la construcción de una política de estado para la seguridad y la justicia en democracia” que Carpizo presentó a nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que preside, y de la UNAM.
Son 36 propuestas que tienen como objetivo el propiciar un amplio debate y un cambio de paradigma en el tema de la seguridad.
Una de las claves es “dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento a la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y a la defensa de los derechos humanos”.
Las políticas de seguridad deben ser contextualizadas en las coordenadas de la seguridad humana, “alineándolas al fin último de contribuir a garantizar las condiciones de pleno desarrollo humano”.
Por ello “el respeto a la vida humana debe ser un valor prioritario en la política de seguridad y justicia”.
Es evidente que los resultados de los gobiernos federal, estatal y municipal no han sido los suficientes y en algunos casos se han generado dinámicas contraproducentes.
Los datos están a la vista. Los homicidios dolosos que pueden estar vinculados al crimen organizado crecieron de menos de tres mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. Menos de 5 por ciento de los delitos denunciados son objeto de proceso penal y en 2011 seis de cada 10 mexicanos creen que la delincuencia organizada está ganando la lucha al gobierno.
La propuesta de los universitarios para enfrentar la crisis de seguridad, en modo alguno implica una rendición ante el crimen, sino más bien la instrumentación de un amplio modelo que genere mejores resultados y que cuente con el amplio respaldo de la población.
julian.andrade@razon.co
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