Se tiene que ir el PRI
Alejandro Encinas Rodríguez
A escasos días de celebrarse la jornada electoral, la campaña por la gubernatura en el Estado de México ha entrado en su fase crítica. A la inequidad que ha caracterizado el dispendio de recursos, la injerencia gubernamental en apoyo del candidato oficial y la complacencia de la autoridad electoral, se multiplican las prácticas de coacción del voto, la destrucción de propaganda, la detención de promotores y la avalancha de compra de votos, bultos de cemento, despensas, así como la amenaza de retirar los escasos programas asistenciales a los beneficiarios que no voten por el PRI. Lo que da cuenta de la desesperación del “nuevo PRI” por conservar a como dé lugar el poder, en una entidad donde el gobierno todo lo quiere comprar, todo lo quiere corromper.
Esta elección destaca no sólo por la cercanía con las elecciones presidenciales, sino porque se dirime un conflicto entre el viejo sistema y la vocación de alternancia y transformación de la ciudadanía. Se trata de una disputa y una contradicción entre el interés de los ciudadanos y el candidato del PRI, quien representa a la clase política mexiquense —en particular a Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto—, y a un sistema que se resiste a cambiar, que ha convertido al gobierno en un gran negocio, excluyendo a la inmensa mayoría de los mexiquenses de cualquier posibilidad de bienestar.
El Estado de México es la entidad más poblada del país con más de 15 millones de personas, de las cuales siete millones de personas viven en condiciones de pobreza y marginación; tres millones de los cuales no tienen ingresos suficientes para alimentarse todos los días. El 40% de la población total (6 millones de personas) no cuentan con seguridad social. Cerca de 700 mil personas registran algún tipo de discapacidad.
La población ocupada alcanza los seis millones de personas, de las cuales el 69.3% son asalariados; de éstos, el 31% gana menos de dos salarios mínimos, otro 23.5% gana entre dos y tres salarios mínimos, y sólo 3.68% ganan más de 10 salarios mínimos.
El Estado de México está conformado por 3 millones 700 mil hogares, en los que 850 mil son encabezados por mujeres jefas de familia. En una de cada cinco familias la mujer es el sostén del hogar y padre-madre a la vez. Además, una de cada tres personas que trabajan es mujer.
Estos son los saldos de los gobiernos del PRI, por lo que están en disputa no sólo las formas inequitativas de la competencia electoral que ese partido ha utilizado durante 82 años, a las que es incapaz de renunciar. De ahí la importancia de no desperdiciar el voto. De dotar al ejercicio democrático de elegir al gobernante de un valor transformador. Basta que el elector tradicional priísta reflexione cuánto ha mejorado su calidad de vida sexenio tras sexenio, y la decisión de los votantes panistas para ayudar a acabar con la hegemonía de un gobierno corrupto y autoritario que aplasta la libertad ciudadana y ve en la crítica ataque y amenaza.
A lo largo de los últimos años y en la presente campaña se ha conformado en el estado un movimiento ciudadano organizado capaz de lograr un triunfo para recuperar el gobierno y abrir la posibilidad de encontrar una senda de prosperidad y bienestar de los mexiquenses. El voto de los simpatizantes de la Coalición Unidos Podemos Más —aunado a miles de ciudadanos sin partido, los indecisos y de quienes rechazan ser encuestados— decidirá el 3 de julio si los mexiquenses se someten a la manipulación o rompen con el PRI, para avanzar hacia un cambio profundo y verdadero, que permita signar un nuevo pacto social en la entidad, que convierta al gobierno en un aliado solidario con quien hoy requiere que se le tienda la mano para salir adelante. Para lograrlo, se tiene que ir el PRI.
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