¡¡Exijamos lo Imposible!!
PROCESO:
La campaña del derroche
JENARO VILLAMIL
26 DE JUNIO DE 2011
La maquinaria priista mexiquense se ha valido de todo con tal de posicionar a su candidato Eruviel Ávila, a quien las encuestas colocan muy por encima de su contrincante más cercano. En su empeño por garantizar 2.2 millones de votos para Eruviel, equivalentes a 52% de los sufragios, ha comprado a ciudadanos y aun a autoridades electorales, además de instrumentar un avasallante despliegue publicitario en medios electrónicos. Los seguidores del perredista Alejandro Encinas sostienen que es escandaloso que en menos de 45 días de campaña Ávila haya derrochado 500 millones de pesos.
Además de corta e inequitativa, la campaña de Eruviel Ávila, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, se ha caracterizado por el despilfarro: más de 500 millones de pesos en menos de 45 días.
A esos excesos del priismo por asegurar los votos de más de 2 millones de los 10 millones 291 ciudadanos empadronados, se suma la opacidad con la que vienen operando el Tribunal y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), así como la proliferación de encuestas –verdadero “mecanismo de mercadotecnia”– a favor del oficialismo. Aun así, en esos órganos electorales se pronostica que el abstencionismo será de 60%.
Este año el presupuesto total para los comicios, que incluye organización, prerrogativas de los partidos políticos y promoción del voto, es de 2 mil 393 millones 143 mil 104 pesos. Si el domingo 3 de julio votan menos de 4 millones de los electores, el sufragio mexiquense será de 598 pesos (casi 60 dólares), uno de los más caros del mundo. Si acudieran a votar todos los empadronados, el costo se reduciría a 232 pesos (20 dólares).
En Brasil, el costo es de 0.29 centavos de dólar; en Colombia, de 1.95 dólares; en Panamá, 5.25 dólares, y en Costa Rica, 8.58 dólares, según el informe de Fundaciones Electorales Internacionales para Sistemas (IFES, por sus siglas en inglés).
Observadores electorales aseguran que el costo real de cada voto mexiquense es mucho mayor, sobre todo por el despilfarro de la maquinaria gubernamental priista para imponer a Ávila, candidato de la coalición Unidos por Ti (PRI-Panal-Partido Verde).
Reportes recabados y confirmados por Proceso indican que el PRI destinará entre mil y 2 mil pesos para el pago de 35 mil representantes titulares y suplentes de casillas; es decir, gastará entre 35 millones y 70 millones de pesos sólo en ese rubro.
Además, a los representantes generales de los 45 distritos electorales el partido les paga entre 22 mil y 30 mil pesos mensuales, y destinará un representante de zona por cada 10 casillas en municipios rurales y uno por cada cinco en regiones urbanas. A cada uno le paga entre 5 mil y 10 mil pesos.
Los candidatos Alejandro Encinas, de la coalición Unidos Podemos Más (PRD, PT, Convergencia), y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, sostienen que Ávila rebasó ya el tope de gastos de campaña, estimado en 600 millones de pesos: 203 millones provenientes de los recursos públicos y el resto de fuentes privadas.
El propio IEEM ha acreditado en sus reportes preliminares la concentración de recursos: Ávila acapara 76% de los 48 mil anuncios en bardas, espectaculares, lonas y pegotes en las unidades de transporte público; Encinas ocupa 11% y Bravo Mena menos de 7%. Hasta el informe preliminar del IEEM del jueves 23, Ávila concentraba 71% de la publicidad de los candidatos.
Lo anterior no incluye los recursos gubernamentales ni la “publicidad encubierta” que la administración de Enrique Peña Nieto y la mayoría de los alcaldes priistas mexiquenses han destinado a favor de su candidato.
El PRD presentó la queja 88 ante el IEEM en la que acredita que el gobierno estatal desplegó 2 mil 568 instrumentos propagandísticos, entre espectaculares, bardas, lonas y anuncios en transporte público para inducir el voto a favor del candidato priista, por lo que pedía al secretario general del IEEM que ordenara las medidas cautelares para retirar esa propaganda.
Ante el rechazo del instituto, el PRD interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (expediente SUP-JRC-162/2011). Según el documento, el tribunal dio un plazo de 72 horas al instituto para que ordene el retiro de por lo menos 900 elementos propagandísticos. El plazo se cumplió el viernes 24 a las 10 de la mañana. Hasta el cierre de edición, el organismo electoral aún no acataba la instrucción.
Operación millonaria
Observadores electorales como Bernardo Barranco, exconsejero electoral estatal y promotor del sitio electrónico www.votolimpio.org, sostienen que el gobierno, de Peña Nieto y su partido han invertido todo para garantizar el triunfo de su candidato con un margen de más de 30 puntos y asegurar que el rebase de tope de gastos de campaña no sea causal de nulidad.
El artículo 299 del Código Electoral Estatal establece que el tribunal podrá declarar la nulidad de la elección si el candidato excede “los topes para gastos de campaña establecidos por el presente código, de manera determinante para el resultado de la elección”. Las otras causales son utilizar recursos de procedencia ilícita o de programas sociales, siempre y cuando los acredite el IEEM, dominado claramente por el oficialismo.
Según los cálculos de sus correligionarios, Ávila ganaría con menos de la cuarta parte del padrón (2.2 millones de votos, equivalentes a 52% de los sufragios emitidos).
“Esta es la crónica de un fraude anunciado”, subraya Barranco. Y pone el acento en la complicidad de los integrantes del IEEM y la pasividad de los representantes de los propios partidos opositores que aceptaron el acuerdo del Consejo General del organismo para ordenar revisiones precautorias a los gastos de campaña, pero establecieron un “candado” para que los resultados se conozcan hasta después de la segunda semana de agosto.
Hasta el martes 21, Encinas era el único de los candidatos que informó sobre sus gastos de campaña. Dijo que había gastado 102 millones 957 mil 900 pesos y que le sobraban 34 millones para el cierre.
El coordinador estatal de la campaña del PRD, Luis Sánchez, estima que los seguidores de Ávila habían rebasado el tope de gastos de campaña hasta en 200%.
El exsenador priista Mauricio Valdés asegura que el costo real de la campaña del PRI asciende a 10 mil millones de pesos. De esa suma, dice, entre 2 mil y 3 mil millones son para la compra de votos; alrededor de 4 mil millones son para la propaganda en medios electrónicos, y el resto para la mercadotecnia electoral.
Viejo adversario del llamado Grupo Atlacomulco y exaspirante a la gubernatura mexiquense, Valdés dirige el Parlamento Ciudadano y es un conocedor del modus operandi del aparato gubernamental en el estado durante los procesos electorales.
Las pistas de ese dinero no están sólo en las cuentas de la campaña del PRI, sino en la maquinaria del gobierno del Estado de México, de los municipios y de los principales empresarios que apoyan de manera abierta al candidato priista. El objetivo es que Ávila gane con más de 50% de los votos emitidos.
El dispendio de los priistas es grave en una entidad donde 7 millones 415 mil de sus habitantes son pobres; más aún donde, de acuerdo con un estudio presentado por Valdés recientemente, desde la crisis de 2008-2009 un total de 783 mil mexiquenses son considerados “nuevos pobres”.
En materia educativa, por ejemplo, el Estado de México también padece rezagos importantes: sólo 52 de cada 100 niños que ingresan a primaria terminarán el bachillerato y apenas 21% se matriculará en la universidad.
Pillerías y encuestas electorales
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