¡¡Exijamos lo Imposible!!Plan B
Lydia Cacho
Ni con Dios ni con el diablo
Una familia en Tamaulipas perdió a su hijo adolescente en una balacera entre narcotraficantes y policías locales. En Sinaloa una pareja con tres hijas se envía mensajes sms cada vez que salen de algún sitio; su barrio se ha convertido en territorio narco. En Chihuahua, Baja California, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, los gobernadores piden al gobierno federal que el Ejército se haga cargo de las batallas entre narcos y policías corruptos.
Cada vez más familias viven en carne propia el sentido de la palabra “guerra” contra el narco. Como en todas las guerras, la sociedad civil queda al margen y se convierte en rehén de las dos partes: el enemigo a vencer y el ejército aliado a policías de dudosa reputación. Las guerras son escenarios idóneos para violar todos los derechos humanos.
Se dice que criticar la presencia del Ejército o la violencia generada por esta batalla, equivale a favorecer al crimen organizado. Reducir el debate de los derechos humanos a un “conmigo o con el diablo” es tanto como asegurarnos de que en aras de librarnos de la terrible violencia que el crimen organizado ha sembrado en nuestras comunidades, debamos someternos a sus efectos secundarios sin chistar.
Queremos, claro está, que el crimen organizado sea reducido por las autoridades. Pero hemos visto cómo el Ejército oculta los abusos de poder y delitos contra la sociedad cuando está bajo las “presiones de la guerra”.
La ONU argumenta que el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la humanidad. Carlos Castresana Fernández, coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (ONUDC), señaló en 2007 el peligro de una guerra contra el narco en que no hubiese mecanismos de protección de derechos humanos. Señaló los vínculos de corrupción entre gobiernos y criminales y fue requerido por Felipe Calderón e informado que su presencia era “accesoria”. Días después la ONU trasladó a Castresana a Guatemala. Recientemente Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insistió en el peligro de la militarización en México y la ausencia de justicia y seguridad para las mayorías. El Ejecutivo le invitó a un par de reuniones para revisar sus observaciones. El experto en derechos humanos se va del país. La diplomacia impide a ambos declarar toda la verdad sobre su salida.
Sí, es cierto que estamos en peligro en manos del crimen organizado, y que corresponde al Estado asegurarnos un país libre de violencia. Pero no pueden arrebatarnos el derecho a evidenciar los abusos que se cometan en nombre de esa lucha. Mentir sobre la expulsión de estos personajes no nos dejará en paz. El país, lo dijo Calderón, está en guerra, y aumentará la violencia. ¿Qué pasará si la violencia que aumenta es en contra de toda la sociedad? ¿Qué significan los derechos humanos para el gobierno federal en una situación de guerra? Les debemos a Incalcaterra y a Castresana su profesionalismo y compromiso con México.
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