¡¡Exijamos lo Imposible!!Panorama Norteamericano
Eduardo Valle
‘Narcoestado’ e Iniciativa Mérida
Los ‘capos’ establecieron acuerdos ‘macro’ con los federales
Las armas que los cárteles emplean provienen de EU
‘Narcoestado’ e Iniciativa Mérida
Los ‘capos’ establecieron acuerdos ‘macro’ con los federales
Las armas que los cárteles emplean provienen de EU
E l narcoestado mexicano creció esplendoroso con José López Portillo (“el último presidente de la Revolución Mexicana”). ¿Sus inmediatos beneficiarios?: los capos y los policías, en particular los jefes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Policía Judicial Federal (PJF) y luego la Federal de Caminos y Puertos. ¿Su figura más notoria?: Arturo Durazo Moreno, alias El Negro. Un ambicioso y estrafalario matón amparado por el presidente.
Los jefes criminales de las redes del narcotráfico rendían cuentas, ruta por ruta, plaza por plaza, a quienes tenían licencia para matar a cualquiera fuera del círculo del poder. Todavía actúa Jesús Antonio Sam López, dueño de Colima y partícipe de “empresas” con sede en Coahuila y Tamaulipas, cobijado siempre por el jurista Sergio García Ramírez, protector también del fallecido Florentino Ventura. Con todo, los verdaderos arquitectos del narcoestado lo fueron Los Tres Ancianos: el profesor Hank, Raúl Salinas Lozano y la inteligencia mayor: Antonio Ortiz Mena. Todo caminaba sobre ruedas —incluso en términos de cuentas nacionales— hasta que la presión social y el relativo avance democrático les retiró la licencia a los federales y se disolvió la DFS; muchos de sus agentes se vieron obligados a manejar en el terreno al crimen organizado. Con una nueva licencia: la comprada por la corrupción.
Los capos establecieron acuerdos macro con los federales en aeropuertos, carreteras y puertos marítimos, y las redes criminales comenzaron a presionar en forma brutal a procuradores y policías estatales y municipales: plata o plomo. Comenzaron los “ajustes de cuentas” y la impunidad fue general, al extremo de que los homicidios, por diversas razones, contra todo tipo de agentes judiciales se convirtieron en una hueca estadística. Ni a recuerdo llegaban, porque cada día ocurrían más. Los carteles se apoderaron de territorios enteros —rutas, ciudades y zonas—; ellos impartían justicia en las calles y hasta en los bares. También cobraban “impuestos” (protección) hasta a medianos empresarios. Ahora se han presentado casos de empresarios expulsados de sus ciudades por no pagar la “cuota”, o la participación en un negocio ilegal —por ejemplo: contrabando de pollo y otras mercancías. Y las fuentes legítimas de empleo cerraron. O, en forma más simple, fueron secuestrados sin que los gobernadores pudiesen hacer nada excepto recomendar: “mejor pagar”.
Frente a la explosión del narcopoder los tres niveles de gobierno en la República se han reído de los ciudadanos. El extremo: dos panistas —Antonio Lozano Gracia y Daniel Cabeza de Vaca— bien podrían ingresar al Museo del Amor al Absurdo (MAA) sin necesidad de concursar. De los priístas mejor no hablar; bastaría preguntarle a Emilio Gamboa Patrón si no ha saludado en los últimos meses a su antiguo jefe de la Policía de Caminos, o a Justo Ceja, o a Marcela Bodenstedt, la amante de José Córdoba Montoya. Podríamos seguir con preguntas a gobernadores y procuradores en las entidades fron terizas y del golfo de México, hasta llegar a Chiapas del Chapo Herrán, pasando por Zacatecas de García Medina, Jalisco, Querétaro y Puebla. Ni modo: narcoestado.
En este contexto el presidente constitucional Felipe Calderón, desde los primeras semanas de su gobierno, inició una dizque “guerra contra el crimen organizado”. Y desde el caso de Zhenli Ye Gon comenzó a fallar a ojos vistas. El funcionario debía repetir lo informado por sus mandos de la Procuraduría y las policías federales. Le informaban lo que convenía a esos funcionarios. Cuando surgía evidencia de que le estaban engañando, lo dejó pasar. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas trataban de salvarle la cara. Como en los decomisos en Manzanillo, Colima, o en Altamira, Tamaulipas, logrados por la Armada de México. Así, en octubre del año pasado el presidente Bush propuso la Iniciativa Mérida y ahora, en el Capitolio, los representantes y senadores aprueban fondos sujetos a un proceso de “certificación” del Departamento de Estado sobre asuntos de corrupción y derechos humanos.
Las armas que los asesinos de los cárteles emplean en sus tiroteos son, en mayoría, armas de las Fuerzas Armadas de EU. Esas no pueden comprarse en forma alguna en la frontera con México. Si la iniciativa es un asunto de cooperación y corresponsabilidad; ¿no es buen momento de iniciar un proceso mexicano de certificación sobre la venta de armas militares a los cárteles? Para empezar.
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