¡¡Exijamos lo Imposible!!
Impunidad Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
FCH: más de 71 mil homicidios
Ligas de narcos con funcionarios
Crímenes políticos , sin resolver
Militares vigilarán la elección
“Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido”.- Sándor Márai
Una broma macabra de pésimo gusto fue la propuesta de conocida candidata presidencial para que Felipe Calderón fuera, en caso de ganar ella la Presidencia de la República, el titular de la Procuraduría General de la República. Una verdadera tragedia para la justicia mexicana sería que se concretara esa remota posibilidad a la luz de los hechos más recientes: el asesinato de dos policías federales ejecutados por sus compañeros en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, evidencia la permeabilidad y corrupción de las fuerzas federales, sin dejar de considerar que forman parte de una larga lista de más de 71 mil homicidios dolosos a lo largo de la actual administración federal, cuyo fracaso en la procuración de justicia explica la saturación de cárceles y juzgados penales, que llevó ya al Consejo de la Judicatura Federal a resolver que a partir de este lunes, y por tiempo indefinido, los cuatro juzgados penales adscritos a las cárceles federales de Nayarit y Veracruz dejarán de aceptar nuevos casos debido a que están totalmente saturados, como consecuencia de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo del cuestionado Genaro García Luna, no ha asignado espacios para abrir nuevos tribunales.
El fracaso de la segunda administración federal surgida de las filas del Partido Acción Nacional en esta materia es de una exorbitante magnitud. En diversos puntos de la geografía nacional, todos los días hay baleados, decapitados, colgados, desmembrados, encajuelados, con tiro de gracia, con narcomensajes, incinerados, deshechos en ácidos y desenterrados de narcofosas, homicidios perpetrados con las características propias del narcotráfico y el crimen organizado. La administración de Felipe Calderón ha optado, más que por reducir el desbordado nivel de violencia, por ocultar sus trágicos resultados escondiendo la información del número total de víctimas, directas, indirectas y “daños colaterales” de la guerra contra los cárteles de la droga desatada desde el inicio de su administración, que ha propiciado una peligrosa debilidad del Estado mexicano el cual, en estos momentos, no tiene capacidad de investigar, acusar y procesar los homicidios.
Irracionalmente, el actual inquilino de Los Pinos ha dedicado las últimas semanas, que coinciden con la fase última de las campañas por la Presidencia de la República, a destacar la “necesidad” de seguir en el próximo gobierno la batalla contra las organizaciones criminales aplicando la misma estrategia para combatir a los cárteles de la droga y la inseguridad, la cual ha fracaso totalmente. Lo peor es que también ha ocupado el tiempo para dejar claro que no se arrepiente de nada e intenta convencer que era indispensable el haber sacado a los solados de los cuarteles para combatir a los narcotraficantes, aun cuando éstos no contaran con las facultades legales para realizar esta labor, para la cual tampoco estaban capacitados, lo que llevó a un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos comunes.
EJECUCIONES DE PERIODISTAS
Poco o nada ha interesado a la administración federal actual el número de asesinatos y también, poco o nada se ha hecho por esclarecerlos. En esta masacre han quedado 52 periodistas y 11 más han desaparecido. El calderonismo llevó a México a ser el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo, por encima incluso que Irak. En lo que va de las gestiones federales panistas, al menos 93 comunicadores han sido victimados y desparecidos. También han sido ejecutados al menos 63 defensores y luchadores sociales. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para terminar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad en el país, de acuerdo con las pocas investigaciones que se han realizado. Ni los compromisos de las autoridades federales y estatales, ni las medidas cautelares dictadas por el sistema de justicia han evitado las ejecuciones de luchadores sociales, que han sido etiquetadas chapuceramente como parte de las bajas en la guerra contra el narcotráfico. En México, el 98 por ciento de los delitos queda impune y la inmensa mayoría de las víctimas ya ni siquiera los denuncia.
La corrupción de las fuerzas policíacas federales quedó una vez más de manifiesto con el caso de los policías ejecutados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no han encontrado la forma de ocultarlo, aunque lo intentaron, sin duda alguna. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo de García Luna, fue forzada por la presión de la opinión pública a dar a conocer los rostros y nombres de los policías federales, supuestamente integrantes de una red de narcotraficantes, que operan en el aeropuerto y que habrían dado muerte a sus compañeros el lunes pasado. El jefe de la División de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, informó el jueves que se trata de los agentes Daniel Cruz García y Zeferino Morales, quienes participaron directamente en los homicidios, así como del jefe de ambos, Bogar Felipe Lugo de León. La SSP ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien dé informes que lleven a la captura de los presuntos responsables, al tiempo que informó que integró unidades especiales para detener a los tres policías federales.
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