¡¡Exijamos lo Imposible!!PROCESO:
Sicilia advierte: Ni un paso atrás
6 de agosto de 2011
El diálogo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el gobierno de Calderón y con el Poder Legislativo sólo duró una semana. Lo primero que hicieron los diputados en el Palacio de San Lázaro después de escuchar las exigencias de los activistas fue proseguir como si nada con la aprobación –hasta ahora sólo en lo general– de la ya impugnada minuta del proyecto de Ley de Seguridad Nacional, enviada por el Senado. Exhibidos en su “cultura de la simulación” –como la llamó el poeta–, los legisladores prometen incorporar las demandas en la discusión de cada artículo… Pero ahora la desconfianza es más profunda.
El escritor Javier Sicilia acusó al Congreso y al gobierno federal de traición a los acuerdos establecidos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y el jueves 4 anunció la suspensión del diálogo con ambos poderes luego de que el diputado panista Javier Corral presentó una propuesta de Ley de Seguridad Nacional basada en una minuta del Senado que no contenía las propuestas de las organizaciones sociales.
De inmediato la Secretaría de Gobernación y el Legislativo lo llamaron de nuevo a la mesa, aclarando que se trata sólo de un “predictamen” y que podría haber una nueva iniciativa. Sin embargo, en entrevista, Sicilia insiste en que no puede reiniciar los trabajos si no se retira esa minuta y se trabaja sobre una propuesta con un perfil más humanista.
Corral argumenta que el movimiento ciudadano puede integrarse al debate sobre el predictamen que aprobó en lo general la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que él preside. Incluso, el panista anunció que “ya se acordó” que representantes del movimiento trabajen en “conferencia parlamentaria” con el Senado.
El diputado petista Porfirio Muñoz Ledo señala que aferrarse a esa minuta es un error, porque consolida la fracasada estrategia militarizada de Felipe Calderón, que no ha reducido el consumo de drogas ni controlado el lavado de dinero, y en cambio ha causado alrededor de 50 mil muertes.
Para el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y para 84 organizaciones de derechos humanos del país –que el viernes 5 difundieron en los medios un comunicado en el que se suman al repudio del predictamen de ley–, la actitud de los diputados agudiza la desconfianza hacia los partidos políticos que ya habían manifestado desde el 28 de julio, en el Castillo de Chapultepec. Ahí, los legisladores prometieron que incorporarían sus demandas al debatir un paquete de 10 iniciativas de ley, entre ellas la de Seguridad Nacional.
Por eso las mencionadas organizaciones exigieron que se retire de inmediato la propuesta avalada por Corral y pidieron a los legisladores y a las Fuerzas Armadas una actitud de apertura para construir un modelo de seguridad que responda a los intereses ciudadanos y a la protección de los derechos humanos, no a la seguridad del gobierno.
Pantano legislativo
La discusión de la Ley de Seguridad Nacional propuesta desde Los Pinos en abril de 2009 pretende reglamentar el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y provocó el primer enfrentamiento del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad con los poderes Legislativo y Ejecutivo, con los cuales pactó mantener un diálogo durante tres meses hasta que se diera otro encuentro con Calderón, el 22 o el 23 de septiembre próximo.
Para el movimiento es primordial elaborar una ley que proteja los derechos ciudadanos frente a la tentativa de militarizar aún más el combate al crimen organizado y la intención presidencial de usar a las Fuerzas Armadas a voluntad, incluso contra las movilizaciones sociales.
Sobre todo, dicen sus líderes, porque ante la inexistencia de leyes que autoricen estos usos de la milicia en labores de seguridad pública, en los últimos cinco años Calderón se ha escudado en una “construcción constitucional” para hacer uso del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en su guerra contra el narcotráfico.
Desde que Calderón la envió al Congreso, la propuesta de Ley de Seguridad Nacional ha estado en debate en las comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores, a donde altos mandos del Ejército han acudido a impulsar su aprobación en términos que les permitan actuar en forma abierta y permanente en labores de seguridad pública (Proceso 1747, 1748, 1771 y 1795).
De esos debates han salido tres propuestas de ley. La primera se aprobó en abril de 2010 en el Senado con los votos del PRI y del PAN, y autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, pero deja fuera la intención –expuesta por Calderón– de que actuaran en “cualquier otra situación que, de no atenderse de inmediato, podría derivar en una perturbación grave del orden o la paz pública o poner a la sociedad en grave peligro o conflicto”.
No obstante, el dictamen correspondiente se quedó atorado en la Cámara de Diputados casi un año, hasta que en marzo pasado el diputado mexiquense Alfonso Navarrete Prida, cercano al gobernador Enrique Peña Nieto, la retomó y presentó su propia propuesta, no sin consultarla antes con los mandos castrenses.
La discusión se empantanó una vez más ante la dificultad de justificar la actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y a la vez garantizar el respeto a los derechos humanos. Influyó también una filtración en el sentido de que el PRI abriría la posibilidad de enjuiciar a los militares y al presidente de la República en caso de que se involucraran en casos de violación de esos derechos.
Desde entonces, el Legislativo convocó a las organizaciones civiles y a especialistas en el tema para que participaran en las consultas, pero en abril y mayo comenzó a perfilarse la tercera iniciativa, empujada por el diputado panista Javier Corral y que retoma partes de las dos anteriores, principalmente la intención de permitir que el presidente utilice a las Fuerzas Armadas cuando considere que hay un peligro o una emergencia nacional.
La movilización encabezada por Javier Sicilia detuvo el procedimiento temporalmente. Fue el 28 de julio cuando los legisladores acordaron invitar a los representantes sociales a la discusión de varias iniciativas de su interés. Pero el martes 2, el país se enteró de que la minuta o anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional ya había sido votada y aprobada por la Comisión de Gobernación, que preside el diputado Corral.
A decir de Muñoz Ledo, esta decisión viola la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados porque dicha iniciativa se encuentra radicada en las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos, Defensa y Seguridad Pública, y únicamente puede ser votada simultáneamente en todas ellas.
Ante el incumplimiento de incorporar las exigencias ciudadanas a la discusión y la falta de transparencia en el proceso legislativo, el jueves 4 Javier Sicilia no entró a la reunión prevista con los diputados y, tras las gruesas rejas del Palacio Legislativo de San Lázaro, anunció la suspensión del diálogo:
“Traicionaron su palabra. Ahora la única señal que esperamos es que retiren de manera definitiva la minuta de Ley de Seguridad Nacional que ya aprobaron porque está a favor de la guerra, no de la paz, y comenzar de nuevo”, sostiene el poeta, en víspera de una reunión urgente del movimiento.
Las presiones
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