Pone también de relieve que ante la incompetencia de nuestros gobernantes para generar desarrollo económico y empleos, la salida más sencilla, pero indigna, es transferir los costos de la crisis a las y los trabajadores.
Significa además un claro retroceso respecto de las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído por ser parte de diversos instrumentos internacionales en materia laboral y de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México incluso no ha ratificado todavía 65 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 54 de los cuales contienen estándares más altos que la Ley Federal del Trabajo vigente.
La propuesta de reforma laboral plantea, en efecto, una serie de medidas regresivas, contra las que ya se han pronunciado distintas redes de organizaciones de derechos humanos, como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Y esto debido a que permitirá el abaratamiento de la mano de obra; la precarización del empleo, por medio de la flexibilización de las contrataciones (empleos temporales, de prueba, por temporada y de capacitación), sin seguridad social; las subcontrataciones (outsourcing), que impiden el acceso a salarios justos y prestaciones; la facilitación del esquema de despidos; la limitación del pago de salarios caídos a un máximo de 12 meses, y la transformación de la figura de patrón en la de lugar de trabajo
, con lo que no queda claro ante quién ejercerá el trabajador sus derechos individuales y colectivos, y ante quién se exigirá el reparto de utilidades. Todo lo anterior es contrario al concepto de trabajo decente
, invocado en la exposición de motivos de la reforma, pero sin tener nada que ver con las modificaciones propuestas en el articulado.
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