¡¡Exijamos lo Imposible!!Ciudad Perdida
Una institución castrada
Miguel Ángel Velázquez
Tal vez porque es sabido y obvio que para losinistros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay ninguna ley –incluyendo la Constitución–, por encima de los caprichos políticos y el voluntarismo de Los Pinos, o porque se trataba solamente del cumplimiento de un trámite que se tenía que hacer en nombre de lo políticamente correcto, la controversia constitucional que interpuso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) está —según la copia que tenemos— plagada de calificativos que podrían pintar con atingencia el trabajo de la instancia judicial, pero son sin duda elementos inadmisibles para quienes se sienten o son intocables.
El documento de la ALDF advierte que en los términos establecidos en el artículo 105 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que hacerse cargo de la controversia presentada, pero la Corte declara improcedente el reclamo porque está fuera de la competencia de los diputados del Distrito Federal.
Sin pretender, desde luego, tratar de interpretar la ley o suplir la sapiencia de los ministros, lo que la ALDF pretendía era impedir que la Constitución siga siendo violada por el decreto de Felipe Calderón, que desapareció a Luz y Fuerza del Centro, como todos saben, cosa que no se consiguió, y que servirá para seguir alimentado la impunidad.
El ministro José Ramón Cossío, consideró que la ALDF no tiene interés legítimo para presentar la controversia en tanto que el decreto de Felipe Calderón no afecta en modo alguno la esfera de competencia y atribuciones constitucionales que tiene el Distrito Federal.
El documento que enmarca la controversia, por parte de la ALDF, dice algunas cosas que bien vale poner a juicio del lector, independientemente de la decisión de la Corte, porque parecieran adelantarse al criterio del ministro. Dice el documento que “si para poder accionar una controversia se opta porque exista un interés legítimo, aunque alcanzaría a darle cierta amplitud, y por ello se reforzaría la institución como medio de defensa, no sería suficiente: Estaríamos frente a una institución castrada”.
También advierte la ALDF que dependerá de la definición –que ya se conoce– de la Corte, que “quede como una de tantas instancias mediocres y hasta inútiles del sistema constitucional mexicano, o se convierta en un instrumento idóneo para defender la Constitución Política, como documento que salvaguarde derechos, libertades y la organización de un Estado democrático, cuyos poderes y autoridades, actúen dentro de la ley”.
Luego, la propia ALDF establece: “no obstante haber acreditado que como actores tenemos interés jurídico y legítimo, al admitir esta demanda de controversia constitucional, y por virtud de la sentencia que emita esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reforzará la institución o de lo contrario se firmará su acta de defunción o, en el mejor de los casos, su diagnóstico de muerte cerebral”.
Frente a la situación presentada por la instancia legislativa, era de esperarse que el resultado de la demanda fuera el que ya se conoce, aunque para decir verdad, ignoramos si todas las controversias presentadas recurren a expresiones como las que se apuntan, o bien si se hizo de esa manera para dar pie a que fuera desechada.
Sobre todo si recordamos que para el senador Navarrete, del PRD, en el Senado no había las condiciones necesarias para presentar una controversia, como si la violación a la Constitución, y el reclamo por la acción, fuera cosa de climas políticos. De cualquier forma lo grave del asunto es que ahora no hay nadie que nos diga, desde la más importante instancia de justicia del país, si Calderón violó o no la ley, y si lo hizo, por tanto, la impunidad volverá a triunfar. Así son las cosas.
De Pasadita
No es arte de adivinación. Los panistas son tan predecibles que, como dijimos en la pasada entrega, más tardó en disolverse la protesta del SME que los azules en presentar su reiterada iniciativa de ley para regular la marchas en el DF. De lo que no se han dado cuenta los azules es que cada vez son más los que protestan, o sí, y lo que pretenden, desde siempre, es tener un pretexto legal para la represión. Viva la legalidad.
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