¡¡Exijamos lo Imposible!!PROCESO: La ley que no fue
Jesusa Cervantes
Sólo 16 días antes de concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a un par de meses de la elección del Estado de México y a poco más de un año de la elección presidencial, el coordinador de los diputados priistas, Francisco Rojas, en acuerdo con el PAN, empezó a presionar al resto de los partidos para aprobar las reformas a la Ley Nacional de Seguridad.
En ésta fincaba el gobierno de Felipe Calderón sus esperanzas de legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, de abrir la puerta al estado de excepción y de autorizar el uso de la fuerza a discreción del Ejecutivo.
Primero en la Junta de Coordinación Política, que encabeza la presidenciable panista Josefina Vázquez Mota, se aceptó la discusión del predictamen de 81 cuartillas elaborado por el mexiquense Alfonso Navarrete Prida, en donde se plasmaron las demandas del Ejército que no pudieron incluirse en la minuta del Senado. Incluso se pidió que, si bien la minuta está en cinco comisiones, sólo se procesara en una de ellas a fin de ahorrar tiempo y avalarla en el pleno antes del 30 de abril.
Pero el lunes 25, cuando el resto de los partidos propusieron cambios sustanciales al documento y la Sedena recibió la nueva redacción, empezó a cerrarse la posibilidad de aprobar la reforma en ese plazo. Rojas convocó para el día siguiente al consejo consultivo de su fracción, integrado por los coordinadores estatales de sus 237 legisladores.
La primera en hablar fue la expresidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien molestó a Rojas al plantear sus dudas en tono provocador, según asistentes al encuentro.
“Lo primero que tenemos que preguntarnos es a quién le interesa sacar esta ley. Y no sé si se ha tenido contacto con el Senado. Recordemos que ahí el PRI es segunda fuerza. Por otra parte, nos quedan tres días de sesión. ¿Se podrá sacar? Otra: cómo dictaminarla, pues no sé si se previó que las cinco comisiones en las que se encuentra deben dictaminarla”, dijo Beatriz Paredes.
Para incomodidad de Rojas, la cenecista soltó: “¿Ya se midió el impacto político, sobre todo en procesos electorales, en el proceso que viene?”. Se refería a la elección del 4 de julio en el Estado de México.
La secundó Gerardo Sánchez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina: “¿Se pretende aprobar en forma apresurada? Hay que tener cuidado: recordemos lo que nos sucedió con la reforma laboral (sepultada por la oposición luego de que se pretendió dar un albazo)”. El tamaulipeco Carlos Flores Rico se manifestó en el mismo sentido. Para apaciguarlos, Claudia Ruiz Massieu, quien elaboró el predictamen con Navarrete, aclaró que llevaban “mucho tiempo trabajando” en él.
Fue entonces cuando Felipe Solís Acero, cercano a Manlio Fabio Beltrones, advirtió que no se trataba “de una corrección” a la minuta enviada por el Senado, “sino de una nueva ley”. Rojas, ya desesperado, argumentó que era el momento de “demostrar que hacemos todo por México… y que deberíamos hacer uso de nuestra mayoría”, cuenta uno de los presentes.
Y cuando Rojas dijo que no es experto en seguridad “pero debemos confiar en nuestros compañeros (Navarrete Prida y Ruiz Massieu)”, Gerardo Sánchez le recriminó: “Si eso ocurre, mañana miércoles no sabremos cómo procesar el tema en la reunión previa de todo el grupo parlamentario”. Solís Acero remachó: “No podemos hablar de lo que no conocemos”, ya que en ese momento ninguno de los legisladores priistas tenía el documento.
La diputada y secretaria general de la dirigencia nacional del PRI, Cristina Díaz, les recordó: “Debe estar el PRI unido, platicar con el Senado para mantenernos unidos hasta el 2012, la elección presidencial”. Rojas replicó: “Pero si nosotros siempre sacamos lo que el Senado nos manda”.
Para zanjar el tema de momento, el predictamen llegó en la media noche del martes 26 al correo de cada legislador priista; y en el Consejo Consultivo se acordó no abordar el tema en la reunión previa del miércoles 27 de abril.
Objeciones de la Sedena
El mismo martes 26 llegaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) las seis modificaciones a la iniciativa de ley propuestas por la oposición. Tres se consideraron inaceptables.
Según apuntes en poder de Proceso, la primera es la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en actos relacionados con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o social. La posición de la Sedena es que debe hacerse la excepción cuando dichos movimientos sociales constituyan una amenaza a la seguridad.
La dependencia desaprobó igualmente la propuesta de especificar que la información para generar inteligencia se recabe con medios y procedimientos lícitos, aunque sí aceptó la acotación de que dicha labor se realizara con respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
El otro punto inaceptable para la Sedena es que “sólo a ellos” se les mencionara explícitamente como los que, en caso de cometer un ilícito, serán perseguidos y sancionados por los tribunales competentes, no así los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República o del propio Cisen. El argumento de la dependencia es que toda la autoridad jurisdiccional debe regir su actuación y sus acciones se sujetan a la revisión de una autoridad superior.
Para entonces aún se esperaba que estas inconformidades pudieran discutirse. Sin embargo, el martes 26 y el miércoles 27 se presentaron en la Comisión de Defensa Nacional el poeta Javier Sicilia; el sacerdote José Alejandro Solalinde; el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; la familia Lebaron de Chihuahua y Eduardo Gallo y Tello, así como Ricardo Sepúlveda, del Observatorio Nacional Ciudadano; Karime Suri, de Incide Social; Ignacio Suárez Huape, de la Red por la Paz y la Justicia; y Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Todos les recriminaron a los diputados que se pretendiera votar una “ley criminal” para sistematizar la violencia y no la paz. Señalaron que si aprobaban los cambios serían considerados “traidores” a la ciudadanía. El padre Solalinde incluso les advirtió que la sociedad está organizada y que ellos están dispuestos a dar la vida por defender sus derechos.
Encontronazo panista
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