¡¡Exijamos lo Imposible!!Fracasados
Por Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.- Francisco de Quevedo
El quinto día del “Diálogo por la Seguridad” reveló uno de los aspectos fundamentales del fracaso de la lucha o “guerra” contra el crimen organizado y los poderosos cárteles de la droga mexicanos: su estructura financiera no ha sido tocada ni con el pétalo de un citatorio. En efecto, representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pusieron de manifiesto que las exorbitantes ganancias del narcotráfico, estimadas en varias decenas de miles de millones de dólares al año, están a salvo ante las fallas del sistema judicial y financiero del país. En palabras sencillas, la Ley de Extinción del Dominio es un rotundo fiasco.
Reunidos en el Campo Marte, el ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, y la crema y nata del Poder Judicial, encabezados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se lanzaron culpas, reproches, recriminaciones en torno a los asuntos de fondo del porqué el crimen organizado no ha podido ser abatido y su estructura operativa, comercial, financiera y armamentista se ha fortalecido a grados extremos que ponen en peligro la viabilidad del estado y la gobernabilidad del país. En este punto, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció, otra promesa más, que alista una iniciativa de Ley que permita superar los escollos en la aplicación en la mencionada Ley de Extinción de Dominio, la cual no ha sido plenamente aplicada, debido a la complejidad de su ejecución.
Durante ese ejercicio quedó claro que la responsabilidad del fracaso en que se convirtió la Ley de Extinción de Dominio es compartida, toda vez que fue propuesta por el Ejecutivo; analizada, discutida y aprobada por el Legislativo; y mal aplicada por el Judicial, incluso la “tremenda corte” dio a conocer que tan sólo se ha aplicado en unos 10 casos, en hechos por supuesto ni siquiera relevantes o que hayan representado algún tipo de sangría financiera para los grandes capos.
El deslinde de responsabilidades en torno a este grave fracaso lo inició el propio convocante, es decir Felipe Calderón, quien ha mostrado oídos sordos a las críticas, a los señalamientos, a las acusaciones contra miembros de su gabinete, a las denuncias de complicidad de funcionarios con organizaciones criminales, a las demandas de cambiar de estrategia o de, al menos, armar alguna que rinda resultados concretos, visibles. El inquilino de Los Pinos, como si no tuviera ninguna competencia en el asunto, acusó que “la debilidad institucional” es el principal problema que se debe resolver en materia de justicia. También dijo a los integrantes del Poder Judicial que uno de sus mayores retos es evitar que sean presas de las amenazas, de la intimidación y de la cooptación por parte de la delincuencia.
Para el michoacano seguramente es fácil hacer señalamientos de este tipo, cuando cuenta con un impresionante equipo de seguridad constituido por cientos de elementos de la Policía Federal, del Ejército, del Estado Mayor, que lo cuidan paso a paso, en todas las áreas en que se mueve dentro del territorio nacional y que le han recomendado reducir al mínimo su movilidad física y concentrarse en la Residencia Oficial de Los Pinos. Para los jueces, para los ministerios públicos, para los agentes del orden, para los policías, para los marinos y soldados rasos la historia es totalmente distinta, pues están abiertamente expuestos a los ataques del “enemigo”, en está estúpida guerra contra los cárteles de la droga, que nunca debió haber sido declarada, no sólo porque es ilegal e inconstitucional sino porque sólo sirve a los intereses de las mafias que controlan el tráfico y consumo de drogas en Estados Unidos y a quienes les beneficia las batallas en México, pues les permite regular a su conveniencia el mercado de los estupefacientes.
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, también siguió con el “lavado de manos” ante el fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico, al acusar que el nuevo sistema de justicia penal, que entre otras cosas contempla la implementación de los juicios orales —que por cierto, fueron implementados para atender delitos del fuero común y no del orden federal, como los relacionados al crimen organizado y el narcotráfico— está presentado fallas en aquellos estados donde ha comenzado a aplicarse. El cuestionado titular de la PGR denunció que la reforma judicial, cuyo objetivo es lograr una justicia más pronta y expedita, en los hechos, en las entidades donde se ha establecido, no ha obtenido los resultados esperados contra el crimen organizado.
RIESGO DE MAYOR CRIMINALIDAD
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