¡¡Exijamos lo Imposible!!Una respuesta política a una arbitrariedad política
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de agosto (GOBIERNO LEGITIMO DE MEXICO).´-La decisión de los integrantes del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de seguir calculando las pensiones de aquellos que eligen jubilarse por la antigua Ley del Seguro Social sobre un máximo de 25 salarios mínimos no resuelve el problema de fondo, afirmó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.
Es una respuesta política a una arbitrariedad política y, como tal, puede cambiar cuando el escándalo se apacigüe. “Tan es así que simultáneamente la Suprema Corte comunicó que su repudiada jurisprudencia sólo se aplicará en caso de un litigio”, puntualizó.
Luego de que los ministros de la Corte resolvieron que el monto de la pensión tendrá un tope máximo de 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, recordó que fue precisamente el IMSS que se había negado a calcular las pensiones del antiguo régimen sobre la base de hasta 25 salarios mínimos y dicha negativa llevó a la Suprema Corte a expedir su jurisprudencia.
Sin embargo, dejó en claro que “el Consejo Técnico no tiene la facultad de tomar decisiones por encima de la ley ni echar para abajo las jurisprudencias. Es decir, es posible que más adelante el IMSS vuelva a calcular las pensiones sobre los 10 salarios mínimos. En este caso vuelve a regir la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte si alguien presenta un litigio”.
La secretaria de Salud subrayó que el problema de fondo es, “como se señaló insistentemente por el PRD y los expertos al aprobarse la nueva Ley del Seguro Social en 1995, que el costo de transición de la ley es muy alto para el gobierno”.
De esta manera, “no es casual que ahora se intenta ayudar a la Secretaría de Hacienda a disminuir la carga fiscal de estas jubilaciones, cuando muchos de los que cotizaban al IMSS antes de la entrada en vigor de la nueva ley empiecen a jubilarse”, aseguró.
Pero a todas luces “es un ejemplo más del manejo arbitrario de las leyes en función de las coyunturas políticas y económicas que destruye la división de poderes de la República”, enfatizó.
Cabe recordar –sostuvo— que los principales beneficiarios de la reforma de 1995/97 son los grandes grupos financieros y sus Afore y aseguradoras al constituirse el régimen de capitalización individual con administración privada.
Debe quedar claro que los que empezaron a cotizar al IMSS después de junio de 1997 no tienen ninguna garantía respecto al monto de su futura pensión ya que depende exclusivamente del monto ahorrado una vez que las Afore hayan cobrado sus jugosas comisiones de 1.18 al 1.96 por ciento anuales sobre este monto.
El rendimiento real, explicó, de los ahorros de los trabajadores ajustando por la inflación es negativo y las pensiones resultarán mucho más bajas que con el antiguo régimen, incluso en muchos casos el gobierno tomará dinero de nuestros impuestos para completar la “pensión garantizada” de un salario mínimo.
Asa Cristina Laurell afirmó que los responsables de la actual situación son el PRI, que forzó la aprobación de la nueva Ley del Seguro Social para cumplir las condiciones de los préstamos del Banco Mundial, y el PAN, cuyo gobierno la aplica a modo.
También es de recordar que el magistrado Sergio Valls fue el director jurídico del IMSS justamente durante el periodo de elaboración y aprobación de la ley. “Entonces como hoy el argumento esgrimido fue que los cambios eran necesarios para salvar al IMSS. Y mientras tanto esta gran institución social se hunde cada día más”, abundó.
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