¡¡Exijamos lo Imposible!!Porrazazo de la Corte
Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
Infames percepciones a pensionados
Determinaciones contra ciudadanos
Eliminan competidores del “Chapo”
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder”.- Montesquieu
Muchas cuentas tienen que presentar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus desacertadas decisiones en asuntos de importancia trascendental para el país y los trabajadores mexicanos. Los togados iniciaron formalmente su segundo periodo ordinario de sesiones con el reconocimiento de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, de que la difícil situación que atraviesa la nación, de inseguridad y crisis económica particularmente, harán más difícil la encomienda que tienen. Sin embargo, no hizo ninguna mención a su propia contribución a las crisis sociales desatadas por su atraco a las pensiones de trabajadores inválidos y pensionados, por su protección a funcionarios implicados en el sinistro que derivó en la muerte 49 infantes de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; ni en el robo a las arcas nacionales que representa la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el proceso de privatización de esta industria estratégica, independientemente de otras decisiones, como el anatocismo con el que le dieron carta blanca a los banqueros para el hurto y el abuso.
Al regresar de dos semanas de vacaciones, en el Salón de Plenos de la SCJN, Mayagoitia sostuvo que “México anhela vivir en paz”; dijo que a través del máximo órgano de Justicia del país “tendremos la oportunidad de contribuir a la solución ordenada y civilizada de los conflictos que se nos plantean, con la firme convicción de que nuestra labor contribuye señaladamente a la convivencia armónica de los mexicanos”. Nada más lejano a esas rimbombantes declaraciones, son las determinaciones que ha tomado la “tremenda corte” en asuntos de vital importancia para el pueblo de México. En primer lugar cabe recordar que su última “gran decisión”, tomada el pasado 9 de junio, fue determinar por jurisprudencia que el tope para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada debe reducirse a los trabajadores de 25 a 10 salarios mínimos a quienes se jubilen con la Ley de 1973.
Ante los efectos de tal decisión y en un intento por frenar sus efectos, los funcionarios del ramo se aprestaron a señalar que no habrá ninguna alteración en las pensiones de quienes ya se encuentran jubilados y que tal fallo será aplicable para quienes ya están a punto de retirarse del campo de trabajo. Sí ya de suyo la paga que reciben los pensionados no les alcanza para mantener cercanamente el nivel de vida que sostenían durante la etapa productiva, entregar la tercera parte de las percepciones a quienes ya entregaron años y años de labor a empresas o al gobierno es una acción ofensiva, nefasta, inhumana, incomprensible… sin madre. Y es que en otros países, en esos que quiere Calderón igualar en sus insomnios etílicos, tantos los jubilados como los pensionados cuentan con ingresos que les permiten no sólo mantener su estatus económico de vida sino vacacionar, ahorrar, terminar sus días dignamente. En el nuestro, llegar a viejo y pretender obtener reconocimiento económico por el tiempo trabajado es una utopía.
Dicha resolución afecta a, cuando menos, un millón de pensionados, según datos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que teme que tales afirmaciones no se respeten. Su impacto es de tal magnitud, que las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD pidieron a los ministros que modificaran el fallo sobre las pensiones del IMSS. Los perredistas reprobaron que no se respete ni la Constitución ni la Ley del Seguro Social. La resolución pone en entredicho al Poder Judicial debido a que se trata de un gigantesco despojo a los trabajadores, realizado por los togados que en lugar de ejercer sus facultades de equilibrio de poderes frente a los excesos del Ejecutivo Federal actúan como si el inquilino de Los Pinos fuera su patrón.
Así se han conducido también en el caso de los ex trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro que dejó en la calle a más de 45 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. En este hecho, es evidente que los ministros respaldaron las intenciones de Felipe Calderón para la privatización de la industria eléctrica y la entrega de la fibra óptica a Televisa y Telefónica Movistar, lo que también contribuye a los esfuerzos de la administración federal para acabar con los contratos colectivos de trabajo y con los sindicatos, como lo ha denunciado persistentemente el dirigente Martín Esparza.
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