Otro fracaso fecalero "su diálogo"

¡¡Exijamos lo Imposible!!
El trancazo
Luis Javier Garrido

Los graves problemas del país no dejan de crecer, pero el gobierno de Felipe Calderón insiste en seguirlos agravando, al tiempo que prosigue su campaña mediática de amedrentamiento de la gente con vistas al 2012.

1. Los llamados Diálogos por la Seguridad, organizados por el gobierno a puerta cerrada en Los Pinos como parte de su estrategia política y mediática, han proseguido pese al fracaso estrepitoso de sus dos primeras sesiones, y como era de suponerse, las dos más recientes no han contribuido más que a continuar exhibiendo el fracaso de la llamada “guerra contra el narco”. Lo menos que se ha dicho es que la violencia y el baño de sangre en el que el gobierno ha hundido a México fracasó por completo si su objetivo era en realidad luchar contra “el crimen organizado”, y que dichos “diálogos” no buscan más que objetivos políticos.

2. Los objetivos de los tales “diálogos” fueron evidentes desde un principio, pues lo que buscaban los panistas era a) desviar la atención de los grandes problemas nacionales, b) tratar de diluir la responsabilidad oficial por los crímenes cometidos en esta “guerra” y, al mismo tiempo, tornar corresponsables (o cómplices) de estas políticas oficiales a otros actores y fuerzas políticos con el argumento perverso de que quien no respalda las acciones de Calderón y de sus amigos está coludido con el crimen organizado y, en consecuencia, c) legitimar el escenario de violencia e ilegalidad en el que Calderón ha hundido al país por meros intereses de facción.

3. La intentona de la extrema derecha en el poder de comprometer a otros actores en sus políticas delirantes de supuesta lucha contra el narco, aceptadas no como acciones del gobierno panista sino como políticas de Estado –y por lo mismo legales e institucionales–, fue acaso el aspecto más perverso de la intentona fallida de Calderón, que muy pronto quedó desenmascarada.

4. Las sesiones de Felipe Calderón en el Campo Marte con los dirigentes de los partidos el martes 10, con los ministros de la Suprema Corte el miércoles 11 y de ayer con los gobernadores, se saldaron no tan sólo por la insistencia de buena parte de los invitados en que fracasó la estrategia oficial, en que ésta se halla fundada en acciones completamente anticonstitucionales e ilegales y en que deben legalizarse las drogas.

5. La respuesta más contundente a la exigencia delirante de Calderón de instaurar una “unidad nacional” en torno a él y a “su guerra” se la dio Beatriz Paredes (presidenta nacional del PRI) en la mesa del 10 de agosto, quien le recordó que su “estrategia” tiene objetivos de política partidista, por lo que ninguna fuerza social ni política puede contribuir a un escenario construido “con fines mediáticos y electorales”. Es muy difícil llamar a la construcción de acuerdos y consensos –les recordó a Calderón y a sus colaboradores– cuando su gobierno ha estado generando un ambiente “de descalificación y de polarización”, con palabras que, como era de suponerse, suscitaron la ira de Los Pinos, desde donde se empezó a orquestar una campaña más, tras el trancazo recibido, precisamente para descalificar en los medios a los partidos vituperándolos y señalando que carecen de propuestas.

6. La llamada “guerra contra el narcotráfico” ha sido un gran crimen contra la nación, que se ha manifestado como una serie de acciones descabelladas que han hundido al país en la más absoluta ilegalidad. La “guerra” librada por Calderón instaura un escenario de violación impune, continua y permanente de las garantías individuales por parte de las fuerzas militares, navales y policiales. No sólo hace actuar a las fuerzas armadas en abierta violación a la Constitución, en funciones que no tienen, sino que violenta las autonomías de los estados y las libertades municipales, fundamento de la organización constitucional de la República. Y por si fuera poco, pervierte por completo los procesos judiciales y torna inexistentes las garantías de seguridad jurídica. Instaura, en suma, un Estado de ilegalidad, como reconocieron el día 11, durante un simposio, Diego Valadés y otros juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=opinion&article=020a2pol