Descriminación, exclusión y marginación

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Llama al gobierno mexicano a resolverlo con base en la verdad
Pide la OMCT revisión minuciosa del caso de 3 indígenas presas ilegalmente

Están acusadas de secuestrar a seis afis

El juicio, injusto, considera
Mariana Chávez
Corresponsal

Querétaro, qro., 3 de agosto. El secretariado internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, hizo ayer un llamado al gobierno mexicano y a las autoridades judiciales correspondientes para que analicen minuciosamente el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial y otras dos mujeres sentenciadas por el delito de secuestro de policías federales, ante las graves irregularidades.

La OMCT llamó a las autoridades mexicanas a resolver este caso con base en la verdad y conforme a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana y en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, que México ha firmado y ratificado.

En México, organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacaron ayer, en el tercer aniversario de la detención y encarcelación injusta de las indígenas, que se revise el caso apegado a derecho y tomando en cuenta todas las agravantes, porque lo que se ve es que hay impunidad en este caso.

La OMCT expresó su preocupación por la integridad física y sicológica, así como por su situación jurídica, de Jacinta Francisco Marcial, indígena ñañú sentenciada a 21 años de prisión y acusada del delito de secuestro en contra de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Considera que Jacinta fue sentenciada en medio de un juicio injusto, pues el delito de secuestro nunca existió ya que las pruebas que se encuentran en el expediente no poseen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad.

La OMCT refiere que teme que el nuevo desahogo de las pruebas y las diligencias judiciales pendientes podrían alargar el pronunciamiento de la nueva sentencia.

Destaca también su preocupación por la situación jurídica y personal de las también ñañús Alberta Alcántara y Teresa González, detenidas por los mismos hechos y sentenciadas el 19 de diciembre de 2008 y el 19 de enero de 2009, respectivamente.

Esta organización consideró que los casos de las tres mujeres son sintomáticos de la vulnerabilidad de los indígenas, en particular de las mujeres indígenas, quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de discriminación, exclusión y marginación del sistema de justicia mexicano.

De acuerdo con el organismo internacional, las anomalías detectadas en el proceso judicial de las tres mujeres son: los agentes, que han denunciado ser víctimas, también han fungido como investigadores y testigos en el caso, lo que no puede ser utilizado como fuerza probatoria.

Otra es que el Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Querétaro, encontró contradicciones sustanciales, imprecisiones e incongruencias en la versión de la parte acusadora, pero en lugar de liberar a Jacinta ordenó la reposición del juicio.

De igual forma destaca que el juez que lleva el juicio aceptó como prueba la fotografía de un diario local que da cuenta de un incidente entre lugareños de Santiago Mexquititlán y los agentes, en la que aparece Jacinta, además de que la sentenciada no contó con un traductor en el momento de su detención y declaración preparatoria.

Sin embargo, Arturo Sigala Páez, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la entidad, aseguró que Jacinta Francisco Marcial es apoyada con dos traductores bilingües durante los careos.

Aunque sus familiares denunciaron de forma reiterada que ningún organismo gubernamental los apoyó y escuchó su demanda de que intervinieran para que fuera liberada, Sigala Páez indicó que la comisión los apoyó desde la detención de la acusada con el abogado del área jurídica de este organismo.

Agregó que esta instancia no cuenta con defensores de oficio, pero aseguró que para el caso de Jacinta Francisco el abogado de la institución acompañó a los abogados que en un principio contrataron los familiares de la indígena, pero lamentablemente éstos pronto las abandonaron.

Señaló que a petición del Ministerio Público Federal, la comisión entregó un estudio antropológico sobre Jacinta, mediante el cual determina que la acusada aprendió su lengua natal, que es el ñañú, e incluso cuando fue detenida, hace tres años, hablaba 20 por ciento español.