MATANZA
Senador Pablo Gomez
La matanza de la Plaza de las Tres Culturas será inolvidable durante muchos años. Por tanto, será también conmemorable. Pero no se trata de un ritual sino de un derecho a la memoria. Y algo más: es el derecho a la verdad, pues la masacre sigue impune, no existe una verdad legal y el poder no ha reconocido su responsabilidad institucional.
El 2 de octubre no debe olvidarse porque la causa de los estudiantes de entonces sigue vigente, no obstante los avances en la lucha por la democracia en nuestro país.
Existen aún presos políticos, se realizan desapariciones impunes por parte de autoridades, no hay televisión abierta, no existe diálogo público con casi ningún movimiento reivindicativo, no existen varias libertades democráticas, entre ellas, la sindical. En cuanto a la democracia política como tal, no hay derecho de referéndum ni de plebiscito mientras que el juicio político que demandaron los maestros de entonces sigue sin tener existencia en los hechos.
La democracia mexicana es muy precaria después de 40 años de lucha continua lo que nos obliga a mantener muy en alto la proclama de aquellos jóvenes que en 1968 murieron víctimas del despotismo.
Sí, la masacre de Tlatelolco es también un símbolo, pero ¿de qué? Lo es del uso ilegal de la fuerza, del atropello de los derechos humanos, del uso del poder de las armas para matar inconformes. No lo es del sacrificio, pues quienes fueron asesinados no asistieron a un combate ni abrieron sus brazos para ofrecer el pecho a los agresores. Los caídos estaban indefensos y buscaban huir del lugar. Cualquiera pudo haber caído.
Los poderes federales siguen encubriendo a los asesinos, obstruyendo la justicia, despreciando a los denunciantes, ofendiendo la memoria, rehuyendo su responsabilidad institucional. El Estado debe asumir la masacre no sólo como un hecho histórico –lo cual tampoco ha hecho— sino como un abuso de poder.
Honrar la memoria de los caídos es recordar el despotismo del cual venimos y al cual no queremos regresar. Y, también, recordar que el programa democrático está vigente.
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