Martí Batres Guadarrama
Objeciones de la Memoria
31 de octubre de 2008
Politizar la justicia sale caro
El uso político de las instituciones en contra de adversarios políticos le ha salido muy caro al país. Igual de grave es que el cártel de los Beltrán infiltró a la SIEDO desde 2004.
La responsabilidad de José Luis Santiago Vasconcelos en el caso —creador y primer titular de la SIEDO— es plena, no única. A él reportaban los mandos corrompidos: el coordinador general técnico de la dependencia, Miguel Colorado, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica, Fernando Rivera.
Si el principal responsable de esa Subprocuraduría no sabía lo que hacían sus más cercanos, muy malo. Si lo sabía, peor, por las implicaciones y porque es poco creíble que dos personas crearan en la SIEDO esta red informativa durante tanto tiempo sin ser exhibidos.
¿Por qué Santiago Vasconcelos no los descubrió? Porque él, junto con el ex procurador Rafael Macedo de la Concha, el ex subprocurador de Investigaciones Especiales en Delitos Federales, Carlos Vega Memije, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, y otros, abandonaron sus responsabilidades principales para acatar la orden presidencial: detener a AMLO a como diera lugar.
En vez de dedicarse tiempo completo a frenar el crecimiento exponencial del narco en el país, en 2004 Santiago Vasconcelos hostigó a funcionarios del gobierno del Distrito Federal e incluso a periodistas, a quienes hizo declarar en la PGR por cualquier tontería. Su persecución se acrecentó tras la filtración del video de Gustavo Ponce ,en Las Vegas. Ese 16 de abril la emprendió en contra de López Obrador y Bernardo Bátiz, a quienes inició una averiguación previa por delitos contra “la administración de la justicia”.
La motivación real de su “nuevo” encargo se evidenció cuando el 13 de mayo del mismo año declaró: “No es delito el que varias personas se hubieran confabulado para obtener y difundir con fines políticos los videos realizados por Carlos Ahumada”. Luego vino la historia de El Encanto, El Encino y la solicitud de desafuero en contra de AMLO, investigación que fundamentó en 35 notas periodísticas: ocho de Reforma, 23 de La Crónica y cuatro de EL UNIVERSAL.
Usar políticamente las instituciones rompe el principio de imparcialidad, sí, pero en este caso alentó a las bandas de narcos en el país. Todo para frenar a AMLO. Santiago Vasconcelos debe rendir cuentas. El narcotráfico creció porque los encargados de perseguirlo usaron los aparatos de Estado para acosar a su opositor y conservar el poder a cualquier precio. La responsabilidad criminal de Fox, Santiago Vasconcelos y todo ese grupo político es total.
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