¡¡Exijamos lo Imposible!!Estado de sitio
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 16 de marzo.- Un ominoso escenario respecto a la defensa de los derechos fundamentales se configura en el país. El pasado 9 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio carta blanca a la Procuraduría General de la República (PGR) para negar de manera unilateral y discrecional cualquier información solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente se encuentra en un proceso de intenso cabildeo a favor de una nueva Ley de Seguridad Nacional que asegure la militarización del país y la suspensión de nuestras garantías de manera indefinida. En el Distrito Federal, la situación no pinta mucho mejor, ya que el pasado día 9 la Secretaría de Seguridad Pública local inició un programa para detener y revisar de manera discrecional a cualquier auto “sospechoso” que circule en zonas específicas de la ciudad.
Los pasados 8 y 9 de marzo, el gobierno mexicano fue duramente cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el comunicado emitido por las organizaciones civiles que asistieron al encuentro, dicho comité exigió la eliminación de las figuras de fuero militar y arraigo, y manifestó terminantemente su inconformidad con la militarización del país. También reprobó la permanencia de la tortura en México y el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Otro informe devastador acerca del desempeño del sistema de justicia fue dado a conocer recientemente por el Centro Pro Juárez. El título del informe lo dice todo: Sociedad amenazada: violencia e impunidad, rostros del México actual. En su informe correspondiente a 2009, Amnistía Internacional también reprueba al Estado mexicano. Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un importante estudio titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México. Y a finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano en las cuales denuncia tanto los efectos nefastos del fuero militar como la total irresponsabilidad de las autoridades en Ciudad Juárez.
Pero todos estos esfuerzos por documentar los excesos gubernamentales no quitan el sueño a nuestras autoridades. Siguiendo el ejemplo de Salinas, optan por no ver ni oír las imparables críticas, e insisten en la “necesidad” de suspender las garantías básicas de los mexicanos. El aval implícito del gobierno de Estados Unidos a esta estrategia también permite que la situación siga agravándose.
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