¡¡Exijamos lo Imposible!!Gobierno queretano intercede por indígenas presas
El gobernador José Calzada Rovirosa solicita el apoyo del Senado de la República para analizar el tema
Juan José Arreola
El Universal QUERÉTARO, Qro.
Domingo 14 de marzo de 2010
El gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, y el Congreso del estado coincidieron en interceder, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que las queretanas otomíes presas, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, obtengan su libertad.
El mandatario estatal, José Eduardo Calzada Rovirosa solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, "realizar los estudios jurídicos pertinentes que permitan el esclarecimiento de los hechos y se alcance la verdad genuina, para una real y auténtica impartición de justicia".
De igual manera, el gobierno del estado informó que Calzada Rovirosa también solicitó el apoyo del Senado de la República para analizar el tema de las indígenas queretanas, solicitándole específicamente "la creación de una Comisión Especial para que se analicen los hechos y que el Senado coadyuve en la solución a esta injusticia".
De acuerdo al parte informativo difundido este domingo por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno queretano, Calzada Rovirosa expresó la "justificada preocupación", respecto a la situación que enfrentan las indígena, pues a pesar de ganar un amparo que ordenó reponer el procedimiento, "fueron finalmente sentenciadas en forma por demás injusta a 21 años de prisión".
El gobernador informó al Ministro de la SCJN de que a la fecha, la defensa de las indígenas ha interpuesto apelación de la sentencia, ante el Tribunal Unitario de XXII Circuito, expresando en ella todos y cada uno de los agravios que las indígenas sufrieron durante el procedimiento, "haciendo notar las incongruencias y la insuficiencia probatoria en perjuicio de las mencionadas Alberta y Teresa".
Ambas mujeres, junto con Jacinta Francisco Marcial, fueron sentenciadas a 21 años de prisión, acusadas de haber secuestrado a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
No obstante, Jacinta obtuvo su libertad desde octubre pasado, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) no encontrara pruebas suficientes para ratificar su culpabilidad.
elc /fml
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