¡¡Exijamos lo Imposible!!
PEMEX: MENTIRAS
por José Luis Piñeyro
A estas alturas del tiempo político nacional, el inicio del pospuesto debate sobre la reforma petrolera de Calderón requiere de una recapitulación de las verdades a medias o mentiras puras sobre tal propuesta difundidas tanto por la campaña mediática para aprobarla como por voceros intelectuales.
No es cierto que Pemex “no se privatiza, sino que se fortalece”, como afirma el repetitivo mensaje gubernamental. Sí se privatiza en actividades que conforman la industria petrolera como son la exploración, la perforación y la extracción del petróleo y su refinación, transportación, almacenamiento y venta de los derivados del mismo.
No es cierto que ha habido suficiente discusión sobre dicha reforma, como afirmó Calderón. Sí ha habido profusión de caricaturas televisivas para encontrar el tesoro petrolero escondido en el mar profundo, desplegados periodísticos favorables del gran empresariado y opiniones de locutores radiofónicos y televisivos, pero eso no es discusión objetiva, plural y amplia.
No es cierto que la propuesta presidencial es legal porque no pretende modificar el artículo 27 constitucional. Sí es ilegal pues pretende modificar leyes secundarias en clara violación a la Constitución, dado que ninguna ley secundaria puede estar por arriba de sus disposiciones jurídicas. No es cierto que de aprobarse la propuesta petrolera presidencial, como afirmó Calderón, sería “una palanca de prosperidad que nos permita superar definitivamente la pobreza y garantizar la educación y la salud de todos los mexicanos”. Sí es cierto que esto es demagogia pura pues implicaría sacar de la pobreza a 55 millones de mexicanos, el desarrollo económico social pleno que no ha logrado ningún país desarrollado.
No es cierto que Pemex no tenga capacidad tecnológica para construir refinerías y dar mantenimiento y ampliar los gasoductos. Sí es cierta la irresponsable actitud gubernamental de no construir refinerías en 20 años y abandonar el mantenimiento de los ductos.
No es cierto que la toma del Congreso por el Frente Amplio Progresista es la mayor ilegalidad cometida “en democracia”, como gustan decir los transitólogos y la transitocracia. Sí es una ilegalidad mucho mayor que los diputados y senadores, frente a la inconstitucional iniciativa presidencial, no cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, iniciativa ilegal, ilegítima y antinacional.
No es cierto que Pemex necesita el tipo de autonomía técnica y administrativa propuesta. Sí requiere de una en la que tenga autonomía presupuestal y el Consejo de Administración no esté integrado por representantes del Presidente, sino que sean nombrados por el Congreso de la Unión y de los congresos estatales con instalaciones petroleras.
No es cierto que se va a racionalizar el funcionamiento de Pemex sin mayores cambios administrativos y sindicales. Sí es cierto que ineficiencia y corrupción van a continuar reproduciéndose al no tocar a la alta dirigencia administrativa y sindical, y a sus jugosos sueldos y prestaciones.
No es cierto que no sea un asunto de seguridad nacional y de Estado. Sí es cierto que cualquier proyecto de desarrollo económico y social incluyente, políticamente participativo y ecológicamente autosustentable pasa por que sea un organismo estatal saneado, fortalecido, con capacidad de generar valor agregado vía refinación de gasolinas e impulso a la petroquímica e integrado a las cadenas productivas que fortalezcan el mercado interno.
Para ello se requiere de una política de Estado en materia petrolera y en general energética de largo plazo. Ésta requiere de estadistas y no de un representante presidencial vendedor de ilusiones y de representantes legislativos que suponen que su elección es un cheque en blanco para aprobar cualquier iniciativa de reforma en detrimento del interés nacional público y en beneficio del interés privado nacional y extranjero, lo que va en detrimento de la mermada fortaleza y legitimidad de las instituciones del Estado.
El tipo de reforma petrolera, que no energética, es la prueba del ácido de si la transición política adquiere un contenido democrático o persiste en uno de carácter oligárquico.
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