2010, año sangriento
Jesusa Cervantes
mjcervantes@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 31 de diciembre (apro).- En medio de la narcoviolencia y altos niveles de crueldad concluye uno de los años más sangrientos del sexenio calderonista.
El aumento del crimen organizado en México ha ido aparejado de escenas cada vez más espeluznantes. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 12 de diciembre: el hallazgo de tres cuerpos mutilados en la carretera de Acapulco. El hecho no resulta novedoso de no ser porque las tres personas fueron desolladas de la parte superior del cuerpo. Como trabajo de filigrana, quienes lo realizaron hicieron cortes precisos para arrancarles la piel de la cara y, cual si se tratara de mascaras, fueron presentadas y colocadas sobre las barras de concreto de la carretera con sus respectivos narcomensajes.
Esta parte, oscura y repulsiva del narcotráfico, es lo que la población va conociendo día tras día; es lo que la autoridad y los medios de comunicación muestran. Pero del otro lado de la moneda está el beneficio que deja tanta ejecución y crueldad al crimen organizado: el blanqueo de sus ganancias, de su dinero sucio y lleno de sangre.
Las ejecuciones son producto de enfrentamientos entre diversas organizaciones criminales que, a su vez, se disputan el territorio y el mercado para la venta de estupefacientes. Si la lucha es tan cruenta es porque el negocio para los narcotraficantes vale la pena, porque la plaza es buena, porque la venta de droga les resulta gratificante. Siendo así las cosas, todo parece indicar que, a mayor violencia, mayores ganancias.
Y si las ganancias son multimillonarias, ¿por qué el gobierno no habla de ello? ¿Por qué no ataca el lavado de dinero en México? ¿Por qué ni siquiera, cuando aborda el tema, ofrece cifras creíbles? ¿Qué hay detrás del silencio y la inacción gubernamental?
Las cifras que dan el gobierno y organismos internacionales son diametralmente opuestas. Por ejemplo: de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), cada año se lavan 10 mil millones de dólares producto del narcotráfico; según la consultora internacional Mancera, Ernst and Young la cantidad asciende a 24 mil millones de dólares. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de entre 8 mil y 25 mil millones de dólares, pero para expertos independientes, como la firma estadunidense “No Money Laudering”, el lavado es de alrededor de 45 mil millones de dólares al año.
Y siendo cantidades impresionantemente, ¿por qué el gobierno no habla de esa parte que también genera el crimen organizado, porqué sólo muestra la parte escandalosa y terrible de la muerte?
Quizá el gobierno evita hablar del lavado de dinero porque, como dicen los expertos, toda la economía mexicana está inundada de ese dinero ilícito. Porque ese dinero es el que circula en casas de cambio, bancos, casas de bolsa, empresas de seguros, subastas de arte v venta de joyas, de inmuebles de aeronaves, de yates, de autos, de aparente explotación de minerales, conglomerados de medios de comunicación y, lo más novedoso, por las agrupaciones religiosas.
Y sin olvidar a los sindicatos, fideicomisos, obras de gobierno y, por supuesto, de campañas políticas. Por lo menos es lo que sostienen especialistas, como Edgardo Buscaglia.
A partir de esto, podemos entender que “los señores del dinero en México” tendrían que ser investigados, pues quizá, sin saberlo, sus grandes empresas están siendo utilizadas para lavar multimillonarias sumas de dinero. ¿Será por esto que el gobierno no habla de esa otra parte del crimen organizado? Porque si verdaderamente investiga llega hasta su propia casa pasando por todos los poderes fácticos del país.
En 2008, el gobierno federal anunció al Poder Legislativo que presentaría su iniciativa sobre el lavado de dinero, pero tuvieron que pasar dos años para que cumpliera. Apenas en agosto pasado, Calderón envió su iniciativa contra el blanqueo de dinero, pero ésta no ha podido avanzar en la Cámara, cuyos legisladores no han tenido la capacidad política para concretar la política de su jefe: el Presidente de la República.
¿O será a caso que esto es una farsa y en realidad no se pretende atacar el problema, justamente porque se podrían afectar grandes consorcios y diversos sectores de la sociedad? No lo sabemos. Lo único que vemos es que mientras el gobierno más se tarda en atacar lo que da vida al crimen organizado, su sistema financiero, las nuevas formas de lavar dinero siguen apareciendo y con altas posibilidades de que aquí en México se estén poniendo en práctica.
Por ejemplo, según la Internacional Compílanse Association, ICAM, un instituto académico con sede en Londres y que en forma asociada con la Universidad de Manchester imparte capacitación en materia de criminalidad financiera y políticas sobre el combate al lavado de capitales, la forma más novedosa de lavar dinero es a través de actividades aparentemente religiosas y que tienen representación en diversos países de Latinoamérica.
Es decir, parte del lavado de dinero se realiza en organizaciones que dicen ser religiosas Si esto efectivamente es así, entonces el gobierno de Calderón debiera incluir en su iniciativa la indagación de los recursos que “mueven” las 7 mil 554 asociaciones religiosas que existen en el país y que tienen registro en la Secretaría de Gobernación.
No es novedad que algunas membresías de carácter religioso en México no sólo se dedican al culto, sino que han participado en algunos delitos, como por ejemplo la introducción de un buen número de extranjeros al país, muchos de los cuales lo hacen con documentos que se han detectado como falsos.
Entonces, si el gobierno quiere acabar con la narcoviolencia, con el desollamiento de jóvenes atrapados por el narco, con los mutilados, descabezados y ejecutados, debe empezar por atacar esta parte de la cadena del crimen organizado: el blanqueo del dinero sucio, que por cierto, no sólo es producto de la venta de estupefacientes. También está el secuestro y tráfico de indocumentados, por ejemplo, acontecimientos que, por cierto, son con los que esta cerrando el gobierno calderonista.
