¡¡Exijamos lo Imposible!!
Transparencia a juicio
jorge carrasco araizaga
La transparencia electoral está sometida a juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los ministros que integran el pleno del máximo tribunal del país están por definir si en México un ciudadano puede gozar o no del derecho de acceder a la papelería que acredite, de forma transparente, la manera en que fueron electas sus autoridades de gobierno y representantes legislativos.
El ejercicio de ese derecho, hasta ahora inexistente en el ordenamiento jurídico del país, dependerá de la manera en que los once ministros resuelvan un amparo tramitado por la revista Proceso.
Ese medio informativo impugnó mediante ese recurso la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) para darle acceso a las boletas que acreditan la elección de Felipe Calderón como presidente de la República.
La petición se originó en la controversia y desconfianza generadas por la manera en que el propio IFE presentó los resultados de las elecciones del 2 de julio del 2006.
El semanario se propuso entonces a hacer un recuento independiente para dar certeza de que se cumplieron el principios señalados en el artículo 41 de la Constitución respecto a que la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo deben realizarse “mediante elecciones libres y auténticas”.
El cumplimiento de esa norma supone el respeto del voto público, tutelado también por el artículo 97 constitucional. Pero la actuación de la autoridad electoral –el IFE– y jurisdiccional –el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)–, mostró no sólo escasa disposición a transparentar lo ocurrido el día de las elecciones, sino el vacío jurídico en la materia.
Ante las demandas de un sector amplio de la sociedad para el esclarecimiento, ambas entidades se limitaron a hacer una aplicación ortodoxa de la de por sí limitada legislación.
La propia Corte evitó tomar una posición cuando fue requerida para que ejerciera su facultad de investigación establecida en ese artículo 97 para el caso de violación al voto público; pero el Poder Judicial y la autoridad electoral administrativa no son los únicos que han evitado transparentar los procesos electorales, en particular lo que ocurre el día de los comicios.
En un país donde históricamente el fraude ha definido la cultura política, es lógico, pero no justificable, que así ocurra. Por eso, el Poder Legislativo, que es el primer responsable en cumplir con ese requisito de un sistema democrático, es también el principal obstáculo.
En la reciente reforma electoral, los legisladores evitaron el anterior artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), ahora el 302. En su párrafo segundo, ese artículo dispone que la papelería electoral deberá desecharse una vez calificada la elección presidencial. Nada prevé sobre las peticiones de acceso a la información como la gestionada por Proceso. Y nada, tampoco, hicieron los partidos políticos para acabar con ese vacío.
Lo que discutirá la Corte difícilmente acabará en la apertura de los paquetes de la elección de Calderón, pues en el ánimo de la mayoría de los ministros parece prevalecer que el amparo de la revista tiene que ver con un asunto meramente electoral y no con el acceso a la información garantizado en el artículo 6 de la Constitución.
En cualquier caso, es de esperar que los ministros de la Corte definan algunos criterios que, sin ser ley, puedan aplicarse en materia de transparencia para futuras elecciones, comenzando con los comicios federales intermedios del próximo año.
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