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Catean más narco-residencias
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) intervinieron ayer la “finca de descanso” ubicada en el municipio de Teya y las casas de los fraccionamientos Pensiones, Francisco de Montejo y Jardines de Vista Alegre de esta ciudad, propiedad de Raquel Alvarado Torres, (a) Raquel Alatorre Correa, detenida en agosto pasado en Nicaragua
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) catearon ayer más narco-predios propiedad de Raquel Alvarado Torres, (a) Raquel Alatorre Correa, como la “finca de descanso” ubicada en el municipio de Teya y varias casas en los fraccionamientos Pensiones, Francisco de Montejo y Jardines de Vista Alegre de esta ciudad.
Con las evidencias aseguradas en Teya y Mérida, las corporaciones encargadas de combatir el narcotráfico seguramente cuentan con suficiente información para dar con más integrantes del grupo delictivo detenido en Nicaragua.
Durante la madrugada del jueves, luego de concluir el cateo de la narco-mansión de la calle 19 No. 559 por 21 de Altabrisa, los agentes se dirigieron a la finca de descanso de Alvarado Torres, (a) Alatorre Correa, en Teya, donde se informó que aseguraron una caja fuerte vacía y diversos documentos.
Vale la pena apuntar que los agentes de la Policía Federal Preventiva utilizaron dos vehículos de los cuatro que aseguraron en Altabrisa para las diligencias tanto en Teya como en Mérida: las camionetas Cherokee color azul placas GRD 5176 de Guanajuato y la Cadillac Escalade de color blanco placas ZAE 9657.
El cateo en Teya duró cerca de cinco horas y culminó con el aseguramiento de la narco-finca, varios documentos que hallaron en ella, así como la caja fuerte.
Se menciona que se aseguraron algunos libros contables, lo cual no fue desmentido ni corroborado por las autoridades federales.
Posterior al cateo en Teya, el convoy de la PGR-SIEDO-PFP se dirigió al predio 509 de la calle 72 por 13-1 de Residencial Pensiones, donde cerraron el perímetro con cintas amarillas y colocaron varias patrullas a la entrada de la calle clausurada.
Uno de los agentes que intervino comentó que Raquel Alvarado Torres tenía preferencia en adquirir inmuebles situados en calles cerradas o privadas, con el fin de observar el movimiento de entrada y salida de vehículos.
El cateo concluyó a las 12 del día; en el lugar los agentes aseguraron varias cajas y documentos.
Luego los uniformados y el Ministerio Público Federal se dirigieron al predio 369 de la calle 50 por 55 y 53-F del fraccionamiento Francisco de Montejo, cuyas puertas abrió un cerrajero.
El inmueble de Francisco de Montejo, al igual que los otros, se encontraba abandonado; aquí la diligencia duró aproximadamente tres horas y media.
Los reporteros que acudieron a cubrir el cateo fueron replegados a 100 metros de distancia del predio intervenido, pero pudieron ver que los agentes sacaran varios sobres color manila, cuyo contenido no fue revelado.
Por último, las autoridades federales intervinieron el predio 299 de la calle 8 por 17-B de Jardines de Vista Alegre, lugar donde la diligencia duró dos horas y media.
Los uniformados también aseguraron ese inmueble.
La presencia de los uniformados en Pensiones, Francisco de Montejo y Jardines de Vista Alegre llamó la atención de los vecinos.
Como hemos informado, la célula encabezada por Raquel Alvarado Torres (a) Raquel Alatorre Correa operaba desde 2008 por toda Centroamérica y utilizaba para sus desplazamientos una flotilla de hasta 20 camionetas de Televisa, empresa que hasta la fecha no ha podido deslindarse claramente del escándalo.
Todos ellos fueron sorprendidos cuando transportaban 9 .2 millones de dólares en compartimiento secretos de las camionetas.
En su oportunidad apuntamos que resulta del todo increíble que la cúpula de ese corporativo, del que Roberto Hernández Ramírez posee el 20 por ciento de las acciones, no se hubiera enterado de esta situación y, peor aún, de que no la hubiera denunciado ante las autoridades correspondientes.
En Nicaragua hay dos expedientes abiertos: uno contra el grupo de 18 narcos y otro contra Televisa. El 9 de noviembre deberá comenzar el juicio contra los acusados de crimen organizado, transporte internacional de drogas y lavado de dinero.
(José Manrique)
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