¡¡Exijamos lo Imposible!!Ley de Seguridad Nacional
MEXICO, DF, 22 de abril (APRO).- Luego de cuatro horas de discusión, los 22 senadores integrantes de las comisiones que revisaron la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional aprobaron en lo general el dictamen que permitirá el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en contra del crimen organizado.
Sin embargo, el aval contiene una modificación sustancial al artículo 72 del predictamen, cambio que permitirá el voto a favor de la fracción del PRI y eliminar ciertas reservas del PRD.
Al filo de las 22:00, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Jesús Murillo Karam, en respuesta a la inquietud expresada por los senadores del PRD, René Arce y Pablo Gómez, y retomando una propuesta del panista Santiago Creel, propuso un modificación a la redacción del artículo 72 para que los elementos de las Fuerzas Armadas que atenten contra civiles puedan ser juzgados “en los términos de la legislación vigente y de lo establecido en los artículos 13 y 133 de la Constitución”.
La redacción final quedó de la siguiente manera:
“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieran ser constitutivas de delitos serán juzgadas en los términos de la legislación vigente y del artículo 13 y 133 constitucionales y las resoluciones emitidas por los órganos internacionales que sean vinculatorias para el Estado mexicano”.
También se modificó la redacción del artículo 77 para especificar que los militares en los operativos de emergencia deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas.
Este artículo, junto con el 76, quedó “encorchetado”, debido a las observaciones realizadas por los senadores del Partido de la Revolución Democrática.
Se acordó que el próximo lunes los senadores René Arce, Ricardo Pacheco y Alejandro González Alcocer presentarán una propuesta conjunta de redacción a estos artículos.
Buena parte de la discusión final del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional se derivó de la insistencia del PRD y de un sector de los priistas para que los militares pudieran ser juzgados por tribunales civiles si incurren en delitos contra civiles.
El senador Pablo Gómez, del PRD, insistió en la necesidad de darle congruencia a esta ley en conjunto con lo estipulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH):
“No queremos que sean delitos del orden común sino que sean delitos militares juzgados por tribunales civiles”, sentenció.
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