martes, 1 de septiembre de 2015

Una auténtica "historia de terror"

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Homozapping

No hay negociación con un extorsionador”: Aramburuzabala a López Dóriga 
Segunda Parte
Jenaro Villamil 

Texto original publicado en Revista Proceso No. 2026

Las Clausuras y los Granaderos

El desarrollo inmobiliario Abilia en la calle de Rubén Darío 225 comenzó en 2005 cuando se obtuvo el permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Distrito Federal para fusionar 5 terrenos y dar un uso de suelo de 30 niveles.

Ese proyecto original tuvo que ser modificado, ya que entre 2010 y 2012 varios vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos interpusieron siete distintas acciones legales en contra del proyecto. La única que procedió fue la interpuesta por Giulliano Lopresti y otros vecinos, con quien se firmó un convenio para reducir la densidad en un 20 por ciento y tener 50 viviendas menos, hasta completar el proyecto actual de 122 departamentos de 10 millones de dólares, cada uno.

En esas primeras reuniones con Lopresti y los habitantes de la calle de Lord Byron asistió la esposa de Joaquín López Dóriga, a nombre de los vecinos de Rubén Darío 223. Con estos vecinos se sostuvieron reuniones entre septiembre y diciembre de 2014 para aclarar distintas dudas respecto al desarrollo inmobiliario.

El 29 de septiembre de ese año, Joaquín López Dóriga publicó en su cuenta de Twitter que hubo tala de árboles que se realizó “impunemente” por la inmobiliaria de Aramburuzabala. El 2 de diciembre del mismo año, López Dóriga denunció que Abilia había falsificado permisos para derribar árboles.

Antes de estos mensajes, Adriana Pérez Romo, la esposa de López Dóriga, le advirtió a directivos de Abilia que ella estaba en contra del proyecto, que era producto de la corrupción y los amenazó con “hacer todo para parar la obra”.

Aramburuzabala recordó que sostuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver las diferencias. Inicialmente, ella afirmó que quería adquirir 3 departamentos, de 10 millones de dólares, cada uno.

Después de las amenazas y de los mensajes de López Dóriga en Twitter, el 19 de enero de 2015, se llevó a cabo un operativo con 7 camiones con 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública para clausurar la obra, promovida por la dirección de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal.

“Fue una prepotencia increíble. Arrestaron a 112 trabajadores y a 3 ingenieros que llevaron al Reclusorio Norte acusados del delito de quebrantamiento de sellos de clausura en modalidad de pandilla”, recordó Aramburuzabala.

Los obreros fueron liberados horas después con pago de multas y los 3 ingenieros pasaron un mes en el Reclusorio Norte, donde uno de ellos fue torturado y amenazado con picahielos.

La denuncia penal interpuesta por Aramburuzabala advierte que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”.

El 23 de enero, días después del operativo policiaco de clausura, Aramburuzabala solicitó una audiencia con el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, para reclamarle esta actitud. Mancera se dijo sorprendido y la afirmó que, según la revisión de los documentos, “todo está correcto” en la edificación del desarrollo inmobiliario.

Aramburuzabala le advirtió que era un asunto promovido por la esposa de López Dóriga. “Sé que él tiene el micrófono más importante del país, pero hay otros métodos”, le reclamó la empresaria.

“Tengo muchísima presión”, admitió Mancera, después de disculparse.

La esposa de López Dóriga y 2 vecinos más promovieron 2 acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) autorizó dos clausuras consecutivas, argumentando violaciones al uso del suelo, en marzo y mayo de 2015.

En medio de estas presiones de la autoridad capitalina, la esposa de López Dóriga solicitó en mayo una reunión con los vecinos del edificio de Rubén Darío 223 para promover cambios de fachadas con sombra, salida adicional de proyecto y otras obras en la zona, a cuenta de la inmobiliaria de Aramburuzabala.

El 2 de junio de 2015 se recibió otra notificación de un juez que ordena la suspensión de la obra de Abilia, ahora promovida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), dependencia que consideró que el certificado de zonificación no estaba vigente.

Dos semanas después, entró a escena el abogado Becerra Pocoroba para pedir los casi 10 millones de dólares en efectivo, en honorarios para él y en obras en la colonia para desistirse de acciones de vecinos y autoridades.

En el video les advirtió a los representantes de Abilia:

Hoy se está presentando en la Conserjería Jurídica un juicio por lesividad” y se podría volver a suspender la obra. Efectivamente, el 1 de julio llevó el juicio de lesividad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, tal como lo anunció Becerra Pocoroba.

“Hay otras rayitas que les podemos poner”, advirtió Pocoroba en esa misma reunión videograbada.

En respuesta a estos hechos, Aramburuzabala decidió contratar al abogado Javier Coello Trejo, el polémico ex fiscal de hierro de la era lopezportillista, e interponer una demanda penal.

“Para mí no hay negociación alguna con un extorsionador. A mí no me cuesta nada parar la obra, darles un departamento o ese dinero, pero ya basta de este abuso de poder. Lo primero es exponer, denunciar y perseguir legalmente estas prácticas, porque sólo cuando esto se haga, se frenará la impunidad”, sentenció Aramburuzabala.

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