De los miles de asesinatos impunes, nada

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Guatemala nos pone en Guatepior

La semana de México

La semana que termina este domingo trajo hechos reveladores de la crisis de Estado de Derecho en la que se encuentra México, y que es calificada por politólogos y especialistas en materia de seguridad, derechos humanos y transparencia como la peor en su historia moderna.

El martes 1 de septiembre, cuando tradicionalmente el Presidente, en este caso a través de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), entrega su Informe de Gobierno al Congreso y el texto del mismo se da a conocer públicamente a los medios de información y a todos los mexicanos, eso no sucedió.

Por primera vez desde 1982, cuando el entonces Presidente José López Portillo y Pacheco ordenó la secrecía de su último informe como una cuestión de Estado, pues fue donde anunció la nacionalización de la banca y el control de cambios del peso frente al dólar, un mandatario federal no difundió el contenido del documento a toda la Nación.

Esa primera irregularidad hizo pensar que el priísta Enrique Peña Nieto haría anuncios relevantes el miércoles 2 de septiembre.

Sin embargo, ese día, durante su mensaje de casi dos en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal sólo alcanzó a reconocer el malestar que han causado entre la ciudadanía casos como el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y los señalamientos de corrupción y conflictos de interés de los que ha sido objeto su administración, él mismo, su familia y sus colaboradores más cercanos.

De ahí en adelante, ni disculpas ni una promesa firme de instaurar la transparencia y de luchar contra la impunidad: todo fueron cifras alegres, buenas noticias, avances increíbles que, dijo casi al final, tienen a México a punto de pasar al umbral del desarrollo y ser parte de las 10 economías más fuertes del mundo.

De los miles de asesinatos impunes, nada. De los miles de desaparecidos, nada. De las miles de mujeres asesinadas por su condición de género, nada. De los miles de abusos a los derechos humanos, nada. De los miles de casos de corrupción, incluidos los que se achacan a él mismo, a sus amigos y al grupo político mexiquense al que pertenece, nada…

Así las cosas, un día después, llegó una noticia internacional que cimbró al mundo. La dio, además, Guatemala, un país 18 veces menor que México en tamaño, con una población de apenas 16 millones de personas, pero que, con esa información, se ha ganado ahora el respeto de millones de ciudadanos en el planeta.

El pueblo, primero, y los poderes Legislativo y Judicial lograron que Otto Pérez Molina, su Presidente hasta ese jueves 3 de septiembre, perdiera su inmunidad, renunciara a su cargo y ahora sea juzgado por participar en una red de corrupción que operaba en las aduanas de ese país vecino de México.

Por supuesto, en México y en el extranjero, las comparaciones entre lo que sucedió en Guatemala con su ahora ex Presidente y con lo que sucede en México con su Presidente, no se hicieron esperar.
El viernes, por ejemplo, el diario Financial Times, uno de los más influyentes del mundo, publicó que el caso de Pérez Molina es “una lección dramática” a países como México sobre cómo lidiar con la corrupción.

“Se trata de un extraordinario desarrollo en un país usualmente más asociado con la guerra civil, el genocidio y los traficantes internacionales de drogas. Sin embargo, Guatemala demuestra que los países pueden empezar arreglarse a sí mismos, si las instituciones judiciales cuentan con un respaldo nacional e internacional adecuado”, planteó el periódico británico.

México, sin embargo, se encuentra en un lugar medio, expuso el FT, donde no está claro que los procesos judiciales locales sean lo suficientemente robustos.

Puso como ejemplo el caso de la investigación realizada por Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a quien califica como un abogado competente, pero con una amistad demostrada con Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien también es señalado por un escándalo de presunta corrupción y conflictos de interés.

Por ello, expuso el Times, el resultado de la investigación de la SFP sobre la presunta corrupción del Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el propio Videgaray Caso no sorprendió a nadie y más bien representa una respuesta a medias, que la opinión ciudadana no se traga.

Esa es la razón, concluyó el FT, de que “México, junto con otros infames y corruptos países, seguirá sufriendo una menor inversión y un menor apoyo público como resultado”.

Es decir: Guatemala, el vecino país del sur de México, siempre minimizado por los propios mexicanos, terminó por poner la cereza del pastel a una semana donde la credibilidad del Presidente Peña se deterioró aún más.

México, pues, termina este ciclo de siete días refrendando el dicho popular, pero con asegunes: Guatemala nos pone en Guatepior.
(SINEMBARGO.MX)