MANU DORBIERER¡¡Exijamos lo Imposible!!
10 AÑOS DE LA MATANZA DE ACTEAL
Por Manú Dornbierer.- Los gobiernos neoliberales que dicen combatir la violencia, no se ocupan de la que mata a comunidades enteras mexicanas de niveles humildes.
Matanzas constantes de indígenas no son jamás aclaradas. Cientos de mujeres asesinadas y torturadas, no les importan. Sólo se ocupan del narco y de los citadinos. Hoy publico la investigación que in situ, a 4 días de la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, realizó y publicó en Internet la Comandancia General del EZLN, para la sociedad civil y como historia. Las matanzas no se olvidan.
Desde las montañas del Sureste Mexicano, Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 26 de Diciembre de 1997
Al pueblo de México
A los pueblos y gobiernos del mundo
A la prensa nacional e internacional
Hermanos:
El EZLN informa a la opinión pública nacional e internacional del avance de nuestras investigaciones sobre la matanza de Acteal, Municipio de San Pedro de Chenalhó, Chiapas:
Primero. En Acteal vivían algunos de los miles de desplazados de otras comunidades indígenas de Chenalhó. Se encontraban ahí refugiados para protegerse de las agresiones de bandas paramilitares que «toman por asalto» las comunidades que no son gobiernistas. Todos los refugiados eran indígenas tzotziles, civiles, profesaban la religión católica. Había zapatistas y no zapatistas de la organización independiente Las Abejas de Chenalhó. Ninguno de los refugiados tenía armas de fuego.
Segundo. La mayoría de los atacantes son indígenas tzotziles, pertenece a diversas comunidades del Municipio de Chenalhó, profesa la religión católica y es priísta (del PRI o del Partido Cardenista, es lo mismo). Todos los atacantes tenían armas de fuego y algunos, además, armas blancas. La mayoría de las armas largas eran del modelo AK-47, calibre 7.62 x 39. Las armas cortas o pistolas eran de modelo escuadra, calibre 22 largo rifle.
Tercero. Unos minutos antes de que se iniciara la masacre, los vehículos de los paramilitares fueron detectados por indígenas bases de apoyo del EZLN, quienes fueron a avisarles a los refugiados en Acteal para que salieran y alertaron a la Conai. Un grupo de aproximadamente 15 personas alcanzó a salir, pero el resto alegó que no podían hacerles nada porque no habían hecho nada malo y que mejor se iban a poner a rezar, en eso estaban cuando fueron atacados.
Cuarto. El 22 de diciembre al mediodía, cuando apenas se iniciaba el ataque, bases de apoyo zapatistas escucharon las primeras detonaciones y se comunicaron a la Conai para informarle de lo que estaba ocurriendo. La Conai respondió a los compañeros que se iba a avisar al Gobierno del Estado. Así se hizo. A las 12 horas del 22 de diciembre, el Gobierno del Estado recibió la denuncia de la Conai. A las 19 horas el aviso se repitió. El Gobierno del Estado dijo que todo estaba bajo control.
Quinto. El comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la Presidencia Municipal priísta de Chenalhó y de particulares.
Sexto. Todos los miembros del grupo agresor portaban uniformes de color oscuro.
Séptimo. Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores se obtuvieron con dinero proveniente del Gobierno Federal. En concreto, de la Secretaría de Desarrollo Social.
Octavo. Los paramilitares remataron a los heridos que encontraron y a las mujeres embarazadas les abrieron el vientre con machete.
Noveno. Terminado el ataque, agentes de la Policía de Seguridad Pública del Estado de Chiapas se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y «desaparecerlos» dentro de una cueva y en el fondo de un barranco.
Algunas conclusiones de lo anterior son:
1. No se trata de un conflicto religioso, tanto asesinos como asesinados profesan la religión católica.
2. No se trata de un conflicto étnico, los muertos y quienes los mataron son indígenas tzotziles.
3. No se trató de un enfrentamiento (como lo quieren presentar los gobiernos Federal y Estatal). Los muertos estaban desarmados, los atacantes tenían armas de grueso calibre. No hubo choque armado. Fue, simple y llanamente, una ejecución.
4. El objetivo era acabar con todos, que no quedaran testigos acusatorios y «limpiar las evidencias». El plan gubernamental era que el hecho no fuera del dominio público. Las autoridades primero quisieron negar la matanza, luego minimizarla, ahora quieren confundir a la opinión pública sobre el verdadero móvil del crimen.
5. Cuando el gobierno de Chiapas respondía a la Conai que «todo está bajo control» no se refería a que se iba a evitar un hecho de sangre, sino a que el gobierno era el que estaba dirigiendo el ataque.
6. El desvío de fondos federales para el financiamiento de diversas estructuras paramilitares. En la Selva, Norte y Altos de Chiapas no es ignorado por funcionarios federales y estatales. Desde 1994 la asignación de recursos económicos federales en Chiapas se realiza con un criterio político-militar; aquellos que están dispuestos a enfrentarse contra las comunidades zapatistas y contra las neutrales pueden obtener el dinero con la condición de cumplan con lo que llaman «preparación básica» y estar en absoluta disposición a responder al llamado de «los encargados» de tramitar los proyectos en Sedesol. No se trata sólo de comprar lealtades, es un verdadero reclutamiento, una «leva» para hacer la guerra gubernamental contra los indígenas... con indígenas.
7. El ataque incluyó las fases militares llamadas «de aproximación», «toma de contacto», «ataque» y «explotación del éxito», además de la de «exterminio total del adversario». Es evidente que el grupo agresor contaba con preparación militar de la que llaman «de comando especial». Sus armas, equipos y uniformes son los de una organización militarizada y revelan que se trató de una acción concertada, preparada y dirigida por personas o instancias que no participaron directamente en los hechos.
8. Los paramilitares obtienen su armamento y equipo por suministro directo de oficiales del Ejército federal, policías judiciales y, principalmente, por la denominada «Seguridad Pública del Estado», el Gobierno del Estado de Chiapas (encargado del «trabajo sucio» en esta estrategia zedillista) a su vez consigue el armamento en el mercado negro que existe entre las diversas corporaciones policiacas del país. Los policías y militares desvían las armas (que consiguen en los decomisos) para la venta clandestina, y se las venden a terratenientes, guardaespaldas, gobernadores, presidentes municipales y «gente importante». Se trata de un auténtico «lavado de armamento». Son armas «sucias» o «negras», llamadas así porque ya fueron usadas en la comisión de algún delito, que se «lavan» vendiéndolas a los poderes regionales o locales.
9. El ritual sangriento de abrir el vientre de las mujeres embarazadas muertas y exhibir como trofeo su contenido, forma parte de las «enseñanzas» que militares guatemaltecos (de los llamados «kaibiles») impartieron a sus similares mexicanos a raíz del alzamiento zapatista. Después del 1o. de enero de 1994, el Ejército guatemalteco ofreció a su par mexicano «asesoría y preparación» en lucha contrainsurgente. Un grupo selecto de oficiales del Ejército Federal tomó el curso «kaibil»’. Desde entonces nuevos grupos son preparados en el vecino país.
10. Las víctimas no fueron escogidas al azar. Se eligió el lugar, fecha y hora del crimen para que los destinatarios del sangriento mensaje lo recibieran y entendieran bien. Los destinatarios son las comunidades indígenas rebeldes y el mensaje es «nada vivirá que sea independiente del gobierno».
11. El Gobierno mexicano finge al llamarse a sorpresa por la matanza de Acteal. Por medio de la prensa y la televisión privada nacionales, la tensa situación que se vivía en los Altos y Norte de Chiapas en semanas previas a la masacre de Acteal fue del dominio público. El crimen de los 45 indígenas fue advertido a tiempo.
12.- Desde el inicio del deterioro y crisis de la situación social en Chiapas, producto de la estrategia contrainsurgente gubernamental, el CCRI-CG del EZLN orientó a sus bases de apoyo para que evitaran en todo momento, y aun a costa de perder sus pocas pertenencias, el enfrentamiento con otros indígenas. Para nosotros fue claro que el propósito gubernamental era y es que mudáramos de enemigos y nos enfrentáramos a otros indígenas. Por eso cada vez que fuimos agredidos no respondimos en forma violenta, sino que recurrimos a la Comisión Nacional de Intermediación (cuya existencia combate con toda decisión el Gobierno Federal) y a la prensa nacional e internacional (cuya labor profesional informativa molesta tanto a los gobernantes). Por ambos canales, tanto el Gobierno Federal como el Estatal estaban enterados de lo que se gestaba en los Altos de Chiapas. Una y otra vez, la prensa nacional publicó reportajes documentados sobre las señales que ahora se leen con claridad en la sangre de Acteal. A las notas periodísticas profesionales el Gobierno Estatal respondió con inserciones pagadas, con cartas de desmentidos y con abundantes sobornos para algunos que se hacen llamar periodistas. Mientras tanto, el Gobierno Federal ni siquiera hizo eso. La Secretaría de Gobernación siguió la política del avestruz y «desapareció» siguiendo la creencia de que si no se habla de un problema, éste se soluciona. La Comisión Nacional de Intermediación, mientras soportaba agresiones gubernamentales de todo tipo, mantuvo continuamente informados al Gobierno de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación de todos y cada uno de los hechos que, ahora lo sabemos, culminarían en la masacre de Acteal.
13. Es innegable que la Secretaría de Gobernación sabía con antelación de las serias amenazas que se cernían sobre los habitantes indígenas de los Altos. Algunos periódicos de circulación nacional llevan meses cubriendo y difundiendo información que hoy ya es parte de los antecedentes históricos del peor crimen de los últimos 29 años en México. En un canal de una televisora privada mexicana se documentaron objetivamente las condiciones de persecución y hostigamiento en que viven los indígenas de Chenalhó. Todos los entrevistados denunciaron la presencia y acción de guardias blancas. No hay duda de que el secretario de Gobernación lee los periódicos, tampoco de que vio el programa. La prueba está en que protestó por el «tono parcial y tremendista» de la información televisada y vetó su repartición. Cuando lo vea de nuevo deberá recordar que algunos y algunas de los indígenas que fueron entrevistados en ese programa «parcial y tremendista» están ahora muertos, asesinados por aquellos que, como el secretario de Gobernación, se quejaron de las graves imputaciones que se derivaban del contenido del reportaje.
14. En la matanza de Acteal los gobernantes no pueden ser juzgados por negligencia, porque precisamente se habían propuesto realizar el «operativo». La negligencia está en que no supieron o no pudieron hacerlo, con discreción. Olvidaron que desde enero de 1994 la sangre indígena pesa, y la oportuna labor informativa de los medios de comunicación sacó a la luz lo que iba a quedar en una cueva y en el fondo de un barranco.
15.- Los servicios de inteligencia del EZLN detectaron rumores de los paramilitares desde mediados de noviembre de 1997. Algo se estaba preparando. A inicios de diciembre se hablaba de una acción paramilitar inminente. Nosotros pensábamos que ese «algo» era por la visita a Chiapas del nuncio apostólico. Por eso fue nuestro comunicado donde advertíamos de un posible atentado contra el señor Justo Mullor. Nos equivocamos, las víctimas iban a ser, otra vez, de abajo. Ahora lo sabemos.
16. Conforme a las evidencias encontradas, se deduce que el crimen de Acteal fue preparado con toda antelación, con plena conciencia, con la dirección de autoridades gubernamentales estatales y la complicidad de diversas secretarías del Gobierno Federal entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, la de Desarrollo Social y la de la Defensa Nacional, así como de las dirigencias nacionales y estatales del Partido Revolucionario Institucional.
17. Fracasada la política de restarle base social indígena al EZLN, los gobiernos Federal y Estatal optaron por lo que consideraron más sencillo: Aniquilar a esa base social, valoraron que el Ejército federal tendría que pagar un costo muy alto si participaba directamente en este plan. Por eso recurrieron a su estructura partidaria, botaron la «sana distancia» e hicieron uso de las estructuras organizativas del Partido Revolucionario Institucional para hacer lo que mejor saben hacer, es decir, robar y matar.
18. La guerra actual en Chenalhó no se inició en los años 30. Empezó a gestarse en agosto de 1995, cuando los gobiernos Federal y Estatal acordaron su actual estrategia antizapatista. Antes de eso, más de año y medio después del 1o. de enero de 1994, la convivencia pacífica entre grupos políticos diferentes había sido posible. Todavía hace algunos meses, las autoridades oficialistas de Chenalhó habían acordado con las autónomas respeto mutuo y tolerancia. Pero llegó la orden de «muy arriba» de acabar con los rebeldes...
19. Es completamente falso el giro que le quieren dar las autoridades que dicen estar investigando el crimen. No se trató de un conflicto religioso, tampoco de una disputa ideológica, mucho menos de un conflicto intra o intercomunitario. Esa historia de que los conflictos en Chenalhó vienen desde los años 30 es un cuento engañabobos de quienes se dicen investigadores y se las dan de antropólogos. No en los años 30, sino hace casi 30 años otra matanza de igual envergadura conmovió al mundo. Y a Tlatelolco 68 no sólo lo hermana con Acteal 97 la sangre inocente derramada. También entonces, como ahora, el gobierno hablaba de diálogo y de paz con las manos llenas de muerte.
Hermanos y hermanas: La masacre de Acteal fue una matanza y fue realizada con alevosía, premeditación y ventaja. El móvil es político, militar, social y económico. Se trata de aniquilar a los indígenas rebeldes. Los autores intelectuales están muy arriba, en los gobiernos Federal y Estatal. Los 41 detenidos son piezas menores de la complicada y sangrienta máquina de guerra contra los pueblos indios de México. Y la eliminación de piezas menores no afecta el funcionamiento de la maquinaria, simplemente se reemplazan. Para implementar el reemplazo y no para evitar que se repita Acteal 97, el Gobierno Federal está enviando nuevamente miles de soldados a tierras indias y millones de dólares a unas autoridades estatales que han descubierto que la guerra, pero sobre todo la guerra sucia, es un gran negocio.
Esto es lo que hemos avanzado en nuestras investigaciones.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
