¡¡Exijamos lo Imposible!! “Fuera Peña”
Por Ricardo Monreal Avila
La encarnizada campaña de linchamiento mediático que ha habido en estos días contra Andrés Manuel López Obrador, por haberse tomado una foto de dudoso origen y veracidad con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, tenemos que ubicarla como una respuesta del gobierno a lo acontecido el pasado domingo 26 de octubre en el zócalo de la Ciudad de México.
Ese día se efectuó la primera concentración en el zócalo del partido que preside AMLO, el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, con el propósito de exigir que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa y demandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aprobación de la consulta energética nacional.
Sin embargo, hubo un tercer planteamiento, que ha venido creciendo en los últimos días, en función de la descomposición y degradación nacional que ha exhibido la barbarie de Iguala: la renuncia al cargo de presidente de la República de Enrique Peña Nieto.
Esta demanda ha venido extendiéndose a partir de lo acontecido con los funcionarios responsables de la actuación de la fuerza pública en el municipio de Iguala. El primer nivel de gobierno directamente responsable de la actuación de la Policía Municipal es el propio alcalde, José Luis Abarca, quien ha sido señalado como uno de los autores intelectuales de la desaparición de los jóvenes estudiantes. Abarca, como todos sabemos, se encuentra prófugo y no localizable, con una orden de aprehensión de por medio.
El segundo nivel de gobierno, responsable indirecto de estos hechos, pero con obligaciones solidarias por las omisiones incurridas, es el entonces gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, hoy con licencia.
Falta entonces la sanción al tercer nivel de gobierno, que es el Gobierno Federal. Recordemos que la Federación no puede ni debe eludir su responsabilidad, así sea indirecta, en función de los siguientes indicadores: la policía municipal de Iguala se pagaba en parte con recursos federales; los uniformes, patrullas, radios y armas involucradas en la desaparición, fueron pagadas también con recursos federales; el permiso para la portación de esas armas y patrullas, con las que se perpetró el delito de secuestro y desaparición, también es de carácter federal. Así que la Federación no puede eludir su responsabilidad en este caso, así sea indirecta o en grado de omisión.
Recordemos que en casos graves de violación a los derechos humanos por parte de una autoridad, los delitos no sólo son imprescriptibles, sino también la responsabilidad es intransferible. Hay responsabilidades directas, por comisión (el caso del alcalde) e indirectas por omisión (el caso del gobernador y de la Federación).
Quienes hablan de crimen de Estado o de que “fue el Estado” el responsable de esta barbarie, se basan precisamente en que fueron autoridades del primer escalón de responsabilidad pública, que es el municipio, los que dieron la orden y perpetraron el secuestro y desaparición de los jóvenes normalistas, coludidos con un cartel regional del crimen organizado, “Guerreros Unidos”.
Por eso, en una estructura de gobierno federal, dado su carácter solidario y complementario en el ejercicio de la fuerza pública, los tres órdenes de gobierno están involucrados por actos de comisión directa o de omisión burocrática, en los hechos de Iguala.
Si el alcalde está indiciado y prófugo, si el gobernador está retirado de su encargo, la pregunta que sigue es: ¿quién responderá por estos hechos a nivel federal? ¿O no hay responsabilidad alguna que deslindar?
Para algunos, a la renuncia del gobernador de Guerrero debe seguir la consecuente del Presidente de la República. Esto fue lo que planteó ese domingo Andrés Manuel López Obrador en el evento del zócalo. Pero no lo planteó como salida única. Habló también de que podría seguir al frente Peña Nieto, pero cambiando de política económica y de política públicas. Habló de dos opciones: cambio de política sin cambio de presidente, y cambio de política y de presidente.
Sobre las presuntas relaciones de Andrés Manuel López Obrador con José Luis Abarca, y la información que se le entregó en 2012 sobre sus presuntas relaciones con el crimen organizado, habrá que decir algo: la candidatura de Abarca en ese y otros momentos no fueron decisión de AMLO, sino del consejo político estatal y nacional del PRD. Esa es la instancia donde se procesan las candidaturas.
Pero algo más, expedientes de Abarca y su esposa con el crimen organizado los tienen desde hace tiempo el CISEN, la PGR y Gobernación, y ellos sí son autoridades y sí están facultados para proceder legalmente. ¿Por qué no lo hicieron? A quién corresponde proceder en estos casos: ¿a un candidato presidencial o a una autoridad judicial?
El buscar presuntos nexos de AMLO con Abarca, es una cortina de humo para desviar la atención de lo fundamental: lo de Iguala es un crimen de Estado y el Estado mexicano en su conjunto (sus tres órdenes de gobierno) deberán responder en su momento, en cuanto se confirme que fueron masacrados, ante instancias internacionales por este crimen de lesa humanidad. Esto es lo de fondo, lo otro es distracción.
Ojalá se detenga lo más pronto posible a José Luis Abarca y a su esposa, para que digan la verdad sobre sus nexos de protección y complicidad. Es un hecho que no saldrá el nombre de AMLO como cómplice o protector.
Ahora bien, si de generar y repartir sospechas se trata, hay que consultar el Facebook del exalcalde. Allí hay fotos con políticos de todos los niveles y puestos tanto, en el gobierno del Estado como en la Federación. No hay una sola con AMLO, una vez que fue alcalde. A todos ellos habrá que preguntarles también sobre sus relaciones con el exalcalde de Iguala.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
La encarnizada campaña de linchamiento mediático que ha habido en estos días contra Andrés Manuel López Obrador, por haberse tomado una foto de dudoso origen y veracidad con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, tenemos que ubicarla como una respuesta del gobierno a lo acontecido el pasado domingo 26 de octubre en el zócalo de la Ciudad de México.
Ese día se efectuó la primera concentración en el zócalo del partido que preside AMLO, el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, con el propósito de exigir que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa y demandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aprobación de la consulta energética nacional.
Sin embargo, hubo un tercer planteamiento, que ha venido creciendo en los últimos días, en función de la descomposición y degradación nacional que ha exhibido la barbarie de Iguala: la renuncia al cargo de presidente de la República de Enrique Peña Nieto.
Esta demanda ha venido extendiéndose a partir de lo acontecido con los funcionarios responsables de la actuación de la fuerza pública en el municipio de Iguala. El primer nivel de gobierno directamente responsable de la actuación de la Policía Municipal es el propio alcalde, José Luis Abarca, quien ha sido señalado como uno de los autores intelectuales de la desaparición de los jóvenes estudiantes. Abarca, como todos sabemos, se encuentra prófugo y no localizable, con una orden de aprehensión de por medio.
El segundo nivel de gobierno, responsable indirecto de estos hechos, pero con obligaciones solidarias por las omisiones incurridas, es el entonces gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, hoy con licencia.
Falta entonces la sanción al tercer nivel de gobierno, que es el Gobierno Federal. Recordemos que la Federación no puede ni debe eludir su responsabilidad, así sea indirecta, en función de los siguientes indicadores: la policía municipal de Iguala se pagaba en parte con recursos federales; los uniformes, patrullas, radios y armas involucradas en la desaparición, fueron pagadas también con recursos federales; el permiso para la portación de esas armas y patrullas, con las que se perpetró el delito de secuestro y desaparición, también es de carácter federal. Así que la Federación no puede eludir su responsabilidad en este caso, así sea indirecta o en grado de omisión.
Recordemos que en casos graves de violación a los derechos humanos por parte de una autoridad, los delitos no sólo son imprescriptibles, sino también la responsabilidad es intransferible. Hay responsabilidades directas, por comisión (el caso del alcalde) e indirectas por omisión (el caso del gobernador y de la Federación).
Quienes hablan de crimen de Estado o de que “fue el Estado” el responsable de esta barbarie, se basan precisamente en que fueron autoridades del primer escalón de responsabilidad pública, que es el municipio, los que dieron la orden y perpetraron el secuestro y desaparición de los jóvenes normalistas, coludidos con un cartel regional del crimen organizado, “Guerreros Unidos”.
Por eso, en una estructura de gobierno federal, dado su carácter solidario y complementario en el ejercicio de la fuerza pública, los tres órdenes de gobierno están involucrados por actos de comisión directa o de omisión burocrática, en los hechos de Iguala.
Si el alcalde está indiciado y prófugo, si el gobernador está retirado de su encargo, la pregunta que sigue es: ¿quién responderá por estos hechos a nivel federal? ¿O no hay responsabilidad alguna que deslindar?
Para algunos, a la renuncia del gobernador de Guerrero debe seguir la consecuente del Presidente de la República. Esto fue lo que planteó ese domingo Andrés Manuel López Obrador en el evento del zócalo. Pero no lo planteó como salida única. Habló también de que podría seguir al frente Peña Nieto, pero cambiando de política económica y de política públicas. Habló de dos opciones: cambio de política sin cambio de presidente, y cambio de política y de presidente.
Pero la piel y los oídos sensibles de algunos, sólo se quedaron con la segunda, la renuncia de Peña, y al parecer se pusieron muy inquietos y nerviosos… Así tendrán su conciencia.
Sobre las presuntas relaciones de Andrés Manuel López Obrador con José Luis Abarca, y la información que se le entregó en 2012 sobre sus presuntas relaciones con el crimen organizado, habrá que decir algo: la candidatura de Abarca en ese y otros momentos no fueron decisión de AMLO, sino del consejo político estatal y nacional del PRD. Esa es la instancia donde se procesan las candidaturas.
Pero algo más, expedientes de Abarca y su esposa con el crimen organizado los tienen desde hace tiempo el CISEN, la PGR y Gobernación, y ellos sí son autoridades y sí están facultados para proceder legalmente. ¿Por qué no lo hicieron? A quién corresponde proceder en estos casos: ¿a un candidato presidencial o a una autoridad judicial?
El buscar presuntos nexos de AMLO con Abarca, es una cortina de humo para desviar la atención de lo fundamental: lo de Iguala es un crimen de Estado y el Estado mexicano en su conjunto (sus tres órdenes de gobierno) deberán responder en su momento, en cuanto se confirme que fueron masacrados, ante instancias internacionales por este crimen de lesa humanidad. Esto es lo de fondo, lo otro es distracción.
Ojalá se detenga lo más pronto posible a José Luis Abarca y a su esposa, para que digan la verdad sobre sus nexos de protección y complicidad. Es un hecho que no saldrá el nombre de AMLO como cómplice o protector.
Ahora bien, si de generar y repartir sospechas se trata, hay que consultar el Facebook del exalcalde. Allí hay fotos con políticos de todos los niveles y puestos tanto, en el gobierno del Estado como en la Federación. No hay una sola con AMLO, una vez que fue alcalde. A todos ellos habrá que preguntarles también sobre sus relaciones con el exalcalde de Iguala.
Tal parece que el pensamiento de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, es el que rige la nueva embestida oficial contra AMLO: “una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad”.
Twitter: @ricardomonreala
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