Regina, víctima del Estado criminal
MÉXICO, D.F. (apro).- Bajita, delgada y discreta, parecía frágil,
pero era un roble por su voluntad, rigor e integridad personal y
profesional. Regina Martínez –totonaca entera y orgullosa– fue, como
persona y periodista, un emblema de heroísmo.
La conocí hace casi
dos décadas, en 1993, durante una visita que hizo Cuauhtémoc Cárdenas a
Veracruz, como parte de su precampaña presidencial. Era corresponsal de
La Jornada y me la presentaron Alejandro Caballero y Pascal Beltrán del
Río, enviados como yo.
Luego la traté cuando, hace una década,
se inició como corresponsal de Proceso, y en Xalapa me acompañó en la
presentación de mis libros, en el ocaso del gobierno de Miguel Alemán,
cuando tenía ganado prestigio periodístico por su radical compromiso con
el interés público que acreditaba en su trabajo diario en la agencia de
noticias de nuestra revista.
En el noviembre reciente fue la
última vez que charlé brevemente con ella, en medio del bullicio por el
35 aniversario del semanario que nos hizo más compañeros, sobre Veracruz
y la negra noche de terror y desazón que llegó a esa entidad en los
años de gobierno de Fidel Herrera y que se intensificó con su delfín
Javier Duarte, un fascista confeso.
Inescrupuloso y frívolo, el
priista Duarte nunca hizo nada para esclarecer los cuatro asesinatos de
periodistas en los apenas 17 meses de gobierno –Miguel Ángel López
Velasco y su hijo Misael, Yolanda Ordaz y Noel López Holguín–, ni ha
dado garantías para el retorno de otros 13 que salieron del estado por
amenazas de muerte ni ha encontrado uno más desaparecido.
Este
ciclo de impunidad fue el que produjo –más allá del autor o autores
materiales– la muerte de Regina Martínez Pérez, de 49 años de edad, que
ha cimbrado al periodismo independiente en Veracruz y en todo México.
Porque el asesinato de Regina Martínez y los de otros 80 periodistas
desde el año 2000 –nueve al año en el sexenio de Felipe Calderón– sólo
se explica por un Estado criminal, cuya vigencia garantiza una única
certeza: El acoso, la represión y los asesinatos contra periodistas
continuarán en México.
Ausente el Estado de derecho y
consolidadas las complicidades al más alto nivel del poder público, en
los tres niveles y al margen de las identidades partidarias, las
garantías para el ejercicio del periodismo independiente –el
comprometido con la sociedad, no el que se acomoda a los poderes– no
existen más que en la retórica, la misma cada vez que cae un compañero.
Y cada que ocurre el asesinato de un periodista –entre los miles y
miles de homicidios que anualmente ha producido la demencial guerra de
Calderón– es ocasión para reactivar discursos sepultados luego por el
olvido, la indiferencia y la mezquindad, que incluye a los medios
agraviados.
La fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la
República (PGR) no funciona porque está hecha para la simulación, y no
habrá leyes eficaces mientras se carezca de lo estricto: Voluntad
política auténtica.
Y esa no la tienen –nunca la han tenido, ni
siquiera en la retórica– los gobernadores priistas ni Vicente Fox ni
Calderón, tan falsarios como los primeros.
Por eso Julio Scherer
García, Rafael Rodríguez Castañeda y Salvador Corro, fundador, director y
subdirector de Proceso, dejaron constancia ante el gobernador de
Veracruz, y ante la opinión pública, que el asesinato de Regina no es
fortuito, sino “resultado de un país descompuesto, de una situación de
violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la
regla cotidiana”.
“Esta situación la comparte Veracruz con la mayor
parte del país. Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de
acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus
funciones”, puntualizaron, y ante Duarte fue inequívoca la postura:
“Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de
Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del
estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas
horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo
expresó así ante la promesa retórica de que ‘se investigará hasta las
últimas consecuencias’. No les creemos y se los hicimos saber.”
En Proceso no habrá olvido, apuesta del poder criminal, no sólo por la
tristeza y la ira que nos provoca el asesinato de Regina, sino porque la
indignación y la memoria son también motores de nuestra profesión…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
A ver si alguien tiene
el dato de cuántos periodistas hay en México por cada 100 mil habitantes
y si entre los del gremio la tasa de asesinados es equivalente a la que
se abate sobre el conjunto de la población. Tal vez se descubra que el
índice de informadores caídos en esta guerra no es superior al de amas
de casa, estudiantes, carpinteros o dentistas incluidos en cualquiera de
las categorías de cadáver establecidas por el calderonato:
bajas colaterales,
criminales que se matan entre elloso
neutralizados por las fuerzas del orden: a fin de cuentas, esas clasificaciones son tan confiables como la numeralia de un informe presidencial. Simplemente, los periodistas comparten el infortunio de una población condenada por sus autoridades a vivir (y a morir) entre balaceras, secuestros y decapitaciones. Muchos colegas, en el norte del país y en ambas costas, se han visto convertidos en corresponsales de guerra, no por asignación laboral sino por motivo de residencia.
Desde luego, eso no quiere decir que el gremio aspire a una suerte de fuero ni a una protección especial, y ni siquiera a una cobertura privilegiada cada vez que uno de los suyos es asesinado. Ocurre, simplemente, que a los periodistas, como a la inmensa mayoría de la población, no nos gusta que nos maten. De seguro podrá comprenderlo Felipe Calderón, que no se mueve si no es incrustado dentro de un batallón del Ejército.
Podría parecer innecesario y hasta grotesco mencionar, a estas alturas, esta aversión universal. Pero resulta obligado porque lo que queda del calderonato habla con toda naturalidad de los cadáveres que aún falta por producir para concluir una magna obra –no se sabe bien si la de imponer la paz o la de despoblar a México– con pretensiones transexenales. Resulta obligado porque, desde su hamaca, el gobierno de Veracruz ve florecer la muerte y no mueve un dedo salvo para perseguir a un par de tuiteros incómodos y refritear enérgicos comunicados de prensa.
Por supuesto, ambos niveles de gobierno echan la culpa de los
muertos a una delincuencia que muchas veces se incuba y desarrolla en
las propias instituciones. Se sabe que, en estas condiciones, a las
corporacioones policiales y castrenses no les resulta difícil deshacerse
de voces críticas o de activistas por el simple procedimiento de
endosar al clima de violencia sus cuerpos o la ausencia de ellos, porque
no todos aparecen, y por eso se llaman
Este clima es resultado, en el mejor de los casos, de la torpeza de los gobernantes, y en el peor, de su participación furtiva en los negocios de la guerra. Desde luego, el homicidio en Jalapa de la informadora Regina Martínez reclama la identificación, ubicación y presentación del o los asesinos materiales e inmediatos, pero la responsabilidad por su muerte es de los gobernantes que no han querido o no han podido garantizar el derecho de la periodista –y el de muchos miles de mexicanos– a la vida y que no han querido o no han podido cumplir con su obligación constitucional y legal de brindar seguridad a la sociedad. Ésta no debe caer en la trampa de considerar interlocutora a la criminalidad, organizada o desorganizada, sino a las autoridades facultadas para combatirla. En el caso concreto de Regina Martínez esas autoridades se llaman Felipe Calderón y Javier Duarte, su responsabilidad es ineludible y es a ellos a quienes debe dirigirse el reclamo del momento: Ni un periodista muerto más. Ni un muerto más.
desaparecidos.
Este clima es resultado, en el mejor de los casos, de la torpeza de los gobernantes, y en el peor, de su participación furtiva en los negocios de la guerra. Desde luego, el homicidio en Jalapa de la informadora Regina Martínez reclama la identificación, ubicación y presentación del o los asesinos materiales e inmediatos, pero la responsabilidad por su muerte es de los gobernantes que no han querido o no han podido garantizar el derecho de la periodista –y el de muchos miles de mexicanos– a la vida y que no han querido o no han podido cumplir con su obligación constitucional y legal de brindar seguridad a la sociedad. Ésta no debe caer en la trampa de considerar interlocutora a la criminalidad, organizada o desorganizada, sino a las autoridades facultadas para combatirla. En el caso concreto de Regina Martínez esas autoridades se llaman Felipe Calderón y Javier Duarte, su responsabilidad es ineludible y es a ellos a quienes debe dirigirse el reclamo del momento: Ni un periodista muerto más. Ni un muerto más.



