Académicos ven otro México, lejano al de EPN
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Mientras que el Presidente Enrique Peña Nieto entregaba su Tercer Informe de Gobierno en el que resaltó los apoyos de producción dados al campo, una serie de científicos, académicos y campesinos acusaban que la realidad del campo en México es otra, una donde los pequeños productores se han quedado cada vez más desamparados, los agrotóxicos permitidos continúan deteriorando los suelos y el apoyo financiero que pagan los mexicanos con sus impuestos es entregado, principalmente, a las grandes empresas.
El informe de Peña Nieto fue desmenuzado por expertos participantes en el “Encuentro Internacional Economía campesina y Agroecología en América: movimientos sociales, diálogo de saberes y políticas públicas”, que organizó la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa en México a 60 mil productores de granos básicos en 160 empresas comercializadoras, distribuidas en 18 estados del país.
Las autoridades actuales plasmaron en su Tercer Informe de Gobierno que los subsidios dados a través del programa Proagro Productivo, antes Procampo, atienden a 2 millones 300 mil productores. Éste sería el programa más importante por abarcar al 98 por ciento de productores a los cuales el Estado acredita esta clase de apoyos. “Para este propósito se contempla la inversión superior a 13 mil 600 millones de pesos”, citó el informe.
A propósito de este programa el investigador de políticas públicas para el campo, Héctor Robles Berlanga, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer los resultados de un estudio que develó que el 60 por ciento de los créditos de Proagro es asignado al 20 por ciento de los productores de mayor escala.
Por otra parte, en el caso del financiamiento, el 3 por ciento de los grandes productores se lleva más del 80 por ciento de estos apoyos, detalló Robles. De acuerdo con la propia información del Tercer Informe de Gobierno durante el primer semestre de este año “FIRA [Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, que opera con cuatro fideicomisos] y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero [FND] colocaron más de 125 mil 282 millones de pesos en créditos para el sector agropecuario y rural, 24.8 por ciento más que en igual semestre de 2014”.
“Les estamos diciendo a los pequeños que son improductivos, pero les estamos entregando los subsidios a los grandes productores”, explicó durante su intervención ante un foro lleno de asistentes Héctor Robles.
Otro problema en el funcionamiento de los recursos del Estado señalado por los expertos en el Encuentro fue la falta de control que tiene Enrique Peña Nieto sobre los programas, de los que se estima que ascienden hasta a 160 en todo el país.
Es por esta razón que una iniciativa llamada “Valor Campesino” de la Anec, detalló Robles, propone que debido a la poca cantidad de pequeños productores que realmente atiende el Gobierno, se reduzca el destino de Proagro de 2 millones 300 mil personas a 40 mil, que son los que tienen menos de 20 hectáreas. Y que se haga un padrón donde quede claro quiénes son los beneficiarios y una ventanilla única de trámites.
El triunfo de las transnacionales
Jorge Alberto López Chávez es un productor de Sinaloa que ha visto cómo en los últimos tiempos el panorama de producción de maíz en la entidad empezó a alterarse debido a la falta de regulación del Gobierno, que -acusa- está asociada con los intereses de las transnacionales.
“Lo que yo veo es que ha nacido una nueva clase de productores que les estamos llamando minilatifundistas, porque siembran grandes extensiones de tierra, siembran 400 o 500 hectáreas y son los que tienen un esquema de agronegocios con las grandes transnacionales. Esto ha hecho que los pequeños productores en la cuestión de costos de producir se han venido saliendo porque es improductivo. Nadie va sembrar algo que no le dé beneficios”, dijo.
Timonthy Wise, director del programa de investigación y política, del Global Development and Environment Institute, consideró que estos efectos son parte de la política comercial que tiene el Gobierno.
Mientras el Tercer Informe celebra los tratados de libre comercio con Panamá y Turquía, el intercambio exterior de México sigue estando plegado a los Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tiene más de 20 años, expuso el investigador .
“Se ve una presión al sector productivo de granos básicos, una expansión de los sectores de exportación de hortalizas y frutas hacia los Estados Unidos que ha resultado en ingresos para grandes empresas y trabajos de estación [o temporales]”.
Wise sostuvo que el Gobierno mexicano fracasó en el intento de evitar que la mano de obra campesina sea exportada, y que la gente deba buscar trabajo en la ciudad. “Porque las ganancias se las llevan algunas empresas mexicanas, pero más, las empresas americanas. En cambio, los tratados no han creado empleos suficientes a la población joven, ni dinamismo económico, como hemos visto en Brasil, China y otros países”.
Persiste la migración
Los expertos que asistieron al Encuentro de Anec afirmaron que el Gobierno sigue hablando de la atención a los migrantes mexicanos, mientras que las causas que los movilizan a dejar sus lugares de origen no son atendidas.
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