Votará por el candidato más bonito

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El síndrome de adicción a la estupidez

Ramiro Padilla Atondo

Se puede decir que ya es una pandemia. Y no es por elección propia, eso es claro. Nunca las teorías conspirativas han estado más acertadas. Hay un mundo allá afuera tratando de idiotizarnos. Y muchas veces caemos en la trampa.

El diccionario de la lengua española define la estupidez como la torpeza notable para entender las cosas, o estúpido, significa necio, falto de inteligencia.

Estupidizar es un arte, se invierten miles de millones de pesos para ello. Una persona con poco juicio toma decisiones equivocadas. Y el sistema se encarga de que así sea. No se necesita ser muy inteligente para saberlo.

Poner de ejemplo a la televisión ya resulta lugar común, la estupidez, así como el agua tiende a agarrar su cauce sobre todo cuando le dan espacio. Ahora tenemos las redes sociales como ejemplo de la multiplicación de la estupidez. Un gigantesco lavadero donde gente de todas las clases y condiciones sociales refleja una vida que no tiene.

Están las familias felices, que desean a toda costa que el mundo se entere de la absoluta felicidad en la que viven, lo que comen y sobre todo, que los envidien por ser asquerosamente felices.

Están también los revolucionarios de closet que jamás han participado en una marcha, o los derechistas defensores del sistema que acusan de chairo a todo el que no piense como ellos.

Los síntomas son claros. Es el síndrome de adicción a la estupidez. La absoluta necedad de nunca tratar de llegar al fondo de las cosas o contrastar opiniones. El mundo, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio están así porque la culpa la tienen los otros.

La gente estúpida por lo regular aceptará como cierto lo que venga de la tele, publicará necrológicas dándole trato de estadista a “Chespirito” e irá corriendo por la tele que le regala el gobierno con su propio dinero. Votará por el candidato más carita aunque sea uno de los más grandes rateros de la historia.

Pero tenemos que aceptar que es una enfermedad y como tal debemos tratarla. Es una adicción. La gente estúpida en el fondo quiere ser como los actores de las telenovelas, tipos de traje que tienen mucho dinero y se la pasan hablando de sus sentimientos sin nunca hacer nada.

O pueden pensar seriamente en la candidatura de un payaso o un futbolista. También es entendible que la gente estúpida puede vivir en su mundo de fantasía, defendiendo lo indefendible, diciendo que nuestro país es una democracia y que tenemos instituciones funcionales, que nuestro presidente sí se merecía el premio de estadista del año, que el secretario de hacienda es lo mejor que le ha pasado al país, que Carlos Alazraki tiene toda la razón del mundo y que Osorio Chong se equivocó de carrera, que mejor hubiera sido galán de cine.

En realidad, este síndrome se está extendiendo porque ataca precisamente los centros de placer del cerebro. No hay nada como tomarse una selfie diaria, revisar el número de likes y pontificar sobre asuntos que no conoce.

Estudiar e informarse son cosas difíciles, requieren un esfuerzo que no estamos dispuestos a hacer. Mejor mantener el Disneyland state of mind, la vida hedonista, porque aunque el país se caiga a pedazos, nosotros sólo pensamos en la fiesta.

Curarse de este mal sobre todo en nuestro país es extremadamente difícil. Quizá requiera un par de generaciones. El primer tratamiento que se recomienda para al menos mitigar sus efectos es agarrar un libro, informarse por medios alternativos, y sobre todo ser honesto.

Puede haber recaídas, un intenso deseo por ver que está pasando en el “face”, prender la tele para ver a López Dóriga, o en Familia con Chabelo. Tendrá que tener mucha fuerza de voluntad. Si usted puede curarse de este síndrome, sus hijos se lo agradecerán. 

(SINEMBARGO.MX)

Es la mano negra de Chong y EsPurioN

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Respalda AMLO a Marcelo Ebrard

Pretender inmiscuir a Ebrard en el caso de la línea 12 del metro es “la mano negra” de Peña, dijo

MEXICO, D.F., 2 de febrero (SinEmbargo).– El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo esta tarde que Marcelo Ebrard Causabón, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, es víctima de un ataque orquestado por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Enrique Peña Nieto, Presidente de México.

“Es la mano negra de Chong y Peña”, dijo López Obrador. “La experiencia me dice que cuando los medios le dan mucho seguimiento a un tema es porque viene del gobierno de Peña”.

El dos veces candidato presidencia acusó a la prensa de dar cobertura a la Línea 12 y no al avión presidencial o a la “casa blanca” del matrimonio presidencial.

Ebrard Causabón denunció hoy que la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados que lo condena por la Línea 12 del Metro, elaborado por el PRI y aprobado por el mismo partido, es un ataque directo de Los Pinos.

“Lo que se dice en los pasillos y en las reuniones en la Cámara [de Diputados], aunque nadie te lo quiere afirmar, es que es una instrucción superior. O sea, esto viene de Los Pinos. ¿Por qué? La única razón que se ha dado, en versiones periodísticas de diferente tipo, [es] que me vinculan con una investigación periodística respecto a la casa del Presidente. Es una falsedad total”.

En las últimas semanas, se ha hablado de la posible incorporación de Ebrard Causabón a Morena. Sin embargo, el ex Jefe capitalino no lo ha negado ni lo ha confirmado. Ha sostenido reuniones con la dirigencia del que es su partido, el PRD. Se desconoce si está en pláticas con Morena.

En este contexto es que López Obrador habla hoy sobre el tema.

Ayer, diputados federales del PRI, miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el caso de la Línea 12 del Metro, aprobaron entre gritos y protestas un dictamen que acusa directamente a Marcelo Ebrard.

El perredista estuvo en la Cámara de Diputados, pero le negaron el derecho a hablar.

Hoy, Ebrard dijo que los diputados de la comisión lo juzgaron sin respetar su derecho a la defensa y al debido proceso.

No se ve, ni siquiera se avizora progreso

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México, país a la deriva

Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Dispendio y salarios: resguardados
Recortes generadores de desempleo
Postran a PEMEX, CFE y Sagarpa
Cuesta abajo, Cruz Roja en México
Inaceptables despilfarros: católicos
AP descubre la heroína guerrerense

“En política, la coherencia ofende”.- Jorge Saldaña

Las advertencias sobre panoramas económicos mucho más difíciles que los que se registraban en meses anteriores fueron muchas y se lanzaron de manera reiterada. Igual sucedió cuando, al analizar el rumbo que en ese rubro llevaba el país, se dijo que no habría Tren Transpeninsular y se pusieron en duda las obras anunciadas con bombo y platillos por el gobierno federal. Y es que no se requiere ser adivino ni un gran especialista para deducir que es lo que podía invertirse dentro de un país que no logra salir de la recesión, que tiene índices brutales de desempleo y que, aún ofertando patrimonios no logra atraer las tan ansiadas inversiones merced a la incapacidad para garantizar seguridad en el terreno policíaco y ahora ya ni siquiera seguridad de estabilidad social. De ahí que el recorte presupuestal merezca ser ampliamente discutido donde debe aprobarse: en la Cámara de Diputados

No se antoja que sea casual que a Pemex sea al que se le recortan muchos más millones que al resto de dependencias y secretarías. Resulta todo un contrasentido que a la empresa que según su reforma se plantea debe competir con los gigantes del mundo, se le escatimen recursos para lograr su modernización. Le sigue Comunicaciones y Transportes, oficinas desde las cuales pueden generarse por miles los empleos. Ocurre algo similar a los de PEMEX en la CFE y con ello queda demostrado que tampoco tendrán más recursos para convertirla en esa empresa de calidad mundial que tanto han publicitado, por lo que habrá que esperar que sigan los abusos en los cobros por el uso de energía, sobre todo a los usuarios domésticos. El total a recortar suma 124 mil 300 millones de pesos, de los cuales las dependencias mencionadas alcanzan los 83 mil millones de pesos, es decir en ellas se recargan sin hacer el menor análisis de cuáles serán las funestas consecuencias.

Con las necesidades que existen de contar con producción propia, de poner en marcha programas en el campo que eviten migraciones a las zonas urbanas, que impidan que sigan convirtiéndose comunidades enteras en pueblos fantasma, que eviten que sigan estas vergonzosas importaciones teniendo, como se tienen, millones de hectáreas que pueden y deben ser explotadas, le recortarán a Sagarpa 7 mil 188 millones de pesos. Esta es otra de las secretarías que puede generar empleo masivo, que también podría acelerar el mercado interno y el consumo con tan sólo poner algunas reglas en marcha para la adquisición de productos nacionales a los grandes intermediarios y a las cadenas comerciales. Si llegamos a la Educación, este recorte se siente asfixiante porque con limitaciones en todos los órdenes y sin los controles debidos están cancelando el futuro de varias generaciones y, por ende, una recuperación del país en el mediano plazo.

Se dijo una y otra vez que el gobierno federal no estaba recaudando lo suficiente para enfrentar el gasto público billonario que tiene y, por ende, tampoco existían los fondos que respaldaran sus tan cacareados proyectos entre los cuales, habrá que hacer notar, también se cancelará el nuevo aeropuerto. Dicen que para evitar aumentar la deuda es que tomaron esta medida de recortar pero, ¿cuáles y qué tantos beneficios arrojará esta decisión? En ningún momento se dijo, ni se señala, que no habrá más pago de celulares, que se cancelarán bonos, que se verán reducidos los sueldos de los altos funcionarios. Menos aún hablaron de la limitación en viajes, en gastos de representación, en las rentas de inmuebles, en los fondos que se envían a las embajadas para sus gastos. No mencionaron una sola palabra que advirtiera solidaridad de los servidores públicos frente a situaciones tan difíciles como la actual. Ningún rubro que advierta dispendio fue señalado. Eso sí, las cancelaciones de proyectos estuvieron a la orden del día y ahora, como hemos visto que se conduce la burocracia actual, la rapiña se verá multiplicada.

Auténticos e inservibles elefantes blancos como lo es la Secretaría de la Función Pública, sólo verá disminuido su presupuesto en 20 millones, cifra que podrían quitársela a cualquier presidente municipal sin que viera afectado radicalmente su patrimonio; en cambio a Conacyt, le recortan 900 millones y no es difícil de imaginar que, si a quienes se encuentran en la máxima jerarquía de poder no les gusta ni siquiera leer, ya lo que tenga como objetivo el avance científico y tecnológico, les interesa un rábano con todo lo que ello implica frente a ese mundo globalizado del que tanto hablan y discursean. ¿Qué hace la Secretaría de Economía que ya ni siquiera regula los precios de los productos básicos?

Pues a esa dependencia que no logra despertar mayores intereses de inversión ni dentro ni fuera del país, solo le quitan 500 millones, igual que a Relaciones Exteriores, donde se mantiene como jeques árabes a los embajadores y cónsules, ya que sus séquitos son numerosos y las áreas en donde habitan lujosas. Estas dependencias, que no se ha visto que arrojen un solo beneficio para el país, mantienen un presupuesto altísimo y su operación nada tiene que ver, por ejemplo, con la de la PGR que en estos momentos es vital para impedir que llegue a mayores la indignación popular hasta convertirse en la presencia real del México bronco que durante las últimas décadas ha ido preparando su aparición.

Como es de suponerse, frente a los millones y millones de pesos que gastan en la Presidencia sólo se quitaron 158 milloncitos, lo que le pagan por 5 días de promoción publicitaria al binomio televisivo. Blindaron al presidente en este recorte, se le permite que siga gastando en viajes, en lujos, en compras, en adquisiciones de todo tipo en tanto se paraliza aún más la economía nacional. Frente a estas medidas que hablan de que todo aquello que se calificó como mentiras, de cortinas mediáticas, de falsa propaganda, tenía peso específico y que la verdad salió a flote más rápido de lo que ellos mismos esperaban. Si pensaron en algún momento que utilizar el anuncio: “el gobierno se aprieta el cinturón”, tendría bienvenida para que pudieran enfrentar con éxito este año electoral, parece que de nuevo se equivocaron. Ellos nada se “apretaron” y las consecuencias, de nueva cuenta, las viviremos los ciudadanos.

Y en eso de ser un gobierno de mentirosos ya existe un reconocimiento en el extranjero. La mejor prueba es la exigencia de China para que les expliquen ahora por qué cancelaron el proyecto del Tren México-Querétaro, y si les hablan de los recortes, seguramente que los ojos se les cerrarán por completo de la risa al ingresar a las páginas de los poderes Judicial y Legislativo, y enterarse de los sueldos que ahí se pagan y si recurre a investigar las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia o de los integrantes de los diferentes Institutos y tribunales electorales, pueden perder la vida en un ataque de hilaridad.

¿Cuál recorte? Se preguntarán y las exigencias ya no sólo de explicaciones sino de liquidación de los gastos hechos para un proyecto rodeado de mentiras y acciones “chuecas” no tardarán en presentarse. ¿Cuánto van a dar a los diputados por mantenerse callados y aceptar el recorte sin ninguna intervención?

Ni rumbo ni brújula

Cuando se suponía que el PRI, al recuperar el poder presidencial y contar con la mayoría de las gubernaturas, tenía ya trazado un proyecto de país diferente, en el que se pudieran superar muchos de los errores del pasado, nos enfrentamos a un partido que tenía como objetivo único obedecer a quien habita Los Pinos y nada más, sin discusiones, sin contar con hombres y mujeres de pensamientos y estudios profundos para aportar soluciones en las diferentes áreas que se encuentran en graves conflictos. Han dejado a un solo hombre las decisiones y con ello suponen que el poder y lo que han hecho es hundirlo y hundirse. No se ve, ni siquiera se avizora progreso; el cinismo de la clase política es lo único que va en aumento y sólo se ve empatado con lo que se registra en el terreno de la seguridad.

No funcionó el relato truculento de Karam

¡¡Exijamos lo Imposible!!
La Jornada
Confluencia necesaria

Pedro Miguel

Por medio del procurador Murillo Karam el gobierno de Peña Nieto lleva cuatro meses tratando de circunscribir a Iguala (y a Cocula, si acaso) los asesinatos y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa perpetrados el 26 de septiembre del año pasado. Sin embargo, el caso ha llegado hasta Ginebra, donde sesiona el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Hasta allá han llegado algunos de los padres de los 43 muchachos desaparecidos para aportar su testimonio y su exigencia de justicia, acompañados por los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y por Amnistía Internacional. Es el más reciente capítulo en la internacionalización del episodio de Iguala, pero no el primero. A unos días de la agresión la justificada desconfianza ante los organismos nacionales de procuración de justicia había llevado a los familiares de los afectados a pedir la intervención en las pesquisas del equipo argentino de médicos forenses y, posteriormente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El correlato social a estos movimientos institucionales es el vasto conjunto de movilizaciones solidarias que ha recorrido el mundo, desde Bolivia hasta Japón, en repudio al gobierno mexicano y en demanda de presentación con vida de los desaparecidos.

El relato truculento ideado por Murillo Karam (estudiantes detenidos por la policía municipal de Iguala, entregados a los pistoleros de Guerreros Unidos, ejecutados e incinernados en el basurero de Cocula y arrojados al río cercano, ya convertidos en cenizas) no funcionó por la simple razón de que una operación semejante no puede realizarse sin el auxilio de complicidades, connivencias y encubrimientos de alto nivel, estatales y federales, que son precisamente los factores que el régimen ha pretendido negar a toda costa. Ante el fallo ineludible de esa coartada central, el resto de la simulación oficial se viene abajo: ni las lágrimas de cocodrilo ni los propósitos de compromiso con la legalidad pueden aportar credibilidad a un gobierno de antecedentes represivos y corruptos y que, por razones ideológicas y pragmáticas, ve como enemigos naturales a la educación pública, a la población campesina y también, por supuesto, a la síntesis perfecta de ambas: las normales rurales.

Por ello, el peñato tiene de antemano perdida la batalla por la credibilidad en el ámbito internacional. Por si no bastara, está el tema de las propiedades inmobiliarias y el cinismo de Peña en los medios mainstream occidentales, precisamente en esos en cuyas cuentas corrientes se depositó tanto dinero robado a los contribuyentes mexicanos para fabricar la imagen de una presidencia moderna, reformadora, dinámica y poderosa.

Adentro del país los presupuestos corruptores pueden funcionar tal vez para comprar 10 millones de votos con otros tantos televisores regalados a cuenta del erario, tanto para beneficio electoral del PRI como para dar nuevos márgenes comerciales a los alicaídos componentes del duopolio televisivo que le dio a Peña un empaque de político viable. Pero el régimen ha perdido su tradicional capacidad para aplacar con dinero los movimientos de protesta y hay un sector de la oposición electoral real que tampoco se dejará comprar.

Si ese sector, ubicado en Morena, es capaz de retomar las reivindicaciones centrales de quienes ya no creen en elecciones, de radicalizar su plataforma política y de demostrar en las campañas y en los hechos que no forma parte de la clase política corrupta y repudiada, será posible llevar al régimen a una situación insostenible en el ámbito interno, que es a fin de cuentas el terreno decisivo, y de alejar el riesgo de que el peñato se aferre al clavo ardiente de una represión masiva y generalizada. Ojalá sea posible construir la confluencia necesaria.

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Olviden Ayotzinapa pinche bola de tercos

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Superándolo-Hernández

La Jornada

Ya no confiamos en el gobierno mexicano

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Severo cuestionamiento

Durante el primer día de la comparecencia del Gobierno mexicano ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra, Suiza, quedó claro que ese delito de lesa humanidad que en el país se comete en contra de decenas de miles de personas, se encuentra en medio de la desinformación e impunidad

* Los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle explicaron que si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra

* Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, exigieron que no se cierre la investigación de ese caso

GINEBRA, Suiza, 2 de febrero (EFE / APRO / AFP / EL UNIVERSAL).- México no logró hoy colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que reiteradamente le cuestionó respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país.

México compareció hoy ante el Comité que, regularmente, examina en Ginebra a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Una y otra vez, los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales u oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país.

Y, de éstas, cuántas eran mexicanos, cuántas emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres.

Los relatores explicaron que, si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra.

Todas estas cuestiones quedaron en el aire, dado que la delegación se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus funciones al estar relacionados con en este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió.

El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11,309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.

Pero no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito.
Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18,000 personas hasta el 31 de octubre del 2014, “el 69 por ciento”.

Cuestionada la delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta. Con respecto al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), los relatores no hicieron especial hincapié, pues dejaron claro que, si bien este es un caso muy emblemático, la revisión en el Comité no es el foro adecuado para tratarlo y ejemplo de un problema que, lamentablemente, es mayor.

No obstante, el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron tras una orden de las autoridades de Iguala y a manos del cártel Guerreros Unidos, estuvo presente.

El primero en referirse al caso fue el propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan Manuel Gómez Robledo, quien pidió un minuto de silencio para ellos.

En la sala estaban dos padres de los 43 estudiantes, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, quienes escucharon las explicaciones dadas en distintas ocasiones por los 27 miembros de la delegación mexicana.

El escepticismo de Legideño y Abraján quedó en evidencia en varias ocasiones en la que sus cabezas se movían en un gesto de negación al escuchar algunas explicaciones.

En un encuentro posterior con la prensa, Legideño denunció la inacción del Gobierno mexicano y los engaños de las autoridades.

“Hay inconsistencias en las investigaciones, se está tapando al Gobierno porque fueron policías los que se llevaron a nuestros hijos, ¿por qué no se les investiga?”, se preguntó.

Legideño agregó que, durante las intervenciones de los representantes del Gobierno mexicano, les escuchó hablar de apoyo a los familiares de desaparecidos, pero dijo que “eso es falso”.

“Hoy decidimos venir aquí para que nos apoyen a que se haga Justicia y que se acabe este tormento”, indicó, por su parte Bernabé.

Huhle hizo referencia al hecho de que durante la búsqueda de los 43 estudiantes se han encontrado fosas comunes con más de 40 cuerpos, lo que le dio pie a reiterar cuestiones sobre la “guerra sucia” de los años 70 y 80.

Otro de los temas más recurrentes, durante las diferentes rondas de preguntas y respuestas, fue el de la protección a los familiares de las personas desaparecidas o de los testigos de algunos casos, “dado que queremos evitar la revictimización”, especificó Hazan.

También estuvo entre los asuntos más reiterados la reforma constitucional que permitirá que haya una sola legislación en la Federación mexicana sobre las desapariciones forzadas, dado que, hasta la fecha, cada estado tiene su propia legislación y algunos ni tan siquiera incluyen ese delito.

Al presentar hoy un informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, admitió que la tragedia de Iguala representó un caso de “desaparición forzada” –es decir, crimen en que estuvieron implicados agentes del Estado mexicano—, pero urgió al comité a “ir más allá de la crítica” al poner en contexto la situación de los derechos humanos en México.

“Vale la pena recordar de dónde venimos y, sin triunfalismos, apreciar lo que la sociedad y las instituciones públicas en México hemos avanzado a lo largo de poco más de tres décadas”, declaró el embajador en Ginebra, Suiza, al urgir a “cualquier organización internacional de derechos humanos” a privilegiar el diálogo y “evitar incurrir sólo en la descalificación”.

En tono defensivo, culminó su discurso al llamar al comité a “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención (para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada)”.

ONGs mexicanas piden reabrir caso de los 43

Organizaciones de defensa de los derechos humanos entregaron el lunes en Ginebra al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU una petición para que exhorte al gobierno de México a reabrir el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fue archivado la semana pasada por el Fiscal Jesús Murillo Karam a partir de la identificación de una de las víctimas y del testimonio de cuatro de los autores.

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Escribir la historia de luchas verdaderas

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La Jornada
Una nueva historia

John M. Ackerman

Dicen que la historia la escriben los vencedores, y México no es la excepción. Desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1946, nuestra historia ha sido definida por un grupo de funcionarios públicos e intelectuales orgánicos cuyo único interés ha sido aumentar su poder y riqueza personales.

La inaceptable soberbia demostrada por Jesús Murillo Karam el martes pasado al declarar su hipótesis sobre la masacre de Iguala como la "verdad histórica" condensa la lógica de poder autoritario que ha predominado en el país desde hace 69 años. Afortunadamente, una nueva historia ya empieza a escribirse.

Una de las funciones principales del PRI desde su fundación ha sido poner la historia nacional de cabeza.

El presidente Lázaro Cárdenas del Río fundó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con la finalidad de dar fuerza política a las conquistas sociales de la Revolución Mexicana.Aquel instituto político nació el 30 de marzo de 1938, apenas dos semanas después de la histórica expropiación petrolera encaminada a modernizar el país.

Ocho años después, el remplazo de la palabra "mexicana" por "institucional" y la transformación de "revolución" en "revolucionario" simbolizarían la traición histórica del proyecto social originario de la Constitución de 1917.

Desde el sexenio del primer presidente priísta, Miguel Alemán Valdés, hasta la fecha, el régimen ha buscado remplazar la gran historia mexicana de luchas y conquistas desde abajo con una nueva historia "institucional", donde los verdaderos constructores de la patria serían los burócratas "ilustrados" de arriba.

Hoy, los gobernantes repiten la misma fórmula al desconocer a los padres de familia como interlocutores e imponer su versión de los hechos del 26 de septiembre. El "Todos somos Ayotzinapa" de Enrique Peña Nieto y la "verdad histórica" de Murillo Karam no son más que dos ejemplos contemporáneos de la continuidad de siete décadas de hipocresía, suplantación y simulación institucionalizadas.

Afortunadamente, la sociedad hoy cuenta con armas que no tenía en el pasado. Por ejemplo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dice claramente que está prohibido obstaculizar el acceso a documentos públicos "cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad".

La inclusión de esta importante cláusula se logró en 2002 gracias a la activa participación de organizaciones de la sociedad civil en la redacción de la nueva ley y fue diseñada específicamente con la intención de evitar la opacidad y los eventuales carpetazos de casos como la guerra sucia de los años de 1970 y masacres 

posteriores.

Recientemente, dos organizaciones de la sociedad civil –Fundación para la Justicia y Artículo 19– lograron obligar al Ifai y la PGR a divulgar importantes documentos sobre la complicidad oficial con la masacre de docenas de migrantes en San Fernando, Tamaulipas de 2010. En general, la apertura de documentos públicos por motivos de derechos humanos se ha vuelto más fácil desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

No existe duda alguna de que el caso de Ayotzinapa constituya una "violación grave de derechos humanos". Les guste o no a los nuevos dictadores de la "verdad histórica", tarde o temprano todos tendremos acceso a las 386 declaraciones, dos reconstrucciones de hechos, 16 cateos, 39 confesiones, 87 peritajes y 153 inspecciones ministeriales, 85 tomos y 13 anexos que las autoridades dicen tener.

Y es importante señalar que quienes ya han visto una parte importante de este material, como Anabel Hernández y Steve Fisher, de la Universidad de Berkeley, han llegado a conclusiones radicalmente distintas a las del cansado procurador.

Pero sólo un activista muy ingenuo apostaría exclusivamente a la vía legal para llegar al fondo del crimen de Estado de Iguala.

Si bien la eventual revisión ciudadana de los 85 tomos será sumamente útil para echar abajo las mentiras oficiales, sólo la acción ciudadana permitirá descubrir la real verdad histórica, así como establecer condiciones para evitar que vuelva a ocurrir una masacre similar.

Por ello son motivo de gran esperanza dos importantes iniciativas de articulación social que se lanzarán este jueves 5 de febrero en el 98 aniversario de nuestra Constitución revolucionaria.

En la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos se instalará una Convención Nacional Popular con el objetivo de "darle rumbo al movimiento nacional" que ha surgido alrededor de la causa de Ayotzinapa. Y en el CUC (Centro Universitario Cultural), en Ciudad Universitaria, se presentará el proyecto de un nuevo Constituyente Ciudadano y Popular, cuya finalidad será edificar la unidad para poner en marcha la Refundación Nacional.

Ambas iniciativas construyen sobre la importante experiencia del Congreso Popular que tuvo lugar el pasado 5 de febrero en el Movimiento a la Revolución (véase).

Con iniciativas de largo aliento como éstas, complementadas con acciones directas, como las encabezadas por los policías comunitarios y los maestros en Guerrero, el pueblo mexicano ya empieza a darle la vuelta a las mentiras oficiales y escribir su propia historia de luchas verdaderas.

johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

Con 'pruebas científicas y verdad histórica'

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La Jornada
Peña Nieto, atrapado y sin salida

Carlos Fazio

Enrique Peña Nieto ha quedado atrapado. Atrapado, entrampado y sin salida. Por más esfuerzos que han hecho él y su gabinete de seguridad por superarla crisis de Estado provocada por los crímenes de lesa humanidad de Iguala, no han podido. Al ex gobernador mexiquense le quedó grande la presidencia de la República. Y el tan publicitado "momento mexicano" se le fue al carajo: el país está empantanado. La credibilidad del régimen, con su estela de corrupción, intercambios de favores, opacidades y escándalos varios, está por el piso y se ha multiplicado la indignación popular. Nadie le cree al gobierno. Y lo peor es que Peña "no entiende que no entiende", y tal vez por eso está tan cansado el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Murillo, por cierto, político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, ha recurrido a todas las argucias, supercherías y malas artes del pasado −tratándose de una "tragedia" (Peña Nieto dixit) que combina la aplicación de la tortura, la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de seis personas más−, y echado mano de los propagandistas de Estado en los medios para tratar de dar carpetazo al caso. Vamos, hasta fabricó una "verdad jurídica" con "pruebas científicas", y una "verdad histórica".

En realidad, Murillo y el policía Tomás Zerón fueron construyendo y perfeccionando el caso poco a poco, casi sin salirse del guión inicial.

En una gran maniobra de simulación judicial y jurídica, desde un comienzo actuaron con base en una sola y exclusiva hipótesis destinada a tratar de exculpar al Estado mexicano de la comisión de crímenes contra la humanidad, misma que remite a un grupo de la economía criminal (identificado como Guerreros Unidos) como presunto perpetrador de los hechos delictivos de Iguala.

Con tozudez autoritaria, ambos funcionarios se negaron a abrir otras líneas de investigación, en particular, pese a numerosos indicios, la que involucra a otros actores claves que integran la cadena de mando de la estructura de seguridad del Estado a nivel federal, y que en el estado de Guerrero incluye territorialmente al Ejército (en particular al 27 batallón de infantería), la Marina, la Policía Federal, la inteligencia militar y civil (Cisen), las Brigadas de Operaciones Mixtas (BOM) y a agentes de la PGR y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, que monitorearon lo ocurrido en tiempo real.

Centrados en ese único objetivo: exonerar al Estado mexicano de toda responsabilidad, los sabuesos del procurador, la Marina y el Ejército capturaron, apremiaron, torturaron y confesaron "culpables", encontraron el "móvil", un “modus operandi” y hasta una "lógica causal". Incluso confeccionaron un video con la narrativa a cargo de un locutor profesional y apuntadores para obtener y grabar algunas declaraciones autoinculpatorias. Maquiavélicos los tipos. Y no se trata, como señalan los panegiristas del régimen, de un problema de "incredulidad" frente a la versión oficial.

Además, decir que el caso Iguala es "atípico", como afirmó Zerón, exhibe un cinismo contumaz y supino. Ese cinismo que permea al gobierno de Peña Nieto y a las clases política y empresarial, aludido por The Economist.

Según argumentó el equipo de abogados que asesora a los padres de los 43 desaparecidos, del montaje mediático teledirigido por el dúo Murillo/Zerón no se puede concluir que exista plena certeza jurídica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Además de que existen dudas científicas sobre la versión de la PGR, es bien conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y coaccionar y chantajear detenidos, y hasta los tribunales de justicia internacionales saben que la tortura es una herramienta sistemática y endémica en México, como empieza a supurar del caso Iguala

Tal vez debido al cansancio provocado por la confección de la trama mediática, al fabulador Murillo se le escapó aclarar su teoría sobre el cruento homicidio de Julio César Mondragón, encontrado desollado (ergo, torturado) por soldados del 27 batallón.

Con respecto a la fórmula oficial de que a los 43 "los confundieron, los secuestraron, los mataron, los incineraron y los tiraron al río", sólo hay certeza de la muerte de Alexander Mora, pero no existe certeza jurídica ni prueba técnica sobre la muerte de los otros 42 (no hay prueba genética del ADN, por lo que no está acreditado el cuerpo del delito de manera científica) ni sobre el lugar donde eso pudo haber ocurrido; las cenizas de Alexander pudieron haber sido sembradas en el río San Juan.

Tampoco se puede cerrar el caso ni decretar una "verdad histórica", porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército a partir de los indicios que existen en el expediente, y que apuntan a una complicidad y protección de la delincuencia organizada, por mandos castrenses del 27 batallón desde 2013. A propósito, ¿qué pasó con las declaraciones de los 36 militares que formaron parte de las indagatorias, según Tomás Zerón?

Resultan truculentos, también, los malabares del procurador para acreditar y limitar el delito de desaparición forzada de personas, la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos de Iguala. Normalmente, en la desaparición forzada existe una cadena de mando en la que se ven involucrados varios sujetos perpetradores. En ese caso la responsabilidad penal recae en quien sigue órdenes, pero también en el o los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado la conducta delictiva, o bien, conociéndola, no la impidieron. Lo que conlleva una responsabilidad, por acción u omisión, de los mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal la noche de los hechos, o a una total negligencia también sancionable.

En conclusión, existen muchos cabos sueltos y lo único cierto es el interés deliberado y la intención política de cerrar el caso y garantizar la impunidad de los eslabones superiores de la cadena criminal que esa noche operó en Iguala.

Vaya para negligencia del EsPurioN

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Por Esto!
¿Y los cambios?

Jorge Zepeda Patterson

Por lo visto los secretarios de estado de Enrique Peña Nieto tendrían que asesinar a alguien para ser despedidos. Y quizá ni así. En dos años algunos de ellos han cometido una sarta de errores e ineficiencias tales que deberían haber sido enviados a su casa hace rato. Y no obstante, se aferran a sus puestos con la desesperación de un náufrago en alta mar a su balsa medio inflada.

Pero la sobrevivencia de Rosario Robles en Sedesol, Murillo Karam en la PGR o Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (por mencionar algunos y por no comenzar con Luis Videgaray en Hacienda para no hacer eterna a esta columna), tiene que ver menos con sus habilidades para enmascarar sus limitaciones y mucho más con la negligencia de Peña Nieto.

En otra ocasión me he referido a la incapacidad que exhibe el gobierno para darse cuenta de sus errores. En Los Pinos viven convencidos de que las críticas que reciben son una expresión de los resentidos sociales que se aferran al México viejo y anacrónico; ese que según ellos se resiste a las reformas modernizadoras impulsadas por el soberano bienintencionado aunque incomprendido. A sus ojos los pobres niveles de aprobación de Peña Nieto (los más bajos en las últimas décadas) no reflejan un mal gobierno sino la mala imagen que resulta de las campañas insidiosas de envidiosos y de las agendas perversas de todos aquellos que resultarán afectados por las reformas.

Siendo así, ninguna crítica es legitima; todas son espurias y responden a intereses perversos. ¿Por qué entonces cambiar a la secretaria de la Sedesol, cuestionada una y otra vez en la opinión pública por el uso político y clientelar de los recursos destinados a paliar la pobreza? ¿Por qué sustituir al ministro a quien se le hicieron engrudo las licitaciones de trenes y carreteras aún cuando el escándalo llegó hasta China? ¿Qué razón tendría el Presidente para pedirle al procurador cansado que se vaya a curar su fatiga a una hamaca de su jardín? El Jefe de la Nación está convencido que el desamor que reciben sus ministros es resultado, como en el caso de los dentistas, del tratamiento correcto pero molesto que recetan a un paciente ingrato.

O quizá el Presidente sabe de la ineficacia de los ministros pero se impone en él su espíritu de cuerpo. La lealtad es más importante que la eficacia; nuestra fortaleza es la unión; ninguno de los nuestros es abandonado en el campo de batalla. De ser esta la razón que explica la longevidad de algunos secretarios ineficaces habría algo de admirable en la dispensa presidencial que los arropa. Una especie de solidaridad de grupo entre priistas.

Pero me temo que el motivo se encuentra en otro lado. Peña Nieto no hace cambios en el gabinete no por lealtad con sus ministros sino por amor a sí mismo. Le parece que remover a una de las piezas de su gobierno equivale a aceptar un error de origen. Prefiere cargar con el lastre que significa operar con una pieza desgastada o inadecuada, que aceptar que hubo un equívoco en la elección de los integrantes de su equipo. Me recuerda a Miguel Mejía Barón, el entrenador de la selección en el Mundial de Estados Unidos, quien prefirió ver descalificado a México en tiempos extras que introducir algún cambio en la alineación pese al cansancio de sus fatigados jugadores.

El Presidente asume que antes que con México su compromiso es consigo mismo. Sabe que despedir a un miembro de su gabinete significa aceptar que una rama de su gobierno no estaba haciendo bien las cosas. Y eso equivale a meter dudas en la imagen inmaculada que tiene de sí mismo.

Nadie la ha dicho al Presidente que los secretarios de estado son como los fusibles: útiles para llevar la sobrecarga y ser reemplazados cuando están fundidos. Hay jugadores de primer tiempo y jugadores para el segundo tiempo. Y peor aún, hay jugadores que no dieron el ancho. Alguien le tendría que decir a Peña Nieto que ningún ex entrenador de la selección ha tenido peor destino personal y profesional que Mejía Barón, el que se resistía a hacer los cambios. 

(SINEMBARGO.MX)

Inician la revisión del informe de México

¡¡Exijamos lo Imposible!!
La Jornada

ONG piden en Ginebra no cerrar aún el caso Ayotzinapa
Por Afp y Notimex
Ginebra. Organizaciones de defensa de los derechos humanos entregaron este lunes en Ginebra al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU una petición para que exhorte al gobierno de México a no cerrar aún el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Con una reunión privada entre expertos del comité de Naciones Unidas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil dio inicio la revisión del informe de México que se extenderá hasta el día de mañana.

En la reunión además de miembros de la sociedad civil estaban presentes algunos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes desaparecidos, afirmaron que el estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país.

El caso “muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, dice el documento de las ONG entregado al Comité de la ONU.

El documento solicita “un fuerte pronunciamiento para condenar las desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.

“Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso” y “la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”, dice la petición.

“Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones” intervino en el caso, agrega.

En las acusaciones solo figuran los delitos de secuestro y crimen organizado, y no el de desaparición forzada, subrayaron estos organismos.

Además deploraron que la fiscalía mexicana haya cerrado el caso sin que sus conclusiones sean avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, de renombre internacional, y que tampoco esperara conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano competente de la OEA, requerido por el gobierno de México y la sociedad civil.

El gobierno mexicano reconoce retos

En la sesión, el gobierno de México reconoció retos que debe superar en la materia y pidió un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos.

“México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, dijo el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

“Nuestra presencia hoy ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención”, subrayó.

Gómez Robledo observó que esta sustentación “ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”.

De las 27 personas que integran la delegación destaca la asistencia de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.

Reunido en Ginebra, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas evaluará la situación de México en esta materia siendo la primera vez que el Comité considere el caso mexicano.

México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del Comité.

Compuesto por diez expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades, el Comité monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Cabe destacar que uno de los miembros del Comité es el mexicano Santiago Corcuera. Sin embargo, por cuestiones de reglamentos no podrá participar en la sesión debido a que por ser mexicano, solamente podrá intervenir como observador por ser nacional del país sometido a evaluación.