Álvaro Cepeda Neri |
Protegido primero de Santiago Creel, Fernando ocupó varios cargos en el sexenio de Vicente Fox: el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, la construcción de la fallida Biblioteca de México José Vasconcelos y candidato a presidente municipal de Monterrey (asesorado por su hermano priísta Jaime ), y ahora enlistado como candidato a diputado federal para con el resto de los corderistas y la hermana de Felipe (María Luisa), reunir a senadores y diputados bajo el mando del fallido precandidato presidencial Ernesto Cordero, quien con Alejandro Poiré y Gerardo Cajigas, han ido enganchándose a las nóminas de la burocracia.
El arquitecto (no de su propio destino político y quien debería ser candidato a presentarse en un tribunal penal) Fernando Larrazábal Bretón, de familia oaxaqueña y donde su hermano Jaime Arturo está ingresado a la administración del desgobernador Gabino Cué, fue apadrinado por Calderón, por el aparente presidente del PAN, Gustavo Madero, y por Cordero para, a pesar de las protestas panistas de Nuevo León, ser aspirante a una curul federal. Sin la propuesta de Calderón el presidente municipal de la capital de Nuevo León (donde la criminalidad ha sentado sus reales y hacen del desgobernador Rodrigo Medina un inservible), nunca hubiera aparecido; todo porque Cordero quiere pagarle a Larrazábal su lealtad en la precampaña donde los calderonistas no pudieron tumbar a Vázquez Mota.
Calderón quiere seguir teniendo poder cuando se vaya (si se va y no sigue poniendo las condiciones para cancelar las elecciones e imponer un golpe de Estado con un militar y dice que le gusta Mariano Francisco Saynez) y por eso ha maniobrado al designar a los candidatos al Congreso federal. Esto porque Calderón teme que perredistas y priístas le quieran fincar responsabilidades por la vía del juicio político y que las comisiones de derechos humanos (la Nacional y estatales) emitan recomendaciones sobre su “guerra” que ha cosechado casi 60 mil homicidios. Y que haya acusaciones por desvíos de dinero público.
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