¡¡Exijamos lo Imposible!!Incapacidad
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, compareció ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República, donde a pesar del decálogo que dio, no pudo refutar las acusaciones del gobierno estadounidense sobre la complicidad entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado en la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, en 2010 / Sin embargo, luego de darse a conocer el asesinato del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Chong aseguró que no se puede proteger a cada uno de los alcaldes amenazados por el narcotráfico
MEXICO, D.F., 8 de noviembre (LILIA ARELLANO / ESTADO DE LOS ESTADOS).- Al comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue incapaz de refutar las acusaciones del gobierno estadounidense en el sentido de que las autoridades mexicanas minimizan los crímenes del narcotráfico, que opera con total impunidad, y eluden la responsabilidad que tienen en el esclarecimiento y resolución de los mismos. El funcionario no fue capaz de rebatir los señalamientos de que el gobierno mexicano –particularmente a partir de la gestión de Felipe Calderón- oculta información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos, y encubre la complicidad de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado, además de llevar en total secrecía los juicios contra delincuentes detenidos.
Frente a los senadores, que le hicieron ver al funcionario federal que la estrategia federal de la gestión de Enrique Peña Nieto es sólo discursiva y no aterriza en la realidad, y que Estados como Michoacán o Tamaulipas lo pueden atestiguar sin duda, Osorio Chong se aferró al guión de que la estrategia de seguridad del gobierno federal “es una política de Estado y no sólo de Gobierno, que tiene como objetivos reducir la violencia, combatir los delitos y construir un México en paz”, los cuales por supuesto no han sido alcanzados como puede observarse todos los días al revisar las páginas de nota roja de cualquier diario de circulación nacional, estatales o locales, que dan cuenta, día a día, de la permanencia e intensidad de la ola de violencia que se resiente en el territorio nacional a casi un año de haber iniciado la nueva gestión priísta, y que desmienten las declaraciones de ese funcionario en el sentido de que la política criminal se enfoca en devolver la seguridad a las personas, a las familias, y a fortalecer instituciones.
El hidalguense centró su intervención ante los integrantes de las comisiones unidas en describir un decálogo de puntos que, dijo, conforman la política de seguridad y justicia del Gobierno federal, que en el papel, que lo aguanta todo, se ve muy lindo, pero que no corresponde a la realidad del país: como primer punto mencionó la prevención, que no se ve por ningún lado; el segundo es la profesionalización y certificación de políticas, que presentan fallas monumentales; y tercero la justicia eficaz –también totalmente ausente en los tribunales- y el cambio del sistema penitenciario.
Osorio señaló como cuarto punto el fomento de la participación ciudadana, cuando prevalece una total desconfianza hacia los órganos de administración y procuración de justicia por parte los ciudadanos, lo que se refleja en la reducción de las estadísticas de denuncias por diversos delitos; el quinto es la cooperación internacional e interinstitucional, cuando en este renglón prevalece la subordinación a los dictados y peticiones de autoridades estadounidenses; el sexto es la regionalización y el fortalecimiento en el uso de inteligencia, sin que se tenga claro cómo se ha llevado a cabo, si es que se realiza, ya que la mayoría de detenciones son a través de “pitazos” o denuncias anónimas.
El séptimo punto que señaló se refiere a la reestructuración de las evaluaciones de control de confianza hechas a policías y a servidores públicos, a fin de adaptarse al cargo y Entidad en la que trabajan, cuando visto está que siguen presentado fallas garrafales, al grado que se han visto involucrados en escandalosos delitos que presuntamente eran responsables de combatir, como el secuestro, por sólo mencionar uno. Además, el funcionario admitió que existe un 23 por ciento de rezago en materia de evaluación y certificación de los cuerpos policíacos a nivel estatal y municipal y dijo que este atraso obedece al “tipo de evaluaciones que se practican y la rotación de personas, en forma específica a nivel municipal”.
Cómo octavo punto, el responsable de la política interna del país señaló la inteligencia, al referir que cada sede de las cinco regiones del país contará con un centro de esta naturaleza que reciba y comparta información con corporaciones locales, estatales y federales, pero no dio ningún detalle en torno a si estas sedes serían coordinados por agencias estadounidenses, o si se corre el riesgo de que se pusieran al servicio de los propios cárteles del narcotráfico. Como noveno punto, Osorio Chong celebró la construcción de cuatro centros de reinserción social, sin aclarar si son públicos o privados, dado el proceso de privatización del sistema penitenciario que inició con el gobierno de Felipe Calderón, el cual ha sido sumamente cuestionado y, en este punto nos detendremos más adelante. Por último, como décima esfera destacó la implementación del sistema acusatorio y adversarial, el cual ya opera en 16 entidades: en 3 de manera total y en 13 parcial.
Otro punto en el que centró su intervención el ex gobernador de Hidalgo giró en torno a que el gobierno federal “ha honrado su palabra” al no mezclar la política con temas de seguridad, cuando lo que se ha hecho es la implementación de una estrategia mediática para que las noticias sobre la inseguridad, las ejecuciones, las operaciones del narcotráfico, y actividades ilícitas altamente rentables como el secuestro, los “levantamientos” y la extorsión a comerciantes y empresarios no se publique o no se presenten en las primeras planas o en los arranques de los noticieros de radio y televisión nacional, regionales y estatales. El ocultar los cadáveres debajo del colchón no quiere decir que los homicidios no ocurrieron ni mucho menos que no hay asesinatos.
Osorio Chong presumió la estrategia implementada por Felipe Calderón misma que fracasó rotundamente, al señalar que en Michoacán -cuna de este naufragio- a pesar de que en mayo pasado “entramos y el grado de descomposición era muy grave, la federación ya ha recuperado espacios arrebatándole el control a la delincuencia organizada y cortando de tajo la desarticulación interna, apoyando a las autoridades estatales y sobre todo, contando con la participación de la sociedad civil”. Dijo que en el caso de la entidad que gobierna Fausto Vallejo, se han redireccionado recursos para el adiestramiento y la capacitación de los cuerpos de seguridad.
El secretario de Gobernación, responsable de la política interna del país, dejo sin respuesta las imputaciones al gobierno federal, del que forma parte importante, en el sentido de que se oculta información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos, y al hecho de que, aunque no se publicita, el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres; tampoco dio respuesta a las acusaciones en el sentido de que las autoridades mexicanas eluden su responsabilidad en la persecución de los crímenes cometidos por los narcotraficantes; tampoco hizo ninguna referencia al hecho de que los procesos judiciales contra los delincuentes detenidos se llevan a cabo en absoluto secreto. Ni una palabra dijo en torno a la acusación del gobierno estadounidense que atribuye “a la corrupción generalizada” la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes y detener la violencia de los cárteles.
Osorio no desmintió que los narcotraficantes operan con total libertad en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, ni se refirió a sus actividades de obstrucción de caminos, asalto y control de pueblos enteros, sus batallas contra soldados y fuerzas federales que están en sus territorios. El abandono de las autoridades mexicanas es tal que el “impuesto” que cobra el crimen se ha generalizado en las ciudades más peligrosas. Ocho de cada diez empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsiones, lo que ha provocado el cierre de decenas de miles de negocios.
CARCELES PRIVADAS: NEGOCIO REDONDO
El sistema penitenciario nacional con una población de más de 236 mil reclusos es un importante “nicho de negocios” del que ya comenzaron a sacar jugosas ganancias destacados empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, así como las familias Hank Rhon y Quintana. La privatización de las cárceles que inició con el gobierno de Felipe Calderón es un lucrativo negocio ilegal que se les esta otorgando de manera confidencial a unos cuantos empresarios ligados al poder político federal. Esta privatización violenta la Constitución, los tratados internacionales que en la materia ha firmado México, así como otras legislaciones federales y estatales.
Tal y como se ha comprobado en muchos países, la privatización no resuelve los problemas sino todo lo contrario, los agravan; contra lo que sostienen funcionarios de la administración peñanietista, las cárceles privadas suelen ser más violentas que las públicas; la rehabilitación no se cumple, se violan los derechos humanos, aumentan los suicidios y el tráfico interno de estupefacientes sigue dándose.
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