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Corrupción e impunidad: ¿Hasta cuándo?
Un ex Gobernador en Tabasco –por poner el ejemplo reciente de muchos otros impunes– deja las arcas públicas prácticamente en quiebra; su familia y su primer círculo de colaboradores se enriquecen al punto de que nadie sabe cuánto dinero tienen, y encima presumen con todo descaro de la fortuna amasada con el dinero de los ciudadanos.
Un obrero al que apenas le alcanza para cubrir las necesidades básicas de su familia toma el liderazgo del sindicato petrolero y pasa más de 20 años en el cargo. Se convierte además –por poner el ejemplo de muchos otros líderes sindicales impunes–, en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los que más denuncias tiene ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desviación de recursos, peculado, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e incluso por homicidio.
Un ex Presidente de México –por poner el ejemplo de otros impunes– habla disparates a diestra y siniestra y, ahora, presume que si se legalizan las drogas invertirá en la producción y venta de mariguana, sin tener el menor respeto por los cientos de miles de muertos, desaparecidos, huérfanos y desplazados que el combate contra el narcotráfico le ha costado a México.
Un funcionario público de alto nivel en la seguridad nacional en México –por poner el ejemplo de tantos otros en descrédito– negocia políticamente con el titular de la Procuraduría General de la República para impedir que su hija demande al nieto del Procurador, luego de que éste la golpeara brutalmente, impidiéndole hacer justicia, ejercer sus derechos como mujer y defender su dignidad.
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) jubilado –por poner el ejemplo de muchos otros jueces corruptos– se vale de sus contactos para encarcelar a su ex pareja, madre de dos de sus hijos, y someterla a vejaciones. Un grupo de padres cargan desde hace cuatro años el dolor de haber perdido a sus hijos en un incendio en una guardería que, claramente y se ha documentado, operaba entre irregularidades, negligencia y al amparo de políticos poderosos, pero no se les hace caso. Su dolor –por poner el ejemplo de miles de padres de familia en México– se vuelve más profundo en la medida que las autoridades ignoran por completo sus peticiones de justicia.
Ninguno de estos casos, una pequeña muestra de la corrupción e impunidad que impera en el país, ha merecido que se ejerza la ley en tiempo y forma. ¿Qué está pasando en el país y qué ocurre con las autoridades? ¿Por qué si hay tantas pruebas y denuncias no actúan? México sufre su peor crisis en la aplicación de la ley, y los funcionarios públicos son los principales actores y promotores de actos de corrupción.
La degradación moral de los políticos en el país es imparable y el actual gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, está siendo rebasado por esta lepra. Hace ya más de 31 años, el 10 de diciembre de 1982, el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, planteó los fundamentos de la Renovación Moral, con los que se propuso la Reforma a los Artículos 108 al 114; 22, 73, 74, 78, 94, 97, 127 y 134 constitucionales. Esas normas establecen puntos que el servidor público debe cumplir con la sociedad, para que sus obligaciones no se disuelvan y para que el comportamiento honrado prevalezca. En teoría, sentaba las bases para que la sociedad recurriera al Derecho y no se viera forzada a quebrantarlo para obtener del gobierno lo que en justicia le corresponde, y para que los recursos económicos nacionales aumentaran el bienestar del pueblo.
Sin embargo, tres décadas después nada de eso se ha logrado porque los servidores públicos, comenzando por los de más alto nivel, se pasan por el arco del triunfo sus responsabilidades constitucionales y quebrantan con una mano en la cintura el sistema jurídico. ¿Qué tiene que pasar para que estos abusos se detengan? Mientras la inmoralidad de los funcionarios siga sin ser castigada con todo el peso de la ley, el servicio público seguirá siendo un botín inagotable.
El riesgo es que la sociedad está cansada y el gobierno de Peña Nieto debe aplicarse con urgencia en salvaguardar la legalidad… antes de que esta mecha, encendida ya, haga fuego.
(SIN EMBARGO.MX)
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