Mantienen “Iniciativa Mérida”
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.- Albert Einstein
Durante su campaña proselitista el año pasado, Enrique Peña Nieto prometió que al asumir el poder modificaría la estrategia contra el narcotráfico, es decir, la guerra de baja intensidad iniciada por Felipe Calderón al firmar con George Bush el Plan México o “Iniciativa Mérida” y cuya aplicación provocó oficialmente 67 mil muertos a lo largo del sexenio del panista o 150 mil, según otras fuentes más fidedignas. A lo largo del primer cuatrimestre de su gestión, el mandatario priísta ha mantenido la misma estrategia seguida por su antecesor, con lo que se obtuvieron los mismos resultados: muerte y violencia, reflejados en más de 4 mil 500 homicidios vinculados al crimen organizado desde que inició esta administración.
Y no sólo eso. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que firmó el miércoles en Washington, con la secretaria de Seguridad Interna de EU, Jane Napolitano, una nueva etapa de la “Iniciativa Mérida”, para destinar ahora mayores recursos a la prevención y la justicia. En palabras sencillas, frente al problema de los cárteles de droga y el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto no implementará cambios significativos en la estrategia seguida a lo largo del sexenio anterior, por lo que mantendrá la guerra de baja intensidad que se combate en territorio mexicano al servicio de los intereses de los Estados Unidos, obsesionados no en terminar con el narcotráfico sino en que la administración de las actividades de éste se mantengan bajo su control, lo que facilita proveer de drogas a su creciente población adicta, más de 30 millones, a lo largo y ancho de ese país, y que las ganancias que genera esta ilícita actividad, al menos 300 mil millones de dólares al año, se “laven” y se queden en su sistema financiero porque se han convertido en un importante pilar de su economía.
Así la “Iniciativa Mérida”, es decir el tratado internacional entre Estados Unidos y México, impuesto a Felipe Calderón por George Bush en 2008, pasará a su siguiente etapa, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2013 de los Estados Unidos, operada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI y la DEA, y ejecutada parcialmente por las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
No importa, en absoluto, que la estrategia seguida permita también criminalizar la lucha social y de sindicatos de trabajadores. Tampoco es relevante que la “Iniciativa Mérida” agudice la guerra de baja intensidad en el país o que se aproveche para reforzar la contrainsurgencia en diversas regiones del territorio nacional. Tampoco es relevante que se mantengan e incluso, incrementen los abusos a los derechos humanos, por parte de las fuerzas policíacas y militares. Nada de eso importa frente al negocio y las ganancias que deja el narcotráfico en los Estados Unidos.
Osorio Chong difundió, este jueves, que “firmamos una nueva carátula de la Iniciativa Mérida, que hasta la fecha ha presupuestado unos mil 600 millones de dólares, en una reunión el miércoles con la Secretaría de Seguridad Interna estadounidense, Janet Napolitano”. Y añadió: “Estamos planteando el que pueda ocuparse parte de estos recursos para la prevención, que no estaba considerada”, y también para aplicar el nuevo marco de justicia penal “que estamos implementando” en el país. El funcionario informó que la semana entrante, se instalará una mesa binacional que permitirá coordinar los nuevos proyectos “rápidamente” y que también servirá para agilizar la entrega de los recursos de la Iniciativa Mérida que aún siguen represados.
El político hidalguense defendió los “avances” en materia de seguridad desde que asumió en diciembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto, al señalar que en lo que va del año han disminuido los homicidios en un 17 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año 2012. “No vengo a decir que esto está resuelto, quiero dejarlo muy claro, quiero decir que estamos haciendo lo que nos corresponde para que pueda suceder”, aclaró. Sin embargo, hasta esos datos son cuestionados. Según Javier Hernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las reducciones de homicidios en México, no son producto de la nueva estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto, sino de los acomodos y acuerdos de los grupos criminales.
Explica que en algunas regiones, la consolidación de un grupo del crimen organizado, es decir, su hegemonía entre otros grupos que se disputan la plaza, lleva al cese de la conflictividad, y eso explica también la reducción de muertes violentas. Argumenta “alegrarse porque se redujo la cantidad de muertes en una localidad y puede llevarnos al efecto perverso de no darnos cuenta de que ahí, tal vez, el mayor riesgo (sigue presente): el control, sin disputa, de una organización criminal, con todo el potencial de sustituir la voluntad ciudadana y de las autoridades”.
Además, la percepción de un menor número de delitos tiene que ver también con la difusión que se da en los medios de comunicación a los sucesos violentos y lo que se ha visto, hasta ahora, es que hay una reducción en la cobertura de éstos, derivada de la estrategia del gobierno federal en la materia, por un lado, y por el otro como medida de autoprotección de los propios representantes de dichos medios. Para Hernández, el “camino de salida” a la situación de violencia en México pasa por la toma de decisiones al más alto nivel, para el retiro del Ejército y de la Marina de tareas de seguridad pública, o de la puesta en marcha de la anunciada Gendarmería Nacional.
La posición de subordinación, asumida por el responsable de la política interna de México, les cayó a las autoridades estadounidenses como anillo al dedo para llevar a cabo el replanteamiento de la “Iniciativa Mérida” diseñado en el Departamento de Estado, quien subraya que los mil 600 millones de dólares invertidos en dicho plan han sido utilizados, desde 2008, en la compra de equipo y capacitación de elementos de seguridad, en proporcionar tecnología, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura y la seguridad fronteriza, por lo que futuros esfuerzos bilaterales “deben enfocarse en fortalecer las instituciones mexicanas, expandir continuamente los programas a los estados y municipios, y progresar más para adquirir metas compartidas”.
Tras el acuerdo alcanzado por México y Estados Unidos, durante la visita de Osorio Chong a Estados Unidos, se espera que los 234 millones de dólares solicitados por el Gobierno de Barack Obama al Congreso para financiar la “Iniciativa Mérida” este 2013, finalmente fluyan para los programas tendientes a reducir la violencia y el número de homicidios en el país. Al gobierno estadounidense y a legisladores en el Senado y la Cámara de Representantes les inquieta que Peña Nieto se enfoque en reducir la violencia, y ponga menos atención al asunto del tráfico de drogas y a la captura de capos.
Al término de una reunión con altos funcionarios responsables de seguridad en Estados Unidos, entre los que se encontraban el Procurador de EU, Eric Holder; Michelle Leonhart, de la DEA; Robert Muller, del FBI, y Todd Jones, de ATF, Osorio Chonge admitió que la coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos resulta fundamental para el combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera. El funcionario confirmó que “los mecanismos de coordinación entre ambas naciones de mantienen vigentes y funcionando, por lo que deben traer beneficios tangibles para nuestras naciones”.
Osorio Chong hizo, en Washington, algo que no ha podido o querido hacer en nuestro país: explicar en qué consiste la nueva estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, durante las reuniones que sostuvo con funcionarios de la administración de Barack Obama. El funcionario expuso que para reducir la violencia en México, se tiene una estrategia que incluye una adecuada planeación, programas de prevención social, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación entre autoridades, un nuevo modelo de justicia penal y la evaluación y retroalimentación de la estrategia de seguridad.
Por lo anterior, sostuvo que resulta imperativo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en materia de seguridad, esté enfocada hacia el intercambio de información y experiencias a través de la cooperación y la confianza. Ahora bien, parte de lo acordado y expresado corresponde al área de la Procuraduría General de la República, es más, el antecedente de operaciones conjuntas y la Iniciativa Mérida eran acuerdos en los que intervenía el responsable directo de las acciones, ¿Qué está pasando entre dos importantes miembros del gabinete que uno de ellos no está presente? Es una simple preguntita.
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